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El Eterno Laberinto de la Centralización en Chile

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Chile es un país que arrastra un problema tan antiguo como inmutable: la centralización del poder político. A lo largo de décadas, múltiples voces intelectuales y políticas han diagnosticado con precisión esta enfermedad, y sucesivos gobiernos han prometido remedios que nunca llegan a materializarse. La reciente propuesta del actual Gobierno, en el contexto de la discusión de la ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública, vuelve a encender el debate sobre este eterno tema.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, ha esbozado una idea que busca otorgar “superpoderes” a los delegados presidenciales regionales, como una forma de compensar las facultades que el nuevo ministerio de Seguridad les quitará. Esta medida ha sido criticada desde diversos sectores, no solo porque va en contra de la tendencia internacional que asocia el desarrollo con la descentralización, sino porque contraviene una promesa explícita del presidente Boric, quien durante su campaña se comprometió a eliminar la figura del delegado presidencial y transferir esas facultades a los gobernadores regionales, elegidos democráticamente por la ciudadanía. Tampoco es que esta sea la solución, el crear pequeños reyes sin contrapesos reales no sería adecuado, el traspaso de poderes debiese ser tanto al gobernador como al gobierno regional considerando a los Consejeros como un necesario contrapeso.

La centralización en Chile no es una mera cuestión de distribución administrativa del poder. Es un sistema que, en su madurez, ha consolidado grupos de interés que bloquean cualquier intento de reforma destinada a descentralizar. Este fenómeno ha sido una constante a lo largo de los últimos 40 años, con gobernantes que, una vez en el poder, sucumben a la tentación de ejercerlo de manera centralizada, a pesar de sus promesas de campaña.

La evidencia internacional es clara: los países que han logrado un desarrollo más equilibrado y sostenible son aquellos que han avanzado en la descentralización territorial. Sin embargo, en Chile, las promesas de autonomía regional y descentralización han sido, en su mayoría, retórica vacía. Tras 50 años de promesas incumplidas, el país sigue siendo uno de los más centralizados de América Latina y del mundo, según la OCDE.

La propuesta de otorgar “superpoderes” a los delegados presidenciales regionales es un claro ejemplo de cómo el pragmatismo político puede justificar cambios de opinión y enfoques que, en última instancia, perpetúan la centralización. Si bien el contexto puede requerir ajustes y nuevas estrategias, estos no deberían servir de excusa para abandonar compromisos programáticos tan fundamentales como el de fortalecer la democracia regional.

La descentralización no es una panacea, pero sí es un paso crucial hacia un Chile más equitativo y justo. Romper con la matriz centralizadora es una tarea monumental, llena de desafíos y resistencias, pero es una necesidad ineludible. La historia nos ha mostrado que las promesas incumplidas solo cosechan desengaños y perpetúan un sistema que ya no resiste más.

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Es hora de que el Gobierno y los actores políticos asuman un compromiso real con la descentralización. No se trata solo de transferir competencias y recursos a las regiones, sino de creer y apostar por un modelo de desarrollo que valore y potencie las capacidades locales. Solo así podremos avanzar hacia un país más equilibrado, donde el poder no se concentre en el centro, sino que se distribuya de manera justa y equitativa en todo el territorio nacional.

En esta encrucijada, es fundamental que la ciudadanía también juegue un rol activo, exigiendo el cumplimiento de las promesas y participando en la construcción de un futuro más descentralizado. Solo así podremos romper con este eterno laberinto y avanzar hacia un Chile verdaderamente democrático y descentralizado.

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