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Derogación de la Pena de Muerte en Chile: Mayo del 2002

Benjamín Escobedo (Teólogo e Investigador de Historia)

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En Chile la pena de muerte es una constante de conjeturas políticas, morales y sociales, donde, el precepto jurídico tiene claramente establecida una norma que, sin embargo, a momentos es cuestionada por una parte de la ciudadanía. Los motivos son diversos, entre ellos, el aumento de homicidios, una deliberada situación delictual y la débil justicia que se arrastra hace años en el país. Tal vez, estamos en presencia de un diálogo velado, de una conversación pendiente, de una relectura necesaria y olvidada en torno a lo establecido en mayo del año 2002, en otras palabras, un nuevo análisis sobre la Derogación de Pena de Muerte en Chile.

Primero, a pesar de que el 5 de junio del año 2000 se publicó la Ley N°19.734, la cual derogaba la pena de muerte como sanción en gran parte de la legislación nacional, y la reemplazó por el presidio perpetuo calificado, de no menos de 40 años, no fue hasta el 24 de mayo del 2002, al aprobarse la Ley N°19.804, que dicho castigo estuvo completamente abolido del sistema jurídico ordinario del país. Recordemos que la pena de muerte, pena capital o ejecución es el mayor castigo de un Estado hacia un ciudadano. Su historia se remonta a la Edad Antigua, en Israel, Roma, Babilonia, Persia y Grecia. En la actualidad se aplica a más de 30 países, como USA,  Japón, Medio Oriente, entre otros tantos. Además, fue durante el gobierno de Ricardo Lagos que dicha práctica cesó, aunque ya había dejado de ser efectuada hace más de una década en el territorio nacional. Por otra parte, en una entrevista al Diario La Tercera Hugo Alvarez Cárcamo, abogado senior de Alvarez y Cía., explica que la pena de muerte en Chile se derogó, ya que por “muy grave que sea el delito que cometa un determinado individuo, la privación total de la vida no puede estar en manos de otros hombres, con este principio se modificó la pena de muerte por la de presidio perpetuo calificado”. Sin duda, la problemática alude avances importantes en materia de cuidado y preservación de los Derechos Humanos, pero, encarna una nueva realidad social durante la segunda década del presente siglo XXI.

Segundo, en los años 90, la medida contemplada ya no era avalada por la ciudadanía, tampoco de las autoridades, por tanto, se empieza a tramitar su anulación. Cabe señalar que fue en el año 1999 que se realizó el Primer Trámite Constitucional en el Senado, y en el año 2002, se promulga definitivamente la Ley 19.734, que elimina la pena de muerte en Chile, en el Gobierno de Ricardo Lagos Escobar, aunque, entre paréntesis, tiene un importante arrastre en materia de gestión, trabajo y discusión durante el año 2001. Finalmente, la llamada pena de muerte fue reemplazada por presidio perpetuo calificado, cuyo rudimento contempla 40 años de privación de libertad efectiva para un individuo propiamente tal. Ahora bien, las preguntas que surgen tras todo esto son múltiples, por ejemplo: ¿Qué tan vigente están estos elementos jurídicos en el debate público? ¿Es justificable volver a reestablecer la pena de muerte en algunos casos que experimenta nuestro país? ¿Cómo hacer dialogar a la moral religiosa con la ética legal para efectos de condena humana? ¿Será que la religión es la principal oposición para restablecer esta práctica en la sociedad nacional? ¿Cómo delimitar un juicio moral si hablamos de efecto legal? Probablemente, Chile continua siendo un país conservador en materias de índole moral, aunque soslaya en sesgo valórico respecto de una discusión claramente abierta, donde las categorías de justicia, libertad y condena, deben ser vistas a la luz de la filosofía política, no solo bajo una lupa de moral yuxtapuesta.

Benjamín Escobedo Araneda

Miembro de la Sociedad de Historia de la Iglesia en Chile

Doctorando en Historia, Universidad San Sebastián

Lic. Historia

Lic. Teología

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