Por: Vania Vergara Subiabre y Alejo Lizana González. Directiva ASOFUOH.
La Universidad de O’Higgins (UOH) nació como una aspiración histórica de la región: contar con una universidad estatal capaz de ampliar oportunidades, fortalecer el desarrollo regional y poner el conocimiento al servicio de las personas y los territorios. Su creación fue posible gracias a la confianza de la ciudadanía y al compromiso del Estado con el desarrollo de la región de O’Higgins.
Precisamente por su carácter público, la UOH tiene una responsabilidad que trasciende a quienes circunstancialmente la dirigen. Su principal patrimonio es la confianza que la comunidad regional ha depositado en este proyecto emblemático, llamado a consolidarse y crecer de manera sostenible en el tiempo.
Hace más de dos años se anunció la implementación de una nueva escala de remuneraciones, junto con la actualización de perfiles genéricos, la homologación de cargos y la definición de los componentes remuneracionales asociados a dicho proceso. Como Asociación de Funcionarias y Funcionarios, reconocemos la importancia de que la UOH avance en el ordenamiento de su estructura de cargos y remuneraciones.
Sin embargo, una universidad pública requiere que estos procesos se desarrollen sobre la base de criterios claros, objetivos y consistentes, capaces de fortalecer la gestión interna y resguardar la confianza de su comunidad.
Las medidas presentadas por las autoridades universitarias, con el propósito de promover la equidad y ordenar administrativamente las remuneraciones, se han desarrollado sin la transparencia necesaria. El proceso ha generado diferencias de condiciones entre estamentos, ha entregado información parcial e insuficiente, ha omitido la difusión de los criterios utilizados para la homologación de grados y carece de mecanismos conocidos para su revisión. Asimismo, aunque en una etapa previa se solicitó a las y los funcionarios formular observaciones a los perfiles propuestos, hasta la fecha no existe claridad respecto de si dichas observaciones fueron consideradas, acogidas o descartadas, ni sobre los fundamentos que sustentaron esas decisiones.
ASOFUOH ha solicitado reiteradamente acceso a la matriz completa de perfiles, a los criterios de homologación y a los antecedentes técnicos utilizados para la asignación de grados. Lamentablemente, la información entregada por las autoridades universitarias ha sido insuficiente para comprender adecuadamente el proceso y verificar si las decisiones adoptadas responden efectivamente a criterios objetivos, transversales y equitativos.
Especial preocupación genera la asignación de grados en la nueva escala de remuneraciones. Los antecedentes conocidos evidencian situaciones difíciles de justificar, en las que cargos con funciones, niveles de responsabilidad, autonomía, complejidad, liderazgo e impacto institucional significativamente distintos han sido ubicados en grados equivalentes. Sin acceso a la metodología completa utilizada para estas definiciones,
surgen legítimas dudas respecto de la coherencia y equidad del proceso.
También preocupa la ausencia de un procedimiento formal de apelación, revisión o reconsideración. La asignación de perfiles, grados y componentes remuneracionales incide directamente en la trayectoria funcionaria, en las remuneraciones presentes y futuras, y en las posibilidades de desarrollo y movilidad dentro de la Universidad. Por ello, resulta indispensable contar con mecanismos transparentes, objetivos y sujetos a plazos definidos que permitan corregir eventuales inconsistencias o errores.
A ello se suma la falta de reconocimiento explícito de la antigüedad, la experiencia y la trayectoria institucional. Existen casos en que personas que han desempeñado durante años funciones complejas y de alta responsabilidad han sido ubicadas en el mismo grado que funcionarios recientemente incorporados o recién asignados a funciones similares. Esta situación genera una comprensible sensación de desvalorización del conocimiento acumulado y del aporte realizado por quienes han contribuido al crecimiento institucional desde sus primeros años.
Asimismo, persiste la incertidumbre respecto de la composición efectiva de las remuneraciones en la nueva escala. No se ha informado con claridad cómo se calculan componentes tales como la asignación universitaria, la asignación profesional, la asignación de responsabilidad superior, la asignación transitoria y otros elementos remuneracionales. Tampoco se ha explicado suficientemente qué proporción de la remuneración quedará incorporada a componentes reajustables y cuál quedará asociada a montos transitorios, compensatorios, absorbibles o no reajustables.
Este aspecto resulta particularmente relevante, ya que la creación de componentes compensatorios o transitorios puede tener efectos significativos sobre las remuneraciones futuras. Si una parte importante de los ingresos queda constituida por montos no reajustables o absorbibles, la aparente mantención de la remuneración actual podría traducirse, con el paso del tiempo, en una pérdida relativa del poder adquisitivo y en una limitación efectiva de la progresión funcionaria.
Adicionalmente, preocupa que la denominada «asignación compensatoria transitoria» parezca haberse aplicado exclusivamente al estamento funcionario. Mientras en otros casos el proceso habría operado mediante mecanismos de nivelación remuneracional al alza, en el caso de las y los funcionarios se ha incorporado un componente compensatorio que, en la práctica, deja una parte relevante de la remuneración sin reajustabilidad futura. Esta situación afecta la progresión efectiva de los ingresos y genera una diferencia estructural entre estamentos.
La legitimidad de una universidad pública no depende únicamente de la legalidad de sus actos administrativos. También se construye sobre la base de procedimientos transparentes, información accesible y mecanismos de participación que permitan comprender los criterios que sustentan las decisiones institucionales. Cuando estos
elementos son insuficientes, la confianza inevitablemente se debilita.
Como Asociación de Funcionarias y Funcionarios de la Universidad de O’Higgins, no nos oponemos a la modernización institucional ni al ordenamiento de cargos y remuneraciones. Por el contrario, creemos que estos procesos son necesarios y pueden contribuir al fortalecimiento de la Universidad. Sin embargo, para ser legítimos deben desarrollarse con transparencia, participación, verificabilidad y los mismos criterios de
justicia entre sus estamentos.. La confianza fue el fundamento sobre el cual nació este proyecto universitario. Cuidarla y fortalecerla constituye una responsabilidad compartida y una condición indispensable para su futuro.
Las autoridades universitarias tienen hoy la oportunidad y el deber de restablecer las confianzas mediante información clara, transparencia efectiva y un diálogo genuino con quienes sostienen día a día el quehacer institucional.
Lo que hoy está en juego no es únicamente la implementación de una nueva escala de remuneraciones. También está en juego la forma en que la Universidad construye sus decisiones, garantiza condiciones equitativas para sus distintos estamentos y proyecta una cultura organizacional basada en la participación, la transparencia, la confianza y el respeto por la trayectoria de sus funcionarias y funcionarios.
El futuro de la Universidad exige transparencia, equidad, participación y reconocimiento a la experiencia y al compromiso de quienes han contribuido a construir esta institución.
