Un reciente informe de la Contraloría General de la República (CGR) ha puesto la lupa sobre la gestión de recursos públicos en el país, revelando observaciones de «altísima complejidad» y «complejas» que ascienden a más de 1,5 billones de pesos a nivel nacional ($1.505.707.732.640). Este exhaustivo reporte, que abarca auditorías e investigaciones especiales realizadas principalmente durante 2024 y considerando informes finalizados entre el 1 de abril de 2024 y el 31 de marzo de 2025, no solo expone deficiencias a lo largo de Chile, sino que también detalla significativas anomalías en nuestra Región de O’Higgins, con un monto objetado que supera los 19 mil millones de pesos
Es importante destacar que las anomalías o «observaciones» identificadas en los informes de la Contraloría General de la República (CGR) no se refieren exclusivamente a casos de robo o malversación de fondos. En su lugar, representan la manifestación formal de situaciones en las que se ha detectado un incumplimiento de leyes, reglamentaciones, normas o manuales, o de recomendaciones previas. Estas observaciones a menudo configuran una infracción, irregularidad o deficiencia que resulta de la comparación entre una situación encontrada (la «condición») y lo que debería ser (el «criterio»), y siempre están sustentadas en pruebas de auditoría. Por lo tanto, si bien algunas observaciones podrían derivar en denuncias al Ministerio Público por eventuales delitos, muchas otras implican desórdenes administrativos, falencias en la gestión, incumplimientos contractuales, deficiencias en la rendición de cuentas, errores contables o presupuestarios, o gastos improcedentes o sin el debido respaldo. Sin embargo, el mismo informe señala que estos hallazgos, aunque no siempre impliquen directamente la sustracción de dinero, sí afectan la probidad administrativa, el resguardo del patrimonio público y la eficiencia y eficacia en el uso de los recursos del Estado. Las acciones derivadas de estas observaciones pueden incluir desde procedimientos disciplinarios y reparos (para iniciar juicios de cuentas) hasta solicitudes de restitución de fondos.
Las observaciones se clasifican según su relevancia en «altamente complejas», «complejas», «medianamente complejas» y «levemente complejas». Las categorías de «altamente complejas» y «complejas» se reservan para aquellas observaciones que la CGR considera de especial relevancia. Esta relevancia se determina por criterios como su magnitud (montos involucrados), su reiteración (si son problemas recurrentes), el detrimento patrimonial que causan, la gravedad de las debilidades de control interno que revelan, y las eventuales responsabilidades funcionarias comprometidas, entre otros. En contraste, las observaciones clasificadas como «medianamente complejas» y «levemente complejas» son aquellas que tienen un menor impacto en los criterios antes mencionados. El presente reporte se centra específicamente en los resultados de las fiscalizaciones cuyas observaciones fueron categorizadas como «Altamente Complejas» y «Complejas».
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El Panorama Nacional: Deficiencias que superan el billón de pesos
El reporte de la Contraloría se enmarca en un convenio suscrito con la Cámara de Diputadas y Diputados, con el objetivo de presentar las observaciones más relevantes de las auditorías e investigaciones realizadas en 2024, incluyendo aquellas iniciadas en años anteriores. Las fiscalizaciones abarcaron un amplio espectro de 792 productos (informes) despachados entre el 1 de abril de 2024 y el 31 de marzo de 2025. Los resultados se agrupan por sectores clave de la administración pública, como Interior, Educación, Hacienda, Municipal, Infraestructura, Salud, entre otros.
La Contraloría, identificó que las principales irregularidades a nivel nacional se concentran en siete áreas clave:
Incumplimientos a normas contables y/o presupuestarias: con un monto objetado de $359.137.777.166. Estas observaciones incluyen sobreestimación o subestimación en la ejecución presupuestaria, incumplimientos al principio del devengado, falta de análisis de cuentas contables, errores u omisiones de registros y partidas contables antiguas sin regularizar.
