En Pichilemu, este jueves y viernes, se está desarrollando el encuentro anual de la Asociación Nacional de Consejeros Regionales (ANCORE). En este contexto en la capital de Cardenal Caro se han desarrollado una serie de exposiciones respecto al accionar de los consejeros en las diversas regiones del país.
Al comenzar este encuentro se dirigió a los presentes el gobernador regional Pablo Silva, quien, en un discurso lleno de ironías, nuevamente se defendió de las múltiples observaciones que ha levantado la Contraloría que detectó deficiencias significativas en el control de los recursos públicos en el Gobierno Regional. Silva volvió a reiterar que no se ha robado un peso, pese a que la imputación de la Contraloría es de problemas administrativos.
LA EXPOSICIÓN DE LA CONTRALORA
Pero, lejos una de las exposiciones más esperadas era la de la Contralora Regional, Rocío Ortiz, quien subrayó las facultades que la ley orgánica otorga a los Consejos Regionales en materia de fiscalización. Destacó que el artículo 36 de dicha ley específica estas atribuciones, que incluyen la posibilidad de sugerir observaciones, disponer contrataciones, encargar auditorías internas, y solicitar al gobernador regional que rinda cuentas en sesiones especiales sobre materias específicas.
Según los dictámenes de la Contraloría, esta labor fiscalizadora es propia del consejo como un órgano colegiado, aunque reconoció que los consejeros también actúan de manera individual solicitando información al gobernador, quien debe responder en un máximo de 30 días. La Contralora enfatizó que los CORES son «un aliado» crucial para el trabajo de la Contraloría. Explicó que la Contraloría no posee facultades como la interceptación telefónica o la incautación de computadoras. Por ello, instó a los consejeros a incorporar una «mirada fiscal» sobre los gastos que realizan. Aunque no todo debe estar necesariamente mal, los consejeros tienen el derecho a requerir información y a contar con ella.
Se resaltó también la actitud responsable de quien, al encontrar algo «raro», solicita información para verificar la situación antes de denunciar, evitando así movilizar recursos de la Contraloría de forma innecesaria. Este ejercicio de las facultades de fiscalización es una «responsabilidad» que los consejeros sí poseen y deben ejercer cuando lo consideren conveniente.
La contralora se refirió a la corrupción, conceptualizándola como una «amenaza» que «socava los cimientos de la confianza de la ciudadanía en las instituciones y en las autoridades». Mencionó que la corrupción «siempre va mutando», «siempre va un paso adelante» y «siempre se crean nuevas formas».
La exposición detalló que, si bien el cohecho o el soborno son formas explícitas de corrupción, existen «otras figuras que están más ocultas y que se tienden a normalizar» en los servicios públicos. Entre estas, se enumeraron el nepotismo, las malas prácticas, las omisiones, las faltas éticas, el amiguismo y el tráfico de influencias. Se destacó la dificultad de llevar un caso de tráfico de influencias a una sede penal o de detectarlo en un acto administrativo, a pesar de que estas prácticas minan la confianza ciudadana. El daño se manifiesta cuando la gente percibe que se pueden obtener permisos más fácilmente o que hay «atajos» a través de contactos, lo que «hace mal a nuestro servicio, le hace mal a la ciudadanía también» y «se nos empieza a derrumbar esta imagen de estado de derecho».
Como parte de las herramientas y la comprensión de este fenómeno, se hizo referencia a la disponibilidad de «propuestas para compartir la radiografía y las herramientas anticorrupción» en una página web. Además, se informó sobre una encuesta realizada en 2022 y repetida en 2024, que consultó a la ciudadanía sobre su percepción de la corrupción, dónde y cómo la ven. Los resultados de esta encuesta están disponibles en un libro que los consejeros pueden descargar y leer. Se enfatizó que la lucha contra la corrupción es una tarea compartida por toda persona con un rol o función pública, y con mayor razón por los consejeros, dado que son «representantes de la ciudadanía».
LA SUBDERE, UN ALIADO
Otra de las exposiciones estuvo a cargo de Geraldine Espinoza, jefa del Departamento de Fortalecimiento regional de la Subsecretaria de Desarrollo Regional (SUBDERE).
Ella presentó a la SUBDERE como un «mejor amigo» y «aliado» fundamental para los gobiernos regionales y las municipalidades, a pesar de que no siempre sea percibida así. Desde su fundación, esta institución, paradójicamente parte del centralizado Ministerio del Interior, ha promovido activamente la descentralización, aseguró. Como prueba de su compromiso histórico, se recordó que ya en el año 2000, en el documento «El Chile descentralizado que queremos», se hablaba de la posibilidad de elegir democráticamente a los consejeros regionales, un sueño que hoy es una realidad. En ese mismo documento se abordaba la necesidad de invertir en «territorios aislados y rezagados», lo que hoy se materializa en los planes de zonas rezagadas y territorios en desarrollo. Además, la SUBDERE impulsó la consideración de las áreas metropolitanas como entidades distintas, buscando soluciones a problemas compartidos entre comunas colindantes, como la recolección de basura, que generan costos adicionales a las municipalidades. Su misión principal es trabajar para el desarrollo de los territorios y promover el desarrollo institucional, abogando por más atribuciones para los gobiernos regionales, mayor poder de decisión para los consejeros en los presupuestos y más recursos para las municipalidades.
