En Chile hace rato la motocicleta dejó de ser un vehículo de nicho para convertirse en una herramienta clave para miles de personas. Sin embargo, el crecimiento de sus ventas no ha sido acompañado por una infraestructura de formación adecuada, dejando a los nuevos conductores en un vacío educativo.
En los últimos siete años, Chile ha comercializado casi 300 mil motocicletas, alcanzando exactamente las 297.843 unidades entre 2018 y 2025. De este total, el segmento de motos de calle representa el 87% de las ventas, con 260.435 unidades, lo que refleja su predominio tanto en zonas urbanas como rurales. Esta tendencia se ve respaldada por el interés digital; según datos de Chileautos, plataforma donde se encuentran unidades nuevas y seminuevas, e realizaron más de 2 millones de búsquedas de motocicletas entre enero y mayo de 2026, motivadas principalmente por el ahorro y la eficiencia en el transporte.
Incluso en regiones como O’Higgins, el mercado muestra un dinamismo sorprendente con un crecimiento del 20% en las ventas entre mayo de 2025 y mayo de 2026. No obstante, este entusiasmo por las dos ruedas contrasta con una realidad alarmante: el país cuenta actualmente con apenas dos escuelas certificadas para enseñar a conducir motocicletas, y ambas se encuentran ubicadas exclusivamente en Santiago.
UNA BRECHA ESTRUCTURAL
La disparidad en el sistema de seguridad vial es evidente al comparar la oferta educativa. Mientras que para los automóviles existen más de 650 escuelas de conducción acreditadas por CONASET, quienes buscan una formación profesional y segura para motocicletas solo tienen dos opciones legales en todo el territorio nacional.
Para Alejandra Álvarez, la primera mujer acreditada en Chile como instructora de motos y directora de Women Riders Chile, el problema no es la falta de instructores preparados, sino la burocracia. El proceso de certificación para nuevas escuelas es calificado como lento, costoso y poco claro, con trámites que pueden extenderse por meses y criterios que no son uniformes entre las autoridades. Además, se exigen seguros de responsabilidad civil de hasta 1.000 UF por vehículo, un requisito diseñado originalmente para licencias profesionales de camiones o buses y que no se ajusta a la instrucción práctica en recintos cerrados para motos.
ANIM PIDE REVERTIR LA CRISIS
Ante este escenario, la Asociación Nacional de Importadores de Motocicletas (ANIM) ha hecho un llamado urgente para modificar las normativas vigentes y fomentar la seguridad vial. Las principales demandas del gremio para revertir esta situación son revisar y eliminar las barreras regulatorias que hoy dificultan o desincentivan la apertura de nuevas escuelas especializadas en todo el país; ajustar las exigencias administrativas y operativas a la realidad de la formación de motociclistas, simplificando los requisitos de infraestructura y autorizaciones; modificar la exigencia de seguros, eliminando la obligación de pólizas de 1.000 UF por vehículo para la enseñanza en circuitos privados, ya que esto encarece excesivamente los proyectos educativos.
Además, piden unificar los criterios de las autoridades para evitar interpretaciones contradictorias sobre las competencias en la instalación y operación de centros de formación, brindando así mayor certidumbre a los emprendedores del sector. Finalmente, esperan la descentralización la formación, generando condiciones que permitan ampliar la cobertura de escuelas hacia regiones para que los conductores fuera de la capital no queden excluidos de la capacitación profesional.
