En una entrevista con CNN Radio, el fiscal nacional, Ángel Valencia, confirmó la remoción de dos fiscales, entre ellos Jorge Mena de Rancagua. El ahora exfiscal rancagüino, estaba siendo investigado por presuntos nexos con el narcotráfico y negociaciones irregulares con abogados de narcos, una situación que se venía gestando tras meses de denuncias anónimas y levantó una verdadera alerta sobre la probidad en la institución.
Una Carrera Llena de «Pergaminos» bajo sombra de sospecha
Por casi 22 años, Jorge Mena Ocares fue reconocido como un «superfiscal» dedicado y objetivo, siempre con «notas sobresalientes» y con capacitaciones en el extranjero. Su determinación se hizo notar desde sus inicios en 2003 en la Fiscalía de O’Higgins, y su fama creció exponencialmente cuando se convirtió en el fiscal antidrogas. Se le atribuyen incautaciones históricas, como más de 4 toneladas de marihuana en 2019, lo que lo convirtió en un «rockstar de la fiscalía». Desarticuló redes de narcotráfico y llevó a decenas de delincuentes ante la justicia.
Las Denuncias y el Patrón de Beneficios Irregulares
La denuncia, que formalmente surgió en febrero de 2024 a través de una carta anónima, plantea que Mena habría tramitado causas en las que buscó beneficiar a delincuentes con rebajas de penas, sin que esto se justificara. La investigación administrativa que culminó en su remoción se basa en el incumplimiento de deberes disciplinarios y el cumplimiento de sus deberes funcionariales en la tramitación de las causas a su cargo.
Fuentes anónimas y reportajes de Ciper Chile de mayo del año pasado (2024) revelaron que Mena fue ligado a negociaciones irregulares en causas de narcotráfico con defensores privados, específicamente con los abogados Alex Ruz y Luis Valdenegro, quienes son conocidos en Rancagua por representar a detenidos bajo la Ley 20.000 (ley de drogas). Estos acuerdos incluían procedimientos abreviados, reducción de cargos de autor a cómplice y facilitación de la expulsión de extranjeros, lo que habría evitado mayores condenas. Defensores públicos y privados se quejaron de que solo con algunos defensores privados se percibían negociaciones en causas de drogas, perjudicando a otros abogados. Esta situación, según fuentes, encendió las alarmas en el Juzgado de Garantía de Rancagua, donde se observaron situaciones anómalas en los abreviados a los que Mena llegaba exclusivamente con los abogados con quienes, supuestamente, negociaba.
La Corte de Apelaciones de Rancagua y Carabineros manifestaron sus reparos directamente a la Fiscalía Nacional. En enero de 2024, estos antecedentes fueron derivados al entonces fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias, exjefe de Mena. Arias encontró que en una serie de causas investigadas por Mena «se repetía el mismo patrón» de salidas no procedentes en casos de tráfico de drogas, lo que lo llevó a ordenar su salida de las causas de droga y su inmediata suspensión. Arias señaló que Mena «se atribuyó no solo el rol de fiscal adjunto, sino que además abogado asesor y fiscal regional y decidió una causa».
Como respuesta a estos cuestionamientos, la Fiscalía Nacional elaboró el «Instructivo Mena», un documento oficial que establece criterios más estrictos para los procedimientos abreviados, prohibiéndolos en la mayoría de los casos de droga y la recalificación de autoría.
La Defensa del Fiscal Mena
Jorge Mena en entrevista con Megavisión negó todas las acusaciones, defendiéndose de las críticas de su exjefe, Emiliano Arias. Mena afirma que la denuncia en su contra podría ser una «venganza» por haber apoyado a otro candidato en la elección de fiscal regional de O’Higgins. Él sostiene que sus decisiones eran jurídicamente aplicables y que la investigación en su contra es para hacerlo ver como «un fiscal corrupto, un fiscal que hacía irregularidades, que hacía tratos con delincuente y eso no es así». Además, negó cualquier relación con los abogados Alex Ruz y Luis Valdenegro más allá de lo profesional, y tajantemente desmintió haber recibido dinero o cualquier contraprestación.
El fiscal nacional, Ángel Valencia, designó al fiscal metropolitano Occidente, Marcos Pastén, para liderar la investigación penal contra Mena, donde se indagan delitos como cohecho y lavado de activos.
Alertas en 2019
Es importante destacar que las irregularidades que llevaron a la remoción de Mena ya habían sido objeto de un reportaje en 2019 en «El Rancagüino«. En la nota se alertó sobre una «disminución de condenas a narcos» en la Fiscalía de Rancagua. En la ocasión un grupo de profesionales jurídicos de la ciudad denunciaron que algunos fiscales de O’Higgins «no se opondrían a las medidas cautelares bajas y sentencias diminutas pese a las grandes cantidades de drogas que son incautadas a los delincuentes».
