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Educadora Diferencial, Magíster en Psicología Educacional y Doctoranda en Ciencias de la Educación.
Quiero comenzar esta reflexión estableciendo mi posición sin ambigüedades: estoy de acuerdo con modificar el Sistema de Admisión Escolar. Estoy de acuerdo con recuperar el mérito como uno de los criterios posibles de admisión y, desde mi perspectiva académica, creo que debemos avanzar hacia una mayor autonomía de los establecimientos para definir sus propios sistemas de admisión, dentro de un marco legal que resguarde los derechos fundamentales y evite toda discriminación arbitraria.
Después de una década de funcionamiento del modelo, corresponde evaluarlo por sus resultados y no defenderlo únicamente por las intenciones que estuvieron detrás de su creación. Si la evidencia recogida durante estos años muestra efectos negativos o problemas para los establecimientos, la respuesta responsable de la política pública debe ser corregir.
Mi posición va incluso un poco más allá de la modificación actualmente propuesta: creo en la protección de los proyectos educativos y en devolver autoridad y autonomía a las comunidades escolares.
Una familia debería tener derecho a buscar un establecimiento cuyo proyecto educativo represente sus expectativas, principios y aspiraciones para sus hijos. Del mismo modo, un establecimiento debería poder preservar y desarrollar aquello que constituye la identidad de su proyecto educativo, mediante criterios transparentes, objetivos y conocidos por las familias.
Esto no significa defender la discriminación.
Significa defender la diversidad educativa.
La propuesta de avanzar hacia un sistema mixto, manteniendo una plataforma centralizada pero incorporando mecanismos que permitan considerar elementos como el mérito académico desde séptimo básico, la adhesión al proyecto educativo, la cercanía o determinados vínculos con la comunidad escolar, constituye, en mi opinión, un avance.
Y aquí quiero ser particularmente clara respecto de una afirmación que ha comenzado a instalarse en esta discusión: recuperar el mérito no significa terminar con la inclusión.
Mucho menos significa quitarles sus derechos a los estudiantes con necesidades educativas especiales.
La discusión sobre los resguardos para estos estudiantes es anterior. Ya en 2019, la Biblioteca del Congreso Nacional daba cuenta de una propuesta destinada a incorporar como prioridad a niños y niñas con necesidades educativas especiales permanentes que postularan a establecimientos adscritos al Programa de Integración Escolar (PIE), contemplándose dos cupos reservados bajo ese criterio.
Asimismo, el SAE descrito entonces funcionaba mediante prioridades legales y recurría al mecanismo aleatorio cuando correspondía desempatar postulantes situados en una misma prioridad.
Por eso, si la modificación actual mantiene los resguardos establecidos para estudiantes prioritarios y para estudiantes con necesidades educativas especiales o discapacidad, no corresponde construir la discusión como si Chile tuviera que escoger entre mérito e inclusión.
Podemos tener mérito y protección.
Podemos tener autonomía y regulación.
Podemos defender los proyectos educativos y, simultáneamente, proteger a quienes requieren mayores apoyos.
El problema que casi nadie está mirando
Existe, sin embargo, una realidad que desde la educación especial debemos poner sobre la mesa.
Durante años hemos confundido admisión con inclusión.
El SAE puede determinar dónde existe una vacante y mediante qué mecanismo se asigna. De hecho, la propia BCN define el sistema precisamente como un mecanismo obligatorio de asignación de vacantes en aquellos establecimientos subvencionados donde las postulaciones superan los cupos disponibles.
Pero ningún algoritmo puede garantizar que, después de obtenida esa vacante, el establecimiento tenga las condiciones para responder adecuadamente a ese estudiante.
Y esto tiene consecuencias especialmente delicadas cuando hablamos de necesidades educativas especiales permanentes.
Quienes trabajamos vinculados a la educación especial observamos una realidad que merece ser estudiada con mucha mayor profundidad: jóvenes con necesidades educativas especiales permanentes que llegan a los últimos años de enseñanza media y cuyas familias comienzan a buscar una escuela especial como alternativa para continuar una trayectoria educativa y formativa que responda mejor a sus necesidades y a su transición hacia la vida adulta.
