Los ex funcionarios de carabineros de la comuna de Rancagua, identificados como G.P.M., J.T.F., M.S.C., R.N.C. y S.M.A., fueron imputados por el Ministerio Público como autores por los delitos consumados de robo con intimidación, asociación criminal, receptación de vehículos motorizados e incendios. Ilícitos perpetrados en agosto pasado, en la comuna. Esto por el robo a la empresa de transporte de valores Brinks, ocurrido el pasado 16 de agosto en la capital regional, desde donde sustrajeron más de 11 mil millones de pesos.
La magistrada, Andrea Urbina Salazar, ordenó el ingreso en prisión los cinco carabineros por considerar que la libertad de los imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Además, mantuvo el plazo de investigación de ocho meses decretado el 21 de agosto pasado.
“El tribunal no puede perder de vista el considerar el número de delitos imputados, la naturaleza, características y gravedad de los mismos, teniendo en cuenta la dinámica de los hechos, la calidad de funcionarios policiales de los imputados y la participación que les correspondió y resultado favorable para la comisión del ilícito, la información privilegiada que aportó y la intervención del personal de Carabineros a la época de los hechos”, razonó la magistrada.
Agregó que “se tiene presente que el nivel de planificación y organización de este hecho y la pena probable que le pudiere corresponder a los imputados por estos antecedentes como también los bienes jurídicos involucrados, exponiéndose a penas de crimen e incluso, eventualmente de cumplimiento efectivo. Se estima que concurren los presupuestos que permiten configurar la necesidad de cautela por peligro para la seguridad de la sociedad”.
Según el ente persecutor, los imputados, funcionarios de Carabineros de Rancagua a la época de los hechos, prestaron labores de apoyo, logística, información y cobertura a la asociación criminal que realizó en agosto el robo a la sucursal de la empresa de transporte de valores Brinks de Rancagua, desde donde sustrajeron cerca de once mil millones de pesos.
En el caso de G.P.M., además, se le imputó participación (en el hecho signado por la fiscalía con “hecho 1”), como autor de los delitos de robo en lugar no habitado frustrado, asociación delictiva, tenencia ilegal de municiones y sustancias químicas. Estos ilícitos fueron cometidos en febrero pasado, al descubrir la policía un túnel de 15 metros que iba hacia una bóveda de la empresa Prosegur.
