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Ex alcalde de San Fernando continúa en prisión preventiva y reprograman audiencia para posible cierre de la investigación

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Luis Berwart está imputado por el Ministerio Público como autor de los delitos de fraude al fisco y falsificación de instrumento público.
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Este miércoles se realizó en la comuna de San Fernando la audiencia de revisión de las medidas cautelares que afectan al ex alcalde de la comuna de San Fernando Luis Berwart, quien actualmente se encuentra en prisión preventiva. Esta investigación superó los 2 años, plazo otorgado por el tribunal, por lo que se determinó que el próximo 28 de diciembre se llevará a cabo una nueva audiencia para determinar si esta causa es cerrada de forma definitiva.

La audiencia de este miércoles se basó en analizar la posible vulneración de garantías cautelares en el denominado caso Cormusaf. Durante la audiencia, los abogados  defensores indicaron que esta responsabilidad es del Ministerio Público, mientras que Fiscalía adujo que los abogados defensores no han solicitado diligencias que permitan favorecer a quienes representan. Tras ello es que el juez determinó reprogramar la audiencia para el 28 de diciembre para analizar el posible cierre de la investigación.

El ex alcalde permanece en prisión preventiva desde diciembre del año 2021 imputado por el Ministerio Público como autor de los delitos de fraude al fisco y falsificación de instrumento público. En este tiempo en dos ocasiones su defensa ha solicitado el cambio de cautelares, sin embargo La Corte de Apelaciones  consideró que es un peligro para la seguridad de la sociedad, ya que existen factores fácticos y normativos que configuran la necesidad de cautela de la prisión preventiva, en particular, por cuanto se encuentra formalizado por el delito de fraude al fisco, sumado que además el Servicio de Impuestos Internos se querelló en su contra, completando así los 2 años privado de libertad.

La Fiscalía de Alta Complejidad investiga delitos que se cometieron mediante diversas acciones, como la creación de sociedades utilitarias para fines delictivos (empresas fantasmas), utilización de sociedades reales que no prestaron los servicios pagados y, otras como el cobro de dineros por funcionarios activos de la Corporación. Según la fiscalía  el monto defraudado sería cercano a los 4 mil millones de pesos.

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