La mañana comenzó en la Plaza de Los Héroes de Rancagua, exactamente en el mismo lugar donde, hace 55 años, el Presidente Salvador Allende encabezó la ceremonia de la nacionalización del cobre. Allí, el Partido Socialista conmemoró uno de los hitos políticos más relevantes de la historia reciente de Chile.

Finalizado el acto, la presidenta nacional del Partido Socialista y senadora por el Maule, Paulina Vodanovic Rojas, llegó hasta las oficinas de El Rancagüino acompañada por el senador Juan Luis Castro y el consejero regional Mauricio Valderrama. La visita incluyó un recorrido por el archivo histórico del diario, donde revisó la cobertura realizada por este medio a la histórica jornada del 11 de julio de 1971.

Pero también hubo tiempo para una conversación que, más que centrarse en la contingencia inmediata, terminó transformándose en una reflexión sobre el rol del Estado, el desarrollo de las regiones, la descentralización y las diferencias ideológicas que hoy marcan el debate político. En la semana en que el Congreso se prepara para votar la denominada mega reforma tributaria impulsada por el Gobierno, la entrevista ofrece una mirada que trasciende la coyuntura y permite comprender la visión del Partido Socialista sobre el Estado, el desarrollo regional y el modelo de país que propone para Chile.

La entrevista que sigue fue editada únicamente con criterios periodísticos de claridad y fluidez. Se eliminaron muletillas, repeticiones e interrupciones propias del lenguaje oral, pero ninguna de las preguntas ni de las respuestas fue alterada en su contenido. Asimismo, el orden en que se presentan los distintos pasajes no corresponde necesariamente a la secuencia cronológica en que ocurrieron durante la entrevista. Para facilitar su lectura, los temas fueron agrupados por materias, respetando íntegramente el sentido de cada intervención.

 El cobre, 55 años después: una conversación sobre el Estado

La conversación comenzó inevitablemente con la ceremonia realizada esa mañana en la Plaza de Los Héroes. El Partido Socialista había conmemorado los 55 años de la nacionalización del cobre en el mismo lugar donde el Presidente Salvador Allende encabezó el histórico acto de 1971. Sin embargo, bastaron un par de preguntas para que el recuerdo histórico diera paso a una reflexión mucho más amplia: cuál debe ser el papel del Estado en el Chile de hoy y cómo esa visión continúa marcando las diferencias entre los distintos proyectos políticos.

Pregunta: Senadora, el motivo de su visita a la Región de O’Higgins fue precisamente participar en la conmemoración de los 55 años de la nacionalización del cobre. ¿Qué significado tiene para usted haber estado esta mañana en la Plaza de Los Héroes?

Respuesta: Estoy muy contenta y también emocionada de haber estado acá como presidenta del Partido Socialista de Chile. Estar en la Plaza de Rancagua, justamente donde hace 55 años se firmó el decreto de la nacionalización del cobre, tiene un profundo significado.

Fue un hecho único, transversal y aprobado por unanimidad por el Congreso Nacional, que entendió la necesidad soberana de que el cobre pasara a ser un activo de todos los chilenos.

Pregunta: Han pasado 55 años desde entonces. ¿Cómo observa hoy esa decisión, considerando el escenario que enfrenta actualmente la minería y las dificultades que atraviesa Codelco?

Respuesta: Más que la actividad minera en sí, me preocupa la visión que hoy existe respecto del Estado.

Cuando escuchamos al ministro de Hacienda decir que el Estado está para generar condiciones favorables para las empresas, esa mirada es muy distinta de la que nosotros defendemos. El Estado debe estar al servicio de las personas, garantizando seguridad social, seguridad económica y seguridad ciudadana, que hoy es una de las principales preocupaciones del país.

Son visiones de Estado muy distintas y, cuando las soluciones se plantean desde una sola perspectiva, cuesta construir acuerdos nacionales.

