El miércoles 5 de noviembre y tras semanas de paralización estudiantil, la Universidad de O’Higgins (UOH) amaneció, por segunda vez, tomada por estudiantes encapuchados como una forma de hacer presión frente a las problemáticas que enfrenta la institución y que aparentemente aún no son solucionadas.
Esta nueva instancia de manifestación concluyó con ocho estudiantes de la universidad detenidos, siendo tres de ellos Benjamín Arenas, vocero de la mesa de negociación; Benjamín Valdenegro, estudiante base y Nicolás Romero, estudiante base.
La finalización abrupta de la toma debido a la intervención policial dio pie a que Romero cuestionara que “en una reunión, la rectora se refiere a que está muy orgullosa del movimiento estudiantil que se ha creado. ¿Qué tipo de orgullo es ese? Que a la primera que intentan dialogar con ella tiene que ir a la fuerza policial”.
Arenas inició relatando que “un grupo de estudiantes realiza la toma a las 7:20, pidiendo cosas legítimas frente a la falta de respuestas que hemos tenido de parte de la rectoría”. Las demandas estarían asociadas a “seguridad, infraestructura, que por favor se dieran respuestas concretas y no palabras vacías con fechas, con firma y con todo lo que conlleva poder negociar, que no hemos tenido ese tipo de negociación, sino que hemos recibido solamente respuestas vacías”.
La toma, que los tres estudiantes aseguran que fue pacífica en todo momento, se vio interrumpida cuando “aproximadamente a las 11:00, sin previo aviso, sin diálogo, sin nada, sin una visita de rectoría hacia los chiquillos que estaban en la toma, Carabineros hace ingreso a la universidad”. También añadió que “en ningún momento se nos muestra, por ejemplo, la orden de desalojo de parte de las autoridades de la universidad”.
Posteriormente, “a las 11:20, haciendo un recorrido de inspección para poder ver que no quedara ningún chico o dónde estaban ubicados, para poder ver cómo poder hacer la negociación con Carabineros y todo eso, un grupo –de efectivos- llega y nos piden nuestros carnés de identidad”.
Los tres aseguran que por practicidad no portaban con los documentos, pero que, en su lugar, se hizo entrega de las tarjetas universitarias. Con esto, Arenas fue enfático en señalar que “Carabineros nos dice que igual nos van a llevar a un control de identidad, solamente a un control de identidad, y que a los 20 minutos íbamos a estar ya libres. Es por eso que nosotros accedemos a ir […] En ningún momento nosotros nos opusimos”, asegurando que existe registro audiovisual de este momento.
Continuó el relato diciendo que “llegamos a la comisaría, nos hacen el control de identidad y al momento, casi un poquito antes de retirarnos, estábamos pidiendo la solicitud, y nos pasan a detenidos por usurpación no violenta. Dentro de la comisaría recién nos informan que nosotros estamos detenidos”. Romero indicó que “ahí se nos hizo conocer que la universidad había presentado cargo en nuestra contra”.
Valdenegro, por su parte, sostuvo que “no nos encontraron dentro de las dependencias de la universidad cuando estaba en toma, tampoco nos encontraron encapuchados, ni haciendo ningún desmedro, entonces no tenía justificación alguna”.
La abogada del movimiento se habría apersonado en la 1era Comisaría de Rancagua, donde se encontraban los ocho estudiantes detenidos, y tras una entrevista con el Instituto de Derechos Humanos, reconocieron que “las autoridades de la universidad retiran los cargos hacia nosotros y el Fiscal Regional instruye al fiscal de turno que nos tienen que solamente apercibir. Quedamos con apercibimiento y estamos a la espera de la notificación”.
Así, Arenas concluye manifestando que “tampoco se nos ha pedido una disculpa a nosotros por el mal rato o por los daños y perjuicios”, pues “tampoco hay pruebas de que nosotros y el grupo de los ocho haya participado de la toma, o sea, no hay pruebas de eso”.
LA NEGOCIACIÓN QUE MOTIVÓLA TOMA
Pese a que en la casa de estudios se han realizado mesas de negociación semana a semana, los estudiantes que fueron detenidos y otros que han estado involucrados con el movimiento, critican la falta de acuerdos y la ausencia prolongada de la rectora Fernanda Kri, apuntando a estos factores como los motivos que propiciaron esta nueva toma.
Arenas especificó que “llevamos tres mesas de negociación con la rectora y las únicas respuestas son «lo vamos a ver», «lo vamos a evaluar», «quizás», «no sabemos»”. Adicionalmente, los estudiantes habrían efectuado siete mesas anteriores a las mencionadas y pese a ello “no tenemos una respuesta válida de parte de las autoridades”.
Valdenegro continuó recordando que “antes del 14 de octubre, que fue la primera toma, no había aparecido la rectora en ningún momento. Por eso fue la primera toma, que era una de las medidas que se estaba pidiendo, que apareciera a las mesas de negociación”.
Sin embargo, esta nueva toma habría sido, principalmente, por la presunta falta de transparencia respecto a “los gastos, a por qué se gasta, en lo que se gasta, cómo se gasta, en qué se gasta”. Arenas también la atribuyó a “la violencia que hemos tenido como estudiantes. Se nos ha menospreciado el movimiento, hemos sido violentados [con el ingreso de Carabineros]”.
Igualmente, Valdenegro consideró que el descontento creció por “la actitud de la rectora y del vicerrector en las mesas negociadoras”, pues, afirmó que “en momentos incluso se reían, no escuchaban, se levantaban mientras se estaban hablando cosas importantes, estaban en el teléfono, riéndose como «pucha, ¿qué quieres que haga?»”.
Entre otros temas, Arenas denunció que “se le preguntó, por ejemplo, ¿por qué gastaba 22 millones mensuales en movilización?”. Según lo que relata el estudiante, las respuestas no habrían estado justificadas y no se contempló una baja en el supuesto monto, por lo que se sumaría a otros motivos como el despido de un académico y comunicados que desinforman, comentan.
Mientras tanto, los tópicos principales que eran exigidos al inicio de la paralización, como los cobros de titulación y la seguridad en el campus, ya obtuvieron respuesta, por lo que los estudiantes aclararon que “ella [la rectora] se comprometió a que en su gobierno universitario no iba a cobrar aranceles de titulación. Desde el 2028 se empieza ya a cobrar”.
En materia de seguridad, “ella [la rectora] habla de que cuando volvamos a clases va a dar cinco días hábiles para que se conforme un grupo con estudiantes, funcionarios, académicos y un panel de expertos para generar un plan de seguridad. Luego de eso son 30 días para que esta mesa evalúe la universidad y presente el plan de seguridad. ¿Qué quiere decir esto? Que en enero recién va a estar el plan de seguridad”.
Los tres entrevistados concluyeron la conversación expresando que la experiencia de detención les afectó psicológicamente y que desde la universidad deberían hacerse cargo. De la misma manera, Valdenegro envió un mensaje a la comunidad rancagüina, asegurándoles que “las personas que fuimos detenidas no estábamos cometiendo ningún crimen. Somos estudiantes de acá de la universidad”.
