Tres representantes del comité de vivienda “Juntos Avanzamos” acudieron a las instalaciones del Juzgado de Garantía de Rancagua para presentar una querella en contra del hombre que habría movilizado a las familias en pro del sueño de la casa propia.
El sujeto identificado como Mario Núñez habría conseguido juntar a los subgrupos “Comité Avenida La Compañía”, “Comité Mateo 3” y “Comité Proyectos Artísticos”, conformado por personas pertenecientes a sectores vulnerables, con discapacidad y adultos mayores, posicionándolo como el presidente de la organización.
Bajo el presunto liderazgo de Núñez, desde el 2024 se habría citado a las familias a distintas reuniones en las que se informó que los proyectos contarían con terrenos donados, mostrando imágenes de los mismos con “los supuestos proyectos habitacionales de viviendas industrializadas elaborados por Serviu, señalando a los socios que el año 2026 serían entregadas”, acorde al Oficio N° 114259.
El documento también señala que a los integrantes del comité “se les pediría de forma voluntaria donaciones en alimentos para la realización de rifas que permitan, supuestamente, solventar gastos de tipo administrativo”.
Ximena Urzúa Riquelme, una de las mujeres afectadas, explicó que todo inició porque “las personas que nos reclutaron a nosotros usaron incluso material del Serviu, mostrándonos planos de terrenos que supuestamente habían sido incluso donados por Los Trapenses y nos mostraron muchas cosas como registros de personalidades jurídicas”.
De esta forma, Ximena ingresa a “Juntos Avanzamos” en noviembre de 2024, donde “me decían que ahora, en el 2026, yo iba a tener mi vivienda y así sucesivamente”. Para poder formar parte del comité ella explica que “el modus operandi que tenían ellos era no hacerlo en las redes sociales, de forma pública; hacían que nosotros mismos lleváramos personas”.
Entre los aspectos que llegaban a llamar la atención de los participantes se encontraba que “nos pidieron muchas veces aportes voluntarios, porque esa es la palabra que ellos usaban, «voluntarios», para luego hacer supuestos beneficios a personas necesitadas”. Asimismo, “siempre nos estuvieron diciendo que, si no éramos voluntariosos, no podíamos pertenecer al grupo”.
Pese notar este tipo de detalles, “obviamente, nosotros, en la necesidad que tenemos de tener nuestras viviendas, accedíamos a esto para no ser retirados de los grupos […] No teníamos incluso mucho derecho a preguntar en las reuniones porque, si preguntábamos mucho, también éramos cuestionados y como, entre comillas, amenazados que íbamos a salir del grupo”.
No fue hasta que un día, dentro del espacio laboral de Ximena, la verdad salió a la luz, pues “un día en un comentario, en una conversación, me enteré que este caballero, don Mario Núñez, era un estafador, que esto ya lo venía haciendo por mucho tiempo, en distintos lugares, con distintos grupos de personas y después desaparece y vuelve a ser lo mismo”.
QUERELLA POR ESTAFA
La diputada Marcela Riquelme asistió con estos representantes a las inmediaciones del Juzgado, ya que “nos habíamos comprometido con ellos a escuchar sus demandas, a escuchar sus inquietudes, a poder verificar con el Serviu precisamente si se trataba de una organización que estaba conformada legalmente y que si este sueño de la casa propia que ellos tenían iba por un buen camino”.
Tras verificar la información, la diputada indicó que “el Serviu nos informa que estas personas, una de las personas que los había estado orientando en esta materia y organizando, ya había sido objeto de una querella por parte de Serviu, precisamente, por organizar ilegalmente un comité de vivienda prometiendo a los vecinos una vivienda en circunstancias que eso no era factible y no se hacía de acuerdo a los procedimientos legales”.
Riquelme aclaró que “los comités tienen que estar inscritos, tienen un número respectivo. Aquí se había dicho que existía un terreno comprado, que era de propiedad de Serviu, cosa que resultó ser falsa. Se mintió respecto de las postulaciones a este comité de vivienda, […] se les pidió donaciones en especies, se les pidió aportes también, en algunos casos, aportes monetarios. Todas esas cuestiones son absolutamente ilegales. Está prohibido que las instituciones patrocinantes o que los demás organismos pidan recursos con el fin de llegar a la vivienda propia”.
Considerando estos antecedentes, la parlamentaria anunció que “hemos presentado es una querella por el delito de estafa contra quienes resulten responsables de engañar a los vecinos con el sueño de la casa propia, de juzgar con la expectativa de estas familias”.
La acción judicial busca no solo esclarecer la eventual responsabilidad de quienes resulten implicados, sino también sentar un precedente frente a este tipo de engaños que afectan a familias en situación de vulnerabilidad.
