La temporada navideña, marcada por el frenesí de las compras y la búsqueda del regalo perfecto, trae consigo no solo alegría sino también un complejo escenario para el consumo. Afortunadamente, en Chile, los organismos de protección han intensificado su labor para asegurar que los proveedores cumplan cabalmente con la Ley del Consumidor, un esfuerzo que requiere tanto el despliegue de fiscalizadores como la conciencia activa de cada comprador.
La seguridad en el consumo es un derecho fundamental, especialmente cuando se trata de juguetes. Ante la inminente alza de ventas, el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) de O’Higgins se ha desplegado para verificar el cumplimiento de la normativa, mientras que la Seremi de Salud ha puesto el foco en la fiscalización de la venta de juguetes en el centro de Rancagua. Es vital que los padres y cuidadores prefieran el comercio establecido, ya que un juguete adquirido en la vía pública no garantiza estar libre de materiales tóxicos o piezas pequeñas que puedan causar asfixia.
Las fiscalizaciones sanitarias buscan resguardar la salud de niños y niñas, exigiendo que los juguetes cuenten con rótulos claros que especifiquen la edad recomendada, las advertencias de uso, los materiales de construcción, el país de origen y la identificación del importador o fabricante.
Uno de los puntos más críticos que las autoridades han detectado es la correcta exhibición de precios. El SERNAC ha sido enfático: los valores deben ser claramente visibles tanto en vitrinas como en góndolas. Si un proveedor incumple este deber esencial, se expone a multas que, tramitadas ante los Juzgados de Policía Local, pueden alcanzar hasta los 21 millones de pesos.
Asimismo, la publicidad engañosa se encuentra bajo lupa. Las empresas están obligadas a respetar las ofertas que publican. No es admisible excusarse del incumplimiento de una oferta argumentando que esta «se quedó pegada» o que «venció ayer» si sigue visible para el público; la información suministrada al consumidor siempre debe ser veraz.
En la era del comercio electrónico, una distinción crucial debe estar clara para el consumidor: la diferencia entre la compra presencial y la digital.
En las compras realizadas en tiendas físicas, no existe el derecho legal a arrepentirse de la adquisición, salvo en el caso de que el producto presente fallas. Sin embargo, si la compra se realiza por internet, rige el Derecho a Retracto o arrepentimiento. Esta modalidad permite al consumidor desistir de la compra en un plazo de 10 días desde que recibió el producto, sin necesidad de dar explicaciones, siempre que el artículo se encuentre sin uso y conserve sus sellos originales.
Independientemente de la vía de compra, ante un producto defectuoso, el consumidor está protegido por la Garantía Legal (el «3×3») durante 6 meses. Esto otorga el derecho a elegir entre la devolución del dinero, el cambio del producto o la reparación gratuita.
Finalmente, mientras las autoridades intensifican el control para proteger nuestros derechos, es fundamental que actuemos con responsabilidad financiera.
La Navidad no es el fin del mundo; por ello, la vigilancia y la moderación deben ser las mejores guías para celebrar de forma segura y consciente.
