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La fiesta democrática de las regiones

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Por Natalia Slachevsky, investigadora principal

Rimisp – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural

En octubre de este año tenemos nuevamente elecciones. Nos corresponderá elegir a los representantes de nuestros gobiernos subnacionales: alcaldes(as), concejales/as, gobernadores/as y consejeros/as regionales. Sin embargo, el debate político parece concentrarse en el gobierno municipal, quedando en segundo plano la elección de gobernadores y gobernadoras.

Por la importancia que tienen los Gobiernos Regionales (GOREs), cuya misión es impulsar y liderar el desarrollo territorial, es de suma relevancia reforzar este poder político en las regiones, más todavía, en un país altamente centralizado, donde la mayor parte de las decisiones se toman desde Santiago y de manera bastante homogénea, sin mucha pertinencia territorial.

Estamos aún en un proceso de transición, de adecuación del modelo para que los GOREs electos democráticamente estén habilitados normativa e institucionalmente para conducir y liderar estratégicamente el desarrollo regional. Sin embargo, en tanto nuevos representantes de lo territorial, gobernadores/as hoy asumen un rol político, y tienen un deber estratégico de planificar el desarrollo de sus regiones. No disponen aún de todas las herramientas, y pareciera haber confusión y traslape de funciones con otras figuras institucionales, en especial con la del delegado presidencial regional. Las adecuaciones institucionales y culturales son lentas, toman tiempo, por lo que requieren de un impulso permanente y de voluntad política, así como se hace necesario informar y divulgar la importancia de esta autoridad hacia la ciudadanía.

En tal sentido, se requiere de mayor definición de las atribuciones que le competen en el ámbito regional, así como la capacidad real para que el territorio sea la unidad desde la cual se pueda proyectar el desarrollo más allá de los lineamientos sectoriales que vienen desde el nivel nacional.

En este proceso, como ciudadanía, tenemos un papel central. Y eso significa no solo exigirle a estas figuras mínimos de probidad y transparencia, sino también levantar las necesidades de la población e impulsar el desarrollo de programas y políticas públicas necesarias y pertinentes con el territorio. Es importante entender el rol que los GOREs deben asumir como impulsores y ejecutores de programas y políticas regionales, y de esta manera llevar a la práctica una democracia más participativa que permita liderar reformas y acompañar procesos que posibiliten mejorar la calidad de vida en todos los territorios.

Así, las elecciones de octubre son una oportunidad para enriquecer el debate ciudadano sobre el rol de los GOREs como promotores del desarrollo territorial y su forma de conectar con las personas y comunidades de las regiones. Este contexto debe invitar a informarse sobre los programas y las propuestas de cada candidato/a. En ese marco, el hecho que esta elección sea obligatoria, debiera asegurar mayor participación electoral, presentándose como una oportunidad para que la ciudadanía se pueda acercar a los GOREs y al propósito que estos tienen como institución pública en los territorios.

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