Tal como estaba programado, este miércoles, el Tribunal Oral en lo Penal de San Fernando dictó sentencia en el denominado “Caso Cormusaf”, condenando al exalcalde Luis Berwart, a la pena de 8 años de presidio por los delitos de fraude al fisco y soborno.
Asimismo, el fallo estableció el pago de una multa de 960 millones de pesos y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Al llegar a juicio abreviado, se tenía conocimiento de la condena que deberá cumplir la exautoridad, sin embargo, faltaba conocerla de forma oficial con esta lectura de sentencia.
Al concretarse el juicio abreviado, el Ministerio Público solicitó una pena de 8 años de presidio, a lo que se allanó la defensa del exalcalde, además el pago de una multa de 960 millones de pesos. También se pidieron las penas accesorias que le prohíbe de manera perpetua postular a cargos públicos.
Se trata de delitos de fraude al Fisco, consumado y reiterado, donde se pedía la pena de 10 años un día, más multa de $ 756.790.257 y, fraude al Fisco, consumado y reiterado con una pena de 15 años y un día, más multa de $ 960.613.481; uso malicioso de instrumento mercantil, consumado y reiterado, con una pena de 5 años y un día y, multa de 15 UTM. Por el delito de soborno, se pedían 5 años un día y, multa de $ 288.800.000. Tras llegar a juicio abreviado y donde Berwart aceptaba los cargos, se concretó la sentencia antes mencionada.
Al respecto, la fiscal Fabiola Echeverría quien estuvo al frente de la extensa investigación, adujo que la indagatoria terminó hace bastante tiempo, pero fue necesario sortear múltiples dificultades para llegar a este momento. Adujo estar conformes con el resultado, ya que el imputado confesó los ilícitos, lo que permitió alcanzar una condena de 8 años de cumplimiento efectivo, además de una multa millonaria.
Aún quedan algunos imputados pendientes que serán llevados a juicio, ya que han manifestado su intención de enfrentar esa instancia, sostuvo.
Un número importante de los involucrados —principalmente funcionarios públicos— ya ha sido condenado a penas privativas de libertad, algunas de 7 y 6 años. También existen numerosos civiles condenados, así como otros funcionarios con menor grado de participación que igualmente recibieron sanciones. A la fecha, esta causa suma cerca de 20 personas condenadas.
Se trató de una investigación ardua, dijo la fiscal, estando conforme con los resultados, ya que lo más relevante es que se logró acreditar una situación que por años fue comentada en San Fernando: la defraudación cometida a través de la corporación municipal. Durante el proceso, indicó Echeverría, fue especialmente significativo el contacto con personas de la comuna que sufrieron directamente las consecuencias, particularmente en el área de educación, donde la falta de recursos impactó gravemente, debido a que estos dineros no llegaban a su destino, comentó la fiscal.
La estructura de la organización replicaba la jerarquía municipal, considerando que el alcalde también preside la Corporación Municipal. Los aumentos de recursos eran justificados en los concejos municipales, con la participación de algunos concejales —también condenados— que aprobaban incrementos sin respaldo real, mientras los fondos faltaban de manera sistemática.
Estos recursos, en definitiva, habrían sido destinados a fines distintos a los establecidos, incluyendo una campaña municipal y el mantenimiento de ciertas lealtades políticas.
Para la fiscal, el sistema no contaba entonces con las herramientas necesarias para enfrentar este tipo de delitos. Las modificaciones legales posteriores permitieron avanzar y lograr la identificación de los responsables.
Para Echeverría este es un ámbito que requiere ser abordado legislativamente, considerando que por años la Contraloría ha emitido numerosos informes sobre irregularidades en el funcionamiento de corporaciones municipales a nivel país. Los fondos involucrados son públicos: provienen del fisco, de los municipios y de los tributos de la ciudadanía. Por lo tanto, deben cumplir un fin público. En este contexto, el rol de la Contraloría fue clave, ya que sus informes permitieron actuar con mayor claridad y certeza sobre la existencia de ilícitos vinculados a la función pública y al uso de recursos estatales, adujo la persecutor.