Reforma tributaria: cómo financiar el Estado

La reflexión sobre el rol del Estado condujo naturalmente a una pregunta inevitable: cómo financiar ese modelo. En una semana clave para la tramitación de la denominada mega reforma tributaria impulsada por el Gobierno, la conversación se trasladó desde los principios hacia los instrumentos, dando paso a un intercambio sobre el diagnóstico fiscal, las diferencias con el Ejecutivo y las alternativas que, según la presidenta del Partido Socialista, debieron incorporarse al proyecto.

Pregunta: Pero para cumplir ese rol del Estado también se necesitan recursos.

Respuesta: Por supuesto. Justamente por eso creemos que la reforma que ha planteado el Gobierno es inconsistente.

El propio Consejo Fiscal Autónomo ha advertido que el país enfrenta una situación de estrés fiscal y que estamos llegando al límite del endeudamiento. Por esa razón, los senadores socialistas votamos en contra del proyecto que autorizaba un mayor endeudamiento del país.

Lo que corresponde es buscar nuevas fuentes de ingresos fiscales y no impulsar una reforma que termina recaudando menos. Ahí existe una contradicción entre el diagnóstico que hace el Gobierno y la solución que propone.

Pregunta: Entonces, ¿qué alternativa plantean ustedes?

Respuesta: En la Comisión de Hacienda escuchamos a 49 organizaciones y prácticamente todas coincidieron en que el proyecto tenía problemas de financiamiento. En otras palabras, comprometía más gasto del que realmente podía sostener.

De hecho, el propio Gobierno retiró el crédito al empleo y redujo de 400 a 150 millones de dólares otro subsidio relacionado con el empleo y la exportación de servicios. Eso demuestra que se trata de un proyecto desfinanciado y que no genera una mayor recaudación.

Por eso los socialistas planteamos que, si el objetivo era recuperar el crecimiento, acercarnos a los estándares de la OCDE y mejorar la competitividad, también debían buscarse mecanismos alternativos para recaudar recursos. Lamentablemente, eso no prosperó y votamos en contra del proyecto en la Comisión de Hacienda.

Pregunta: ¿Cuáles eran esas otras vías? Porque da la impresión de que la alternativa es aprobar lo que propone el Gobierno o no hacer nada.

Respuesta: Nosotros, como senadores socialistas, presentamos al Gobierno una propuesta concreta que contemplaba distintas compensaciones.

Si se reducen los impuestos a las empresas y se vuelve a un sistema integrado, los propietarios de esas empresas terminan pagando menos impuestos porque el impuesto de primera categoría puede utilizarse posteriormente como crédito en el impuesto personal.

Nuestra propuesta era distinta: bajar el impuesto corporativo para dejarlo en niveles comparables con los países de la OCDE, pero manteniendo un sistema en que los dueños de las empresas siguieran pagando los impuestos que les corresponden.

Además, planteamos fortalecer la investigación y el desarrollo como una política prioritaria para el país; impulsar un fast track para proyectos de inversión que hoy enfrentan trabas regulatorias; y desarrollar una estrategia nacional de empleo que considerara tanto el empleo privado como el empleo público, incorporando también una modernización del Estado.

Nuestras propuestas iban bastante más allá del contenido de la reforma presentada por el Gobierno. Sin embargo, no hubo interés en incorporarlas.

¿Quiénes son «los dueños de las empresas»?

La conversación dio entonces un giro hacia uno de los conceptos más repetidos durante el debate tributario: «los dueños de las empresas». Más allá de las cifras, el intercambio se centró en precisar a quiénes beneficia realmente la reforma y cómo interpreta el Partido Socialista los cambios propuestos al sistema integrado. Fue uno de los pasajes más extensos y conceptuales de la entrevista.

Pregunta: Usted habla de los dueños de las empresas. ¿Quiénes son exactamente? Porque cuando se habla de eso uno piensa en el accionista de una gran compañía, pero también en el dueño de la panadería de la esquina.

Respuesta: Los dueños de las empresas son las personas naturales, no las sociedades. Lo que hoy se propone es bajar el impuesto de primera categoría, es decir, el impuesto que pagan las empresas, desde el 27% al 23%.

Después, el propietario de esa empresa paga su impuesto como persona natural, el impuesto global complementario. Con el sistema integrado, ese impuesto que ya pagó la empresa puede imputarse como crédito en el impuesto personal.