La elección de los gobernadores regionales fue destacada como un «quiebre muy grande». Antes, los intendentes manejaban recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) para cubrir programas de instituciones que no tenían fondos propios, como pequeña minería o Senda. Ahora, con los gobernadores electos, la situación ha cambiado significativamente, y estas instituciones deben solicitar los recursos al gobierno regional, siendo el Consejo Regional (CORE) el encargado de evaluar si es «razonable» destinar esos fondos, que podrían haberse planificado para otras inversiones, como la construcción de plazas. La representante de la SUBDERE enfatizó que «los recursos son de ustedes» (del CORE), lo que implica que la decisión de asignarlos requiere de un proceso de conversación y evaluación, no siendo una simple transferencia. Este cambio ha transformado el rol del gobierno regional de un mero agente del gobierno central a una institución autónoma que promueve su propio desarrollo y estrategia regional, la cual los sectores deben comprender, señaló.
Frente a este nuevo escenario, la SUBDERE ha identificado un diagnóstico compartido: existe una cantidad importante de recursos, pero una «cartera elegible cada vez más pequeña», es decir, «tenemos plata, pero no tenemos en qué invertirla». Esto se debe a que los equipos profesionales de los gobiernos regionales no han crecido al ritmo de sus nuevas responsabilidades, y los formuladores de proyectos, antes en ministerios centrales, ya no elaboran proyectos para los GORE.
Para abordar esta problemática, la SUBDERE está impulsando varias líneas de apoyo y fortalecimiento. Una de ellas es el Fondo de Apoyo a la Contingencia Regional, que aporta recursos a temas con poca financiación central, como el cambio climático, la recuperación de espacios públicos y la gestión de riesgos de desastres, financiando hasta el 50% de las iniciativas.
Otra iniciativa crucial es el Salón de Inversiones Regionales, un espacio de encuentro entre instituciones con proyectos a licitar (municipalidades, sectores, gobiernos regionales) y el sector privado. El objetivo es difundir todas las licitaciones previstas para el año, permitiendo a las empresas constructoras planificar su participación y así disminuir las licitaciones «desiertas» o «inoferentes». Ya se ha realizado en Tarapacá (2023) y Antofagasta (2023, con repetición en 2024), con próximas ediciones en O’Higgins y Biobío. La SUBDERE aporta recursos para la realización de estos eventos.
Además, se destacó la urgente necesidad de abordar el problema de los residuos sólidos, ya que los rellenos sanitarios están terminando su vida útil y generar nuevos sitios de disposición toma entre 8 y 10 años; este será un desafío que requerirá una creciente participación de los consejeros regionales, a pesar de ser una solución «ingrata» porque nadie quiere un relleno cerca de su casa.
En cuanto a los instrumentos de fomento territorial, se detalló el trabajo con los Decretos de Zonas Extremas y Zonas en Desarrollo (antiguamente Zonas de Rezago), para los cuales la SUBDERE elabora anualmente informes de comunas susceptibles. Se ha iniciado un pilotaje de una nueva metodología de evaluación en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social, que estará en fase de ajuste hasta 2028, y para la cual la visión de los consejeros es «muy importante». Mientras que las Zonas en Desarrollo se enfocan en comunas aisladas, rurales, con alta pobreza, las Zonas Extremas ahora incorporan regiones completas, incluyendo nuevos territorios como el archipiélago de Juan Fernández, Rapanui y Tarapacá. La SUBDERE apoya a los gobiernos regionales en la elaboración de estos planes y en el seguimiento de sus carteras de inversión.
Un cambio relevante en estos planes es la flexibilidad de la cartera de proyectos, que ahora permite modificar iniciativas durante el transcurso del plan, adaptándose a nuevas realidades o identificando proyectos más viables, siempre que se mantenga el objetivo original. Finalmente, la SUBDERE enfatizó la importancia de que el CORE se involucre «desde el inicio» en la elaboración de los planes, aunque no esté definido en la normativa, es una «recomendación de buena práctica» para facilitar la comprensión y aprobación de los mismos.
ESTE VIERNES CONTINÚA EL ENCUENTRO
ANCORE continuará este viernes, con una agenda enfocada en los desafíos y proyecciones de la gestión regional. La jornada del segundo día iniciará con un panel sobre «Proyecciones fiscales, desafíos de gestión y avances hacia una mayor autonomía regional». Posteriormente, se abordarán temas clave como la presentación de los Juegos Mundiales Olimpiadas Especiales «Camino Rumbo Santiago 2027», y las exposiciones sobre el traspaso de competencias a los gobiernos regionales, particularmente en el ámbito del turismo, con la participación de la Asociación de Funcionarios de Sernatur y la Administradora Regional de O’Higgins.
La tarde se dedicará a la «Ruta Global de las Regiones: Financiamiento, Integración y Cooperación», seguida de una síntesis y acuerdos de la jornada, y un recorrido por los principales lugares de interés turístico de Pichilemu para culminar el evento.
