En medio de la discusión sobre si el país debe volver a implementar una política de construcción de embalses, resulta necesario precisar qué se ha hecho en la materia y sugerir líneas de acción.
La autoridad anunció en 2019 un extenso plan de 26 grandes embalses -con una capacidad entre 25 y 500 millones de m3-, financiados por el Estado, el que se redujo solamente a cuatro. Esta iniciativa no tuvo éxito principalmente porque el cambio climático parecía ir reduciendo la disponibilidad hídrica, lo que ponía en cuestión que dichos embalses se pudieran llenar y por el agotador trámite para su construcción que toma entre 12 a 20 años. A esto se suma la dificultad de financiamiento.
Los privados, en cambio, durante este periodo de sequía han construido muchos pequeños embalses -de menos de dos millones de metros cúbicos- bajo financiamiento propio y con un trámite y autorización que permite emplazarlos en un periodo de alrededor de tres años.
Hoy casi no se construyen embalses de capacidades entre 2 y 25 millones de m3, a pesar de las ventajas que tienen en cuanto a identificar lugares de emplazamiento, grupos de interesados, una menor cantidad de afectados, territorios limitados, financiamiento, menores problemas ambientales e interferencias con obras existentes. Se trata de obras construidas fuera de los cauces de los ríos para evitar las crecidas destructivas como las que ocurrieron este año.
Hay otras consideraciones. Para solucionar el problema de la escasez hídrica en el valle central, es recomendable utilizar la regulación en embalses subterráneos y superficiales. Ambas soluciones son complementarias. Los acuíferos han adquirido mayor importancia en el tiempo: el agua bombeada ha salvado situaciones de crisis de la demanda. Sin embargo, para su utilización plena se requiere más información para determinar los volúmenes extraíbles en relación con las aguas superficiales que provienen de la misma fuente. Sin esta información no se pueden hacer predicciones en los modelos, por sofisticados que estos sean.
Respecto a otras fuentes requeridas, el tratamiento de aguas servidas es de interés, suponiendo que los costos son pagados por los usuarios del agua potable y que las inversiones para su habilitación son compensados por beneficios ambientales.
También hay que señalar que resulta necesaria la participación de las juntas de vigilancia en estos procesos, las que tienen la facultad legal de construir obras y además la experiencia para definir lo que se necesita. Tal como han planteado los expertos, es imposible que los profesionales de las instituciones, a pesar de una excelente preparación, puedan dar soluciones acertadas a los problemas de escasez sin la colaboración de quienes la sufren.
Aunque se puede mejorar la institucionalidad vigente, es posible en este caso operar con la actual.
El programa “Chile irrigation” del Banco Mundial permitió entre 1995 y 2005 la construcción de 50 obras de riego. Fue clave una donación japonesa para financiar 20 proyectos bajo el concepto “sin proyectos no hay obras”.
Luis Jorquera
Asesor del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI).
Miembro del Consejo de la Sociedad Civil CNR