En otras palabras, el impuesto entra por un lado y luego se descuenta por el otro. Ese es el funcionamiento del sistema integrado.

Pregunta: Pero el dueño de una empresa puede ser tanto el accionista de una gran compañía como el dueño de una panadería de barrio.

Respuesta: Por supuesto. Pero el dueño de la panadería no va a pagar el mismo impuesto que el propietario de una gran empresa, porque existen distintas escalas tributarias.

El sistema está diseñado de acuerdo con los ingresos de cada persona. En Chile hay una cantidad importante de personas que no pagan impuesto a la renta.

Sin embargo, todos pagamos un impuesto regresivo como es el IVA. Cada vez que compramos pan estamos pagando un 19% de IVA.

Por eso también creo que esta reforma tiene componentes regresivos.

Pregunta: ¿En qué sentido?

Respuesta: Por ejemplo, en el tema de las contribuciones. Se plantea eximir del pago a personas mayores de 65 años que, en muchos casos, tienen los recursos suficientes para pagarlas. Esa medida termina afectando directamente los ingresos de los municipios.

Los municipios tienen tres fuentes principales de financiamiento: las patentes, las multas y las contribuciones. Si se reduce esa recaudación, inevitablemente se genera un problema para su funcionamiento.

Por eso la discusión no puede limitarse solamente a la rebaja de impuestos. También hay que preguntarse cómo se financian las instituciones que prestan servicios a las personas.

 

Contribuciones, municipios y el alliance de las exenciones

La discusión sobre el sistema tributario derivó de manera natural hacia otro de los temas que ha marcado el debate de la reforma: las contribuciones. A partir de una pregunta sobre la conveniencia de eximir de ese pago a las personas mayores de 65 años, la conversación se trasladó al impacto que una medida de ese tipo podría tener sobre las finanzas municipales y al equilibrio entre apoyo social y sostenibilidad fiscal.

Pregunta: ¿No cree que, en el fondo, son dos discusiones distintas? Una es el financiamiento de los municipios y otra la pertinencia de que las personas mayores de 65 años paguen o no contribuciones por su primera vivienda.

Respuesta: Son discusiones distintas, pero una tiene consecuencias sobre la otra. Eximir del pago de contribuciones a todas las personas mayores de 65 años genera un impacto importante.

Lo que plantearon los alcaldes fue establecer límites tanto de ingresos como de avalúo fiscal de la propiedad. Se hablaba, por ejemplo, de un avalúo cercano a los 250 millones de pesos. Todo eso es discutible.

Lamentablemente, en este punto no ha sido posible dialogar con el Gobierno porque consideran que es un tema intransable y de carácter ideológico. Para ellos, las contribuciones constituyen un impuesto al patrimonio que no debiera existir.

Pregunta: Pero también existen personas mayores que tienen una propiedad de cierto valor y que hoy no cuentan con ingresos suficientes para pagar esas contribuciones.

Respuesta: Claro, y todos conocemos casos así. Personas que en algún momento tuvieron un buen pasar, pero que hoy, producto de sus jubilaciones o de su situación económica, no pueden afrontar ese gasto.

Sin embargo, hoy existen mecanismos que permiten eximirlas o rebajar proporcionalmente ese pago. Por lo tanto, si realmente se quiere ayudar a quienes no pueden pagar las contribuciones, es posible hacerlo con un costo mucho menor para el Estado.

Por eso creo que aquí existe una mirada más bien ideológica, que termina generando problemas especialmente para los municipios con mayores ingresos propios.

Pregunta: ¿Por qué?

Respuesta: Porque esos municipios dejarían de percibir recursos que hoy financian una parte importante de su funcionamiento.

Los municipios que reciben recursos del Fondo Común Municipal tendrán mecanismos de compensación, pero hay alrededor de doce comunas que dependen en mayor medida de sus ingresos propios y que verían afectada su capacidad financiera.

Nosotros compartimos la preocupación que han manifestado muchos alcaldes, porque la autonomía que la Constitución reconoce a los municipios también requiere contar con fuentes estables de financiamiento.