Falencias asociadas al cumplimiento de contratos: totalizando $328.523.655.718. Se refieren a modificaciones contractuales sin fundamentos o no autorizadas (que a menudo aumentan costos y plazos), incumplimientos de proveedores, falta de control y supervisión en la ejecución de servicios y garantías de fiel cumplimiento no presentadas o vencidas.
Deficiencias en el proceso de rendición de cuentas: por $316.575.708.206. Aquí se encuentran falencias en el control y aprobación de rendiciones, ausencia de antecedentes, diferencias de información entre entidades otorgantes y ejecutoras, transferencias a entidades con recursos pendientes y recursos sin reintegrar.
Deficiencias asociadas al manejo de fondos: con $252.291.010.206. Incluyen saldos de recursos sin acreditación de disponibilidad, falta o atraso en conciliaciones bancarias, partidas conciliatorias sin respaldo y falta de pago de deudas vencidas.
Incumplimientos asociados a ingresos: sumando $81.539.789.026. Esto se relaciona con ingresos no percibidos (como multas no cursadas o cobranzas no realizadas) y errores en el cálculo de ingresos.
Deficiencias en el proceso de adquisiciones: por $80.576.101.163. Observaciones sobre contrataciones directas sin justificación, procesos de compra sin aprobación municipal, irregularidades en la evaluación de ofertas y fragmentación de compras.
Gastos improcedentes o sin respaldo: con $57.023.035.310. Incluye pagos en exceso, desembolsos duplicados, gastos sin documentación de respaldo, servicios parcialmente entregados y fondos usados indebidamente.
O’Higgins Bajo la Lupa: Un Detalle de los Hallazgos Locales
La Contraloría ha revelado un cúmulo de observaciones en diversas entidades de la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins, sumando un monto objetado de aproximadamente $19.237.870.948. Los hallazgos más relevantes se distribuyen de la siguiente manera:
Gobierno Regional del Libertador General Bernardo O’Higgins:
Presentaba $17.052.520.193 pendientes de rendición o revisión en transferencias a personas jurídicas de derecho privado. La Contraloría verificó que no se habían efectuado acciones o gestiones de cobro suficientes para lograr su regularización.
Registró $32.524.876 en gastos improcedentes, no acreditados o insuficientemente acreditados en transferencias a privados. Esto incluye rendiciones sin la documentación de respaldo adecuada para contrataciones, bienes y servicios, traslados o capacitaciones, así como rendiciones de gastos fuera del período convenido o no contemplados en los presupuestos.
Se detectó uso indebido de vehículos fiscales, incluyendo el traslado del Gobernador Regional a su domicilio particular diariamente y a una actividad de campaña política donde anunció su reelección. También se observó el uso de vehículos fiscales en días inhábiles o fuera de la jornada laboral sin autorización, y por funcionarios con permisos administrativos o usando horas compensadas.
Municipalidad de Peralillo.
Se aprobaron y autorizaron contrataciones directas por $135.631.726 sin justificación adecuada, invocando causales de servicios especializados y de confianza y seguridad.
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Realizó un pago en exceso de $1.000.000 por «Producción general de las fiestas patrias en el sector Población y Peralillo», ya que el documento tributario electrónico fue emitido por un monto inferior al pagado.
Se devengó y registró un egreso por $1.450.000 por servicio de peluquería para la conmemoración del día de la mujer, un gasto que la Contraloría considera que no guarda armonía con los fines municipales.
Municipio de Pichidegua:
No acreditó los motivos que justificaron contrataciones directas por $128.662.011, invocando causales como proveedor único o servicios especializados, sin respaldo.
Municipalidad de Placilla:
Realizó un pago en exceso de $30.242.590 por consumo de agua potable con una deuda desde 2021.
Pagó $1.000.000 en exceso por el concepto de «Producción general de las fiestas patrias».
Registró pagos por $26.603.766 por adquisición de bienes y prestación de servicios para eventos sin certificado de recepción conforme o acreditación de adquisición/prestación.
Pagó honorarios por $5.008.000 por asesorías jurídicas y representación judicial sin respaldar las labores realizadas.
