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Allanan instalaciones de Servicio Local de Educación Pública, SLEP Colchagua

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Se investiga el posible delito de malversación de caudales públicos, investigación que está en etapa preliminar, sin personas detenidas,  recabando antecedentes que puedan servir como medios de prueba para aclarar los delitos, incautando computadores, celulares, correos electrónicos y, documentación relativa a los hechos investigados. 
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Este jueves, el fiscal jefe de Alta Complejidad  de O’Higgins, Carlos Fuentes, dio a conocer que llegaron junto a la Policía de Investigaciones hasta las instalaciones del Servicio Local de Educación Pública, SLEP Colchagua,  ya que se lleva  a cabo una investigación entre PDI y Fiscalía de Alta Complejidad Regional por denuncias de funcionarios e informes de Controlaría sobre posibles irregularidades en el manejo de los dineros.

El persecutor añadió que dentro de las diligencias se solicitó una orden de entrada, registro e incautación al Juzgado de Garantía de San Fernando, la cual fue otorgada por los antecedentes que ya se tenían en la investigación, procediendo a la ejecución de estas incautaciones,

Carlos Fuentes adujo que este procedimiento tiene relación con reportajes que se han dado a conocer a nivel nacional, con denuncias e informes de Contraloría, antecedentes que la investigación ya tenía, configurándose el posible delito de malversación de caudales públicos, investigación que está en etapa preliminar, sin personas detenidas,  recabando antecedentes que puedan servir como medios de prueba para aclarar los delitos, En la oportunidad se incautaron computadores, celulares, correos electrónicos y, documentación relativa a los hechos investigados. 

Según lo que dio a conocer el medio de comunicación, CIPER, SLEP de Colchagua habría desviado  $2.253 millones para financiar indemnizaciones por despidos ilegales. En correos y antecedentes presentados de tutelas laborales, abogados de la Unidad Jurídica y otros funcionarios del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Colchagua acusan que -sin informarles- la dirección de ese servicio desvió recursos para pagar más de $2.253 millones en indemnizaciones por despidos de docentes, los que fueron declarados ilegales por Contraloría. El ente fiscalizador ordenó recontratarlos.

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