La discusión, entonces, no es solamente si corresponde o no eximir del pago de contribuciones a un determinado grupo de personas. También hay que analizar cuáles serán las consecuencias que esa decisión tendrá para los gobiernos comunales y, en definitiva, para los servicios que reciben los vecinos.

‘Santiago no es Chile’: desempleo, pobreza y una mirada desde las regiones

Superado el debate tributario, la conversación volvió al territorio. La situación económica que enfrenta O’Higgins abrió un diálogo sobre desempleo, pobreza y desarrollo regional, permitiendo a la senadora establecer un paralelo entre la realidad de esta región y la del Maule, al tiempo que planteó la necesidad de construir estrategias que vayan más allá de los límites administrativos.

Pregunta: Llevándolo a la realidad económica regional, usted representa al Maule, pero en O’Higgins estamos viviendo una situación económica bastante compleja.

Respuesta: Padecemos los mismos dolores.

Pregunta: Incluso los indicadores muestran que la situación es más compleja que en Santiago.

Respuesta: Por supuesto. Santiago no es Chile; los problemas están en las regiones.

Pregunta: En O’Higgins estamos enfrentando uno de los niveles de desempleo más altos de las últimas décadas.

Respuesta: Así es. Entiendo que en el Maule las cifras incluso son mayores. En O’Higgins están levemente sobre el promedio nacional, mientras que nosotros superamos el 10% y, en el caso de las mujeres, llegamos al 11,8%.

Pero más allá de comparar cifras, también preocupa la pobreza. La encuesta Casen muestra una pobreza por ingresos cercana al 17%, es decir, personas que no cuentan con recursos suficientes para vivir dignamente.

Además, esa pobreza tiene rostro de mujer y de mujer rural. En ese sentido, O’Higgins y el Maule comparten una realidad muy similar.

Pregunta: Ambas regiones también comparten una estructura productiva muy parecida.

Respuesta: Exactamente. Tenemos la fortuna de contar con una importante agroindustria, con la agricultura y con la producción vitivinícola. Son actividades que generan identidad y desarrollo, pero también requieren una estrategia de largo plazo.

Creo que deberíamos avanzar hacia una mirada conjunta. El límite administrativo entre ambas regiones no debiera impedir trabajar como una macrozona con soluciones comunes en materia tecnológica, educacional y productiva.

Sueño con que no solo las instituciones conversen entre sí, sino que también los territorios desarrollen soluciones compartidas, aunque pertenezcan a regiones distintas.

Pregunta: Es innegable, por ejemplo, la interconexión que existe entre Curicó y Colchagua.

Respuesta: Así es.

Pregunta: ¿Cómo hacer para que desde el nivel nacional se comprenda mejor la realidad local y las soluciones lleguen efectivamente a las personas que hoy viven estas dificultades?

Respuesta: Hace unos días participé en un encuentro nacional de consejeros regionales en Valparaíso, donde expuse precisamente sobre la autonomía regional y el rol de los gobiernos regionales.

Hoy tienen muy pocas posibilidades de ejecutar sus propios presupuestos. Siempre digo que esto es como darles una mesada. No pueden disponer de los recursos sin autorización de la Dirección de Presupuestos. En estricto rigor, los gobiernos regionales no tienen recursos propios; deben solicitarlos cada vez que necesitan ejecutarlos.

Incluso cuando esos recursos ya fueron aprobados en la Ley de Presupuestos, deben volver a realizar distintos trámites. Hoy, por ejemplo, muchos programas de empleo están retrasados porque la Dipres aún no libera los recursos.

Eso limita no solo la ejecución presupuestaria, sino también la capacidad de responder oportunamente a las necesidades de las personas.

El invierno en las zonas agrícolas es especialmente duro y requiere respuestas rápidas. El Estado debe estar preparado para actuar cuando falta lluvia, cuando llueve en exceso o cuando ocurren emergencias.

Fíjese que el 11 de julio de 1971, cuando el Presidente Salvador Allende estuvo aquí, hizo referencia en su discurso a los temporales que habían afectado al país pocos días antes y a la gran cantidad de damnificados que habían dejado.

