Una denuncia ciudadana levantada por vecinos de Machalí puso en el foco la ejecución del proyecto de mejoramiento de la Avenida Sanchina -ex Escrivá de Balaguer-, luego de advertirse la presunta operación de un centro de acopio de escombros asociado a las obras, a cargo de la empresa TAPUSA S.A.
El requerimiento fue canalizado por la Unidad de Fiscalización Ciudadana de Machalí, desde donde se remitió un informe calificando los hechos como de “extrema gravedad”.
“El equipo de Fiscalización Ciudadana Machalí, liderado por el Administrador Público Hernán Rodríguez., expuso evidencia técnica e irrefutable de la operación de un acopio clandestino de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) en el sector de Alto Palermo”, indica la denuncia.
De acuerdo con los antecedentes, el acopio incluiría material como hormigón armado y fierro estructural, lo que habría motivado la activación de la Unidad de Obras Civiles del SERVIU O’Higgins para una inspección técnica en terreno.
CUESTIONAMIENTOS VECINALES
El informe ciudadano sitúa el origen del acopio al año 2023, con base en imágenes satelitales “Noviembre de 2022: el terreno se encontraba en estado natural; marzo de 2023: se inicia el acopio masivo; y entre marzo de 2024 y febrero de 2025 se consolida una plataforma de relleno de gran envergadura”, detalla el documento.
Asimismo, se advierte que la operación se estaría realizando sin cierre perimetral, sin medidas de control de polvo y sin resolución sanitaria, lo que -según los denunciantes- vulneraría normativa ambiental y urbanística vigente “La inspección ciudadana detectó un acopio masivo de hormigón armado y fierro estructural mezclado con suelo de excavación, operando sin cierre perimetral opaco, sin sistemas de humectación para el control de material particulado y, fundamentalmente, sin resolución sanitaria”, indica la denuncia.
En esa línea, el administrador público y vocero de la agrupación, Hernán Rodríguez, cuestionó la respuesta institucional “Es inaceptable que mientras el SERVIU ya activa sus unidades técnicas, la DIMAO de Machalí insista en que se deben cumplir los plazos para la respectiva denuncia y fiscalización. Estamos frente a un foco de insalubridad”.
INSPECCIÓN EN TERRENO
Tras la visita de profesionales al lugar, el SERVIU O’Higgins entregó una declaración pública en la que descartó irregularidades en los términos planteados por la denuncia. “El material acopiado no está en la faja pública; ni tampoco es efectivo que sean miles de m3 de hormigón armado”, indicó el servicio. Junto con ello, precisó que “se trata de material proveniente de las excavaciones ejecutadas en las obras de mejoramiento; es decir, material granular con diferente granulometría y se encuentra acopiado en un terreno privado (en ningún caso se trata de un acopio clandestino)”.
El organismo agregó que los residuos son gestionados conforme a la normativa. “El material calificado como escombro se traslada y deposita en la escombrera certificada para la disposición final de residuos inertes existente en la región”, detallando además que estos movimientos “se encuentran declarados en el Sistema Nacional de Declaración de Residuos (SINADER)”.
Respecto del material que permanece en el lugar, SERVIU explicó que corresponde a insumos que serán reutilizados en la misma obra. “Existe material seleccionado acopiado que se le dará uso posterior para cubrir y rellenar sectores donde se instalaron tuberías de Agua Potable de gran diámetro. Como también se utilizará para las obras del proyecto de paisajismo contratado”, precisaron.
Asimismo, informaron que el retiro del material no reutilizable y que es calificado como escombro “está siendo trasladado al lugar autorizado desde el 23 de marzo de 2026. Esta faena durará hasta retirar la totalidad de este tipo de material”.
Consultado el alcalde de Machalí, Juan Carlos Abud respecto al tema, indicó que “lo que entendemos -y lo mismo dijo Serviu- que la empresa estaría botando el escombro donde corresponde, en una empresa autorizada. No tenemos información de algún botadero ilegal. Vamos a preguntar y vamos a conversar también con los vecinos para hacerles seguimiento a esa denuncia”.
Mientras los vecinos insisten en la existencia de eventuales incumplimientos normativos y han derivado los antecedentes a distintas entidades, entre ellas el Gobierno Regional y la Contraloría, la respuesta de SERVIU marca una diferencia de interpretación sobre la naturaleza del acopio y su legalidad.
En este contexto, la ejecución de una de las principales obras viales de Machalí continúa bajo observación, en medio de un debate que tensiona la relación entre comunidad, empresa y organismos públicos. La iniciativa, iniciada el 28 de diciembre de 2022, presenta a marzo de 2026 un 46,41% de avance físico y un 46,34% financiero, cifras que evidencian un desarrollo más lento de lo proyectado inicialmente.
Con una inversión total que supera los $13.700 millones -financiada mayoritariamente por el Gobierno Regional-, el proyecto contempla la construcción de una doble calzada, ciclovías, veredas, iluminación y obras sanitarias en un tramo cercano a los 2 kilómetros.
Sin embargo, dificultades en la aprobación del proyecto de agua potable han generado importantes retrasos, impidiendo avanzar en obras clave como pavimentación y trabajos a nivel de terreno.
Actualmente, la fecha de término está fijada para el 10 de abril de 2026, aunque la empresa ejecutora solicitó una ampliación de plazo de 360 días, lo que podría extender las obras incluso hasta 2027 o más.
En este contexto, la polémica por el acopio ilegal de escombros suma presión a un proyecto que ya enfrenta cuestionamientos por su lenta ejecución y el impacto directo que ha tenido en la calidad de vida de los vecinos del sector, quienes acusan convivir diariamente con polvo, congestión y faenas inconclusas.
