Este domingo 14 de diciembre, Chile volverá a las urnas para la Segunda Vuelta Presidencial, eligiendo, entre las dos primeras mayorías de noviembre, a quien conducirá el país durante los próximos años. Este hito no es solo la culminación de un proceso electoral que comenzó el 16 de noviembre, sino una prueba de fuego para nuestra maquinaria cívica bajo un marco legal transformado.
La elección se desarrolla en un contexto de cambio profundo: es la primera presidencial en que el voto es obligatorio. Esta obligatoriedad genera la expectativa de una participación ciudadana mucho más amplia que la habitual. No asistir a sufragar ya no es una opción sin consecuencias, ya que la ciudadanía tiene el deber de acudir con responsabilidad. La ley respalda esta obligación con fuertes multas que van desde 0,5 a 1,5 UTM (más de $100.000 pesos chilenos), y el Servel denunciará a los inasistentes ante los juzgados de policía local. El voto obligatorio transforma la participación de un derecho a una necesidad institucional ineludible.
La solidez de nuestra democracia se pone de manifiesto también en la eficiencia del proceso logístico. A pesar de los posibles lentos inicios en la instalación de mesas debido a los cambios operativos y el nuevo sistema digital, se espera que el país demuestre una vez más su reconocida eficiencia electoral. Una fortaleza institucional que destaca es que, a diferencia de otros países, Chile tiene la proyección de resultados la misma noche de la elección, siendo un cómputo rápido del Servel que, si bien requiere el procesamiento formal del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), es preciso y respetado.
En esta segunda vuelta, la continuidad es la regla. Quienes ejercieron como vocales de mesa el 16 de noviembre volverán a cumplir esa función el domingo 14 de diciembre. Esta es una tarea de carácter obligatorio, y quienes no concurran están sujetos a las multas establecidas en la legislación. Se mantienen, además, todos los locales y mesas de votación; los electores deben concurrir al mismo lugar y tienen el mismo número de registro en el padrón electoral.
Más allá de cumplir con la obligación de votar, la ciudadanía tiene una responsabilidad esencial: garantizar la integridad de su decisión. El llamado es a estudiar los programas y chequear la información que llega a través de plataformas digitales para no caer en la desinformación. La desinformación tiene el poder de distorsionar no solo el debate público, sino también la libertad de elección del votante.
Nuestra democracia se construye sobre una sólida institucionalidad. El domingo, el país tiene la oportunidad de reafirmar su madurez cívica. Nuestro deseo es que la jornada transcurra con la tranquilidad que caracteriza a nuestros procesos electorales, y que el resultado refleje simplemente la voluntad ciudadana.
