Este miércoles, tal como estaba programado, se llevó a cabo la audiencia donde finalmente se concretó el juicio abreviado contra el exalcalde de la comuna de San Fernando, Luis Berwart Araya, tras aceptar los cargos que el Ministerio Público le imputaba, investigación que ha estado a cargo de la fiscal Fabiola Echeverría.
Al declararse culpable, la lectura de sentencia quedó fijada para el próximo 1 de abril a las 09:00 de la mañana, donde se detallarán las multas que deberá cancelar, las inhabilidades a las que se expone, así como la cantidad de años que será condenado la ex autoridad comunal.
Cabe recordar que en su momento, la fiscal Echeverría, tras presentar la acusación en el caso CORMUSAF, en representación del Ministerio Público pedía, en caso se haber sido encontrado culpable, una pena de 35 años de cárcel por dos delitos de fraude al Fisco, uso malicioso de instrumento mercantil y soborno, además del pago de una multa por 2 mil millones de pesos.
Se trataba de delitos de fraude al Fisco, consumado y reiterado, donde se pedía la pena de 10 años un día, más multa de $ 756.790.257, y; fraude al Fisco, consumado y reiterado con una pena de 15 años y un día, más multa de $ 960.613.481; uso malicioso de instrumento mercantil, consumado y reiterado, con una pena de 5 años y un día y, multa de 15 UTM, y; por el delito de soborno, se pedían 5 años un día y, multa de $ 288.800.000.
Además, en febrero pasado, la actual administración de la Municipalidad de San Fernando presentó una nueva querella por fraude al fisco. Se investiga el presunto uso de dineros municipales para costear su propia defensa jurídica y la de otros imputados en el caso principal.
Al concretarse el juicio abreviado, el Ministerio Público solicitó una pena de 8 años de presidio, a lo que se allanó la defensa del exalcalde, además el pago de una multa que bordea los 960 millones de pesos. También se piden las penas accesorias que le prohíbe de manera perpetua postular a cargos públicos.
El Ministerio Público también solicita para resarcir los daños el pago de 20 millones de pesos a la Tesorería General de la República.
En la causa también fueron parte el Consejo de Defensa del Estado, el Servicio de Impuestos Internos y la Municipalidad de San Fernando, investigándose delitos que se cometieron mediante diversas acciones, como la creación de sociedades utilitarias para fines delictivos (empresas fantasmas), utilización de sociedades reales que no prestaron los servicios pagados y, otras como el cobro de dineros por funcionarios activos de la Corporación.