La nota de «El Rancagüino» de 2019 describía un «modus operandi» en el que los juicios se dilataban para que los acusados cumplieran sus condenas en sus casas, o se atenuaran las penas mediante «negociaciones entre fiscales y defensores privados», que terminaban en procedimientos abreviados. La denuncia, enviada mediante una carta al entonces Fiscal Nacional Jorge Abbott, indicaba que «la Fiscalía de Rancagua sistemáticamente desde el año 2015 a la fecha, ha venido favoreciendo libertades, cauciones, recalificaciones de tráfico a microtráfico y sentencias definitivas, de los traficantes de mayor poder adquisitivo».
Un ejemplo específico detallado en la nota de 2019 involucraba un caso de 2015 donde se incautaron 8 kilos 777 gramos de pasta base de cocaína, y los cinco imputados, a pesar de contar con antecedentes penales por el mismo delito (a excepción de uno que también enfrentaba cargos por porte ilegal de arma de fuego y lavado de activos), obtuvieron penas sustitutivas de libertad vigilada gracias a los procedimientos abreviados. Fuentes de fiscalía citadas en 2019 «no se explican el por qué los fiscales otorgaron el procedimiento abreviado», y que la fiscalía «alarga la investigación, favoreciéndoles a fin de que abonen pena en arresto domiciliario nocturno».
Además, la publicación de «El Rancagüino» señalaba que en 17 causas con altas cantidades de drogas y sentencias bajas, se repetía como abogado defensor privado un «reconocido profesional de Rancagua, quien está siendo investigado por el caso de supuesto tráfico de influencia en la Corte de Apelaciones de Rancagua», sugiriendo que esta persona sería «una pieza clave» para las bajas penas. Fuentes posteriores y las investigaciones del caso Mena confirman que dos abogados, Alex Ruz y Luis Valdenegro, son mencionados repetidamente en relación con las causas en las que Mena otorgó beneficios. Ruz, de hecho, ya había sido investigado por un caso de corrupción en el poder judicial.
Las prácticas descritas en 2019 coinciden con las acusaciones contra Jorge Mena. Él fue ligado a negociaciones irregulares para aplicar procedimientos abreviados, reducir cargos e incluso facilitar la expulsión de extranjeros para evitar mayores condenas. De hecho, los antecedentes de que las decisiones del fiscal Mena estaban «erradas» se remontan a 2015, y en 2019 ya había sido denunciado por «hechos idénticos».
Casos bajo la lupa
Caso Mamani (2022): Una banda de nacionalidad boliviana fue capturada con más de 100 kg de marihuana. Aunque las pruebas eran contundentes, Mena solicitó el juicio abreviado. Los acusados, representados por abogados privados, reconocieron los cargos pero evitaron la cárcel, quedando en libertad con una condena de 4 años y un día con «irreprochable conducta anterior». El ex fiscal Carlos Gajardo calificó esta decisión de «sin explicación», dado que la cantidad de droga (más de 200 kg) distaba mucho de ser un caso de «menor complejidad».
Caso María Elena Mamani y René Ruelta Cuellar: La fiscalía decidió no perseverar respecto de uno de los dos hechos imputados a María Elena Mamani, a pesar de que había pruebas para condenarla a más años de cárcel. Gajardo considera esto una «triquiñuela» para llegar a un procedimiento abreviado, dado que por los mismos hechos, otros imputados fueron condenados a 10 años en juicio oral.
Caso Halinson Hurtado Rojas (2021): En una operación donde se incautaron 35 kg de droga, implementos de laboratorio y armas, Mena solicitó la expulsión del país para seis de los imputados extranjeros en lugar de una pena de cárcel, lo que se considera un «premio». Además, decidió no perseverar respecto del chileno Nicolás Cabrera, quien arriesgaba más de 20 años de cárcel y fue condenado a solo cinco.
Luis Serrano Gelves, alias «El Peto» (2016): Un conocido narcotraficante de Rancagua fue beneficiado con una rebaja de pena a solo 541 días de presidio mediante un procedimiento abreviado solicitado por Mena. Esto ocurrió a pesar de liderar una banda con más de 7 kg de pasta base y cocaína, además de 1585 plantas de marihuana.
Diego Parada la Torre (2018): Como autor de tráfico de drogas y tenencia ilegal de armas, este delincuente fue beneficiado con el cumplimiento de su pena en libertad. Días después, violó a una menor de 14 años.
Manuel Olivares Maldonado, alias «El Quiltro» (2021): Líder de una banda de tráfico de drogas y armas, Mena recalificó su participación de autor a cómplice para permitirle un juicio abreviado.