Chile siempre ha sido un país que enfrenta emergencias y, al mismo tiempo, un país resiliente. Pero necesitamos tener la certeza de que las ayudas llegarán oportunamente. El Estado tiene que estar presente para quienes realmente lo necesitan.

Descentralización: «No se trata de darle más poder al gobernador»

Si la situación económica de las regiones fue uno de los ejes de la conversación, la descentralización apareció como la consecuencia natural del diagnóstico. Sin embargo, el intercambio fue más allá del discurso habitual sobre la necesidad de entregar mayores atribuciones a las regiones. La discusión se centró en cómo fortalecer la institucionalidad regional sin reemplazar un centralismo por otro, abordando el papel de los gobernadores, los consejeros regionales, los delegados presidenciales y la capacidad real de decisión que hoy tienen las regiones.

Pregunta: Eso lleva también al tema de la descentralización. ¿Cuánto falta para seguir avanzando en ese proceso?

Respuesta: Ese fue precisamente uno de los principales planteamientos de los consejeros regionales con los que me reuní hace algunos días.

Siempre he mantenido una relación muy cercana con distintos gobernadores regionales, entre ellos Pablo Silva, en O’Higgins, quien además presidió la Asociación de Gobernadores Regionales. Son autoridades que permanentemente están resolviendo problemas que finalmente afectan a las personas.

Cuando hablamos de fortalecer a las regiones entendemos que Chile seguirá siendo un Estado unitario. No se trata de otorgar una autonomía absoluta, pero sí de permitir que las regiones puedan tomar decisiones y ejecutar sus propias estrategias de desarrollo.

Las estrategias regionales son fundamentales, pero también deben contar con recursos y con la capacidad de ejecutarlos oportunamente. No basta con elaborar documentos; las personas necesitan ver resultados concretos.

En distintas regiones se han desarrollado experiencias interesantes, como las aceleradoras de proyectos para agilizar inversiones a través de corporaciones regionales. Son iniciativas que perfectamente podrían replicarse en otras partes del país.

Pregunta: Sin embargo, algunos sostienen que no necesariamente hay que entregar más atribuciones a los gobernadores. En el fondo, cambiamos un centralismo nacional por un centralismo regional, porque el gobernador tampoco tiene un contrapeso efectivo. Incluso el Consejo Regional, aunque vote por unanimidad, no puede imponer una decisión al gobernador.

Respuesta: Es un punto válido, pero creo que el debate no pasa por darle más poder al gobernador como persona. Lo que hay que fortalecer es al gobierno regional como institución.

Debe existir una estructura regional con mayor capacidad para administrar los recursos y responder con mayor rapidez, pero sin disminuir los controles. Al contrario, ojalá existan controles preventivos y no solamente posteriores a través de la Contraloría.

Aquí hay muchos temas que requieren voluntad política y esa voluntad, sinceramente, ha faltado en distintos gobiernos.

Durante el Gobierno del Presidente Boric se anunció que desaparecerían los delegados presidenciales y eso finalmente no ocurrió. Esa es una de las críticas permanentes de los gobernadores, porque hoy existe una dualidad de autoridades que, de alguna manera, también responde al carácter unitario del Estado.

El delegado presidencial coordina la acción de los ministerios en la región y es el jefe de los seremis. Ahí se producen muchas veces duplicidades de funciones que deberíamos revisar.

Pregunta: ¿Qué otros cambios considera necesarios?

Respuesta: También está el tema de las transferencias de competencias, que para algunos gobernadores ha sido una prioridad, mientras que otros ni siquiera las han solicitado.

Pero hay otro aspecto que me parece importante: el sistema de los seremis es bastante limitado. En muchos casos tienen poca capacidad real de decisión y terminan actuando más como ejecutores administrativos que como autoridades con verdadera capacidad para resolver problemas.

Es muy difícil que un ministro, desde Santiago, conozca la realidad cotidiana de las regiones. A lo mejor puede tener una noción de lo que ocurre en Rancagua por ser la capital regional, pero difícilmente sabrá cuáles son las necesidades específicas de comunas como Las Cabras o de tantas otras localidades más apartadas.