Pagó $3.981.740 por el servicio de «Provisión de Toldos para la Fiesta de la Huma Placilla 2023» sin verificar el cumplimiento del servicio.
Incurrió en gastos improcedentes por $10.133.303 asociados a celebraciones como el día de la madre, día del padre, etc., que no se ajustan a los objetivos propios de las entidades municipales.
Registró gastos por $1.082.712 pagados mediante rendición a funcionarios municipales para eventos citados, también considerados improcedentes.
Municipalidad de Nancagua:
Presentó irregularidades en el pago de personas contratadas a honorarios y pagos de horas extras no acreditadas, por un monto de $64.572.814.
Municipalidad de Mostazal:
Realizó pagos de intereses y reajustes de resoluciones judiciales por $152.571.358 y por incumplimiento en el pago de facturas por $2.593.960. Total: $155.165.318.
Municipalidad de San Fernando:
Realizó un desembolso de $55.724.205 por intereses y reajustes debido al pago extemporáneo de la última liquidación post despido a exservidores públicos.
Municipalidad de Palmilla:
Efectuó pagos improcedentes por servicios financieros por $33.393.750, sin relación directa con el objeto del contrato y con un precio no acorde al servicio licitado.
Municipalidad de San Vicente de Tagua Tagua:
Similar a Palmilla, realizó pagos improcedentes por servicios financieros por $42.117.586.
Hospitales en la Región
Hospital Dr. Franco Ravera Zunino (Rancagua):
- 26 médicos no acreditaron el cumplimiento de su jornada laboral, con horas trabajadas inferiores a las indicadas en sus agendas, resultando en pagos en exceso por $46.869.975.
- Se detectaron 187 ausencias injustificadas y sin descuento en los registros de asistencia de 15 médicos, así como 434 casos de atrasos o salidas anticipadas de 8 médicos, también sin justificación ni descuentos.
- 11 médicos no registraron su entrada o salida en 80 ocasiones, y en 8 casos, funcionarios hicieron uso de una mayor cantidad de permisos administrativos sin respaldo.
Hospital Ricardo Valenzuela Sáez de Rengo:
23 formularios de suspensión de cirugías no incluían antecedentes que justificaran y respaldaran la suspensión.
Se atendieron médicos que no estaban inscritos en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud (2 casos).
El hospital no dispone de respaldos adecuados para justificar los criterios utilizados para seleccionar e incorporar a pacientes en la tabla quirúrgica No GES, lo que afecta la transparencia e imparcialidad.
Dirección Regional de Vialidad del Libertador General Bernardo O’Higgins:
Se consideraron improcedentes 3 paralizaciones de obra (por 60, 60 y 15 días) en el proyecto «Ampliación Ruta H-27, Carretera del Cobre, Rancagua Machalí», invocando «falta de fondos» que en realidad fue carencia de liquidez por parte de la empresa, no de la Dirección de Vialidad.
Se cursaron 10 de 37 estados de pago sin contar con el respaldo y/o justificación formal para incumplir con el monto mínimo establecido en el Reglamento de Contratos de Obras Públicas.
Servicio de Vivienda y Urbanización (SERVIU) del Libertador General Bernardo O´Higgins:
Autorizó obras extraordinarias por $1.108.009.751, superando el porcentaje máximo permitido (5% del contrato original) en las bases reglamentarias, que era del 8,07%.
Secretaría Regional Ministerial (SEREMI) de Vivienda del Libertador General Bernardo O’Higgins:
Transfirió $108.244.032 para obras de urbanización (iluminación) en campamentos ubicados en zonas con restricciones o prohibiciones para uso residencial.
Se constató un faltante de 18 luminarias de las 92 dispuestas en el convenio, equivalente a $8.139.600, y cambios en el material de los postes (perfiles de acero negro con óxido).
Se observó un «Proyecto CREA» que no respondió a una necesidad regional sino a una instrucción central, con modificaciones contractuales posteriores a la inauguración.
Se identificaron gastos improcedentes o sin respaldo por $6.600.000 en la revisión de rendiciones.
