Fotos: Marco Lara.
La región de O’Higgins ha experimentado recientemente eventos de violencia extrema, incluyendo el asesinato de dos agricultores en Malloa, el macabro hallazgo de un cadáver en el puente Coinco y el secuestro de un trabajador rancagüino con exigencia de rescate. Estos sucesos han generado una creciente sensación de inseguridad entre la población, exacerbada por la participación de delincuentes extranjeros.
Ante esta escalada delictual, diversos sectores de la sociedad han instado al gobierno a actuar con celeridad, implementar medidas más rigurosas y cerrar la frontera para frenar la influencia de los delincuentes extranjeros. La situación ha llevado a un llamado urgente a fortalecer la coordinación interinstitucional y a adoptar medidas específicas para desarticular a las bandas criminales, debilitar su poder financiero y combatir el tráfico de armas, narcotráfico, lavado de activos, contrabando, trata de personas, tráfico ilegal de migrantes y cibercrimen.
En una reunión llevada a cabo este martes en el salón O’Higgins, el delegado presidencial Fabio López lideró el Consejo Regional contra el Crimen Organizado, donde participa Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Servicio Nacional de Aduanas, Gendarmería, DIRECTEMAR, Dirección General de Movilización Nacional, el Ministerio Público, Gobierno Regional, Dirección General de Aeronáutica Civil, Servicio de Impuestos Internos (SII), CONAF, Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y Registro Civil e identificación.
“Pudimos abordar la contingencia. De hecho, uno de los acuerdos fue colocar dentro de las priorizaciones los delitos contingentes que estamos viviendo en la región”, destacó López.
Así mismo, aclaró que este tipo de instancias, “permite compartir información vital para poder primero, prevenir el delito, e ir desbaratando estas bandas criminales que están operando en nuestro país”.
Además, recalcó que “para nadie es un misterio lo que ha ocurrido, particularmente con el doble crimen en Malloa”, y que ante las críticas que se generan por la aparente inacción del aparataje estatal por estos casos, sentenció que “el Estado tiene una capacidad que tiene que ser perfeccionada, el crimen organizado es crimen organizado y, por lo tanto, nosotros tenemos que cumplir con una serie de requisitos y controles que el mismo Estado tiene. La capacidad está, la organización tiene que darse y por eso es importante que nuestros representantes en el Congreso Nacional puedan recoger, apuntaron muchas cosas que se van a llevar, para ver desde el parlamento agilizar una serie de procesos que hacen que el Estado sea más lento”.
Por su parte, el fiscal Carlos Fuentes Rebolledo, manifestó tras la cita “la criminalidad ha ido cambiando en el país y en la región, yo diría que a contar del último trimestre del 2023 y principios de 2024 ha estado bastante violento, con la detección de crimen organizado y es por eso que la mesa sirve, se hablaron varios temas que están en las estructuras de los servicios públicos que a veces relentizan, pero están los acuerdo para superarlos”, y que, “estamos con la criminalidad encima. Cuando nos impacta en la región, sí pensamos que no estábamos preparados. Hoy contamos con equipos al menos en la fiscalía especializados de homicidios y crimen organizado y el prefecto de la Policía de Investigaciones se comprometió con equipos nuevos multidisciplinarios y lo cumplió”.