Ahí cobra una enorme importancia el trabajo territorial que realizan alcaldes, parlamentarios y autoridades regionales.

Pregunta: En ese contexto, ¿qué papel cumplen los representantes elegidos por la ciudadanía?

Respuesta: Cumplen un papel fundamental. Esa conexión con el territorio permite que los problemas reales lleguen a Santiago.

Veo, por ejemplo, el trabajo que realiza el senador Juan Luis Castro recorriendo permanentemente la región y atendiendo a las personas, tanto acá como cuando llegan a Valparaíso para plantearle sus problemas.

Ese vínculo permanente con la ciudadanía es el que permite visibilizar las necesidades del territorio. Lo mismo ocurre con los diputados, los alcaldes y los consejeros regionales.

Todas las autoridades deben coordinarse para instalar los proyectos y las prioridades de la región, especialmente en las comunas más alejadas, porque la realidad rural es muy distinta de la urbana.

No son los mismos desafíos los de una comuna agrícola que los de una ciudad. Tampoco son iguales los problemas de la industria, de la agricultura o de los crianceros. Ayer mismo veía al senador Juan Luis Castro reunido con ellos y es una realidad muy invisibilizada, pero también muy compleja.

Cada territorio tiene necesidades distintas y las políticas públicas deben ser capaces de reconocer esas diferencias.

 

La política también necesita tiempo

Tras recorrer los grandes temas de fondo —el rol del Estado, el desarrollo regional, la descentralización y el financiamiento público— la conversación volvió a la contingencia. En una semana decisiva para la tramitación de la denominada mega reforma tributaria, la senadora cuestionó no solo el contenido del proyecto, sino también la forma en que se estaba desarrollando su discusión en el Congreso. Más que una crítica al articulado, planteó una reflexión sobre los tiempos que requiere el debate legislativo cuando se trata de reformas estructurales.

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Pregunta: Para ir cerrando, la tramitación de la reforma cambia prácticamente todos los días. ¿Cómo ve lo que viene la próxima semana?

Respuesta: Lamentablemente, la tramitación no ha cambiado mucho. El Gobierno se empecinó en sacar adelante este proyecto en un tiempo récord y creo que nunca habíamos visto una discusión legislativa de esta forma.

Ayer, por ejemplo, ni siquiera pudimos revisar adecuadamente el comparado, que es el documento donde aparecen todas las normas e indicaciones presentadas tanto por el Gobierno como por los parlamentarios. Eran cerca de 800 páginas.

Ni siquiera alcanzamos a imprimirlo y tuvimos que revisarlo en pantalla, votando artículo por artículo a una velocidad muy rápida, sin tener una visión completa del proyecto.

Por eso le pedimos al presidente de la Comisión de Hacienda, el senador Javier Macaya, que pudiéramos pausar un poco la discusión para estudiar el proyecto con mayor profundidad.

Finalmente, la discusión fue muy rápida y los dos senadores socialistas votamos en contra de la rebaja del impuesto corporativo porque consideramos que no existe una compensación adecuada.

El próximo lunes continuará la discusión del resto del proyecto. El primer artículo que se votará será el de la invariabilidad tributaria y también votaremos en contra.

Pregunta: Sin embargo, todo indica que el Gobierno cuenta con los votos necesarios para aprobar la reforma.

Respuesta: El Gobierno siempre sostuvo que le bastaba un voto adicional y ese voto lo tiene.

Pregunta: Entonces, continuará un nuevo capítulo de esta discusión.

Respuesta: Así parece.

Una periodista de Santiago me escribió diciéndome que, en lugar de «invariabilidad tributaria», había escrito «inviabilidad tributaria». La verdad es que, viendo cómo se ha desarrollado esta discusión, el lapsus refleja bastante bien lo que está ocurriendo.

La conversación concluyó con una reflexión sobre el debate legislativo y el rol del Estado, cerrando un recorrido que comenzó con la conmemoración de los 55 años de la nacionalización del cobre y terminó abordando la visión del Partido Socialista sobre los principales desafíos políticos, económicos y regionales del país.