La Contraloría General de la República (CGR) emitió una “abstención de opinión” respecto a la razonabilidad de los estados financieros del Gobierno Regional (GORE) de O’Higgins, tras detectar debilidades de control interno, falta de análisis en saldos contables e inconsistencias no aclaradas. Ante el impacto de esta noticia, el Gobierno Regional aclaró que las objeciones se centran en el periodo presupuestario bajo la figura de la entonces Intendencia Regional.
Hallazgos de la auditoría
De acuerdo con el Consolidado de Resultados de Auditoría (CRA), el GORE de O’Higgins presentó situaciones críticas en su gestión financiera. El Informe Final 428-20 reveló la existencia de cuentas por cobrar por un monto de $39.985.028.956 que carecían del detalle necesario por deudor o rendiciones caso a caso. Además, se detectaron $1.170.673.758 en anticipos de fondos pendientes de rendición y conciliación, con montos arrastrados de años anteriores; Falta de desagregación en la cuenta de “costos de inversión”, la cual registró $206.935.336 sin identificar las iniciativas asociadas, y; Subregistro de deudas mediante documentos del año 2019 no registrados por más de 800 mil pesos.
Debido a estas falencias, la CGR señaló un riesgo de gestión financiera deficiente, errores o posibles fraudes, exigiendo al GORE la presentación de un cronograma de medidas correctivas en un plazo de 60 días hábiles.
La respuesta del Gobierno Regional
Frente a estos antecedentes, la actual administración del Gobierno Regional encabezada por Pablo Silva Amaya enfatizó que la auditoría aludida corresponde estrictamente al estado presupuestario del año 2020, asociado a la administración de la desaparecida Intendencia Regional.
La institución subrayó que, bajo el actual mandato, los balances financieros de los años 2022, 2023 y 2024 se encuentran aprobados por el ente contralor. «La administración de nuestro Gobierno Regional cuenta con sus procesos financieros al día y la documentación aprobada por la Contraloría así lo evidencia», señalaron en su declaración pública.
Finalmente, el GORE informó que los antecedentes del informe de 2020 han sido puestos a disposición del Ministerio Público para que se indaguen las responsabilidades asociadas a la ex Intendencia.