Aquí aparece una paradoja que el sistema debe revisar.
Existen jóvenes que no completan formalmente cuarto medio antes de ingresar a una escuela especial precisamente porque, una vez finalizada la enseñanza media, se restringen sus posibilidades de incorporarse posteriormente a esta modalidad. En la educación especial pueden continuar desarrollando procesos formativos vinculados a autonomía, habilidades funcionales, preparación laboral y vida adulta hasta las edades que contempla su normativa.
Este fenómeno merece ser visibilizado y estudiado con datos nacionales. No corresponde atribuirlo automáticamente a una única causa, pero sí preguntarnos cuánto ha influido un modelo que durante años entendió la inclusión principalmente como el acceso de un estudiante a un establecimiento regular, sin evaluar suficientemente si ese establecimiento constituía la mejor respuesta educativa para sus necesidades permanentes.
Porque ahí está la gran contradicción.
Podemos celebrar que un estudiante consiguió un cupo.
¿Pero qué ocurrió con él diez años después?
¿Aprendió? ¿Desarrolló autonomía? ¿Tuvo comunicación funcional? ¿Adquirió competencias para desenvolverse en su comunidad? ¿Tuvo una preparación laboral? ¿Construimos junto a su familia una transición adecuada hacia la vida adulta?
Si al final de su trayectoria la familia debe buscar desesperadamente otra modalidad educativa para encontrar los apoyos que el estudiante necesita, entonces debemos atrevernos a preguntarnos si aquello que durante años contabilizamos como inclusión fue realmente inclusión.
Un cupo no es inclusión
Ésta es precisamente la razón por la que apoyo modificar el SAE.
No porque crea que todos los estudiantes deben ser seleccionados por sus notas.
No porque crea que el mérito académico sea la única expresión del mérito humano.
Y mucho menos porque crea que los estudiantes con discapacidad deban tener menos oportunidades.
Lo apoyo porque considero que un sistema educativo verdaderamente diverso necesita reconocer también la diversidad de sus proyectos educativos y devolver capacidad de decisión a las comunidades escolares y a las familias.
La escuela regular no es inclusiva simplemente porque sea regular.
Un PIE no garantiza inclusión solamente porque exista administrativamente.
Y una escuela especial no se transforma en segregadora simplemente porque sea especial.
La pregunta correcta es mucho más exigente:
¿Dónde puede este estudiante desarrollar de mejor manera sus capacidades y construir un proyecto de vida?
Para algunos jóvenes, ese proyecto estará orientado fuertemente hacia el rendimiento académico y la educación superior. Para otros implicará desarrollar comunicación, autonomía, habilidades sociales, competencias laborales, manejo de dinero, movilidad, utilización del transporte público y participación comunitaria.
Ambos tienen derecho a recibir una educación de excelencia.
Pero excelencia no significa necesariamente lo mismo para todos.
Por eso defiendo una educación multimodal: escuelas regulares fortalecidas, Programas de Integración Escolar técnicamente sólidos y escuelas especiales altamente especializadas. No necesitamos destruir una modalidad para legitimar otra.
Necesitamos que cada una haga bien aquello para lo que existe.
Y necesitamos devolver a las familias la posibilidad de decidir, con información y acompañamiento profesional, qué proyecto educativo responde mejor a las características de sus hijos.
Después de diez años, Chile tiene derecho a revisar el SAE. Corregir una política pública después de evaluar sus resultados no constituye un retroceso. Por el contrario, es precisamente lo que corresponde hacer cuando una política pública demuestra aspectos que necesitan ser perfeccionados.
Por eso estoy a favor de modificar el SAE, de recuperar el mérito como un criterio legítimo y de avanzar hacia una mayor autonomía de los establecimientos para proteger sus proyectos educativos, manteniendo siempre los resguardos que corresponden para estudiantes prioritarios y para quienes presentan necesidades educativas especiales o discapacidad.
Pero también espero que esta discusión nos permita ir mucho más lejos.
Porque durante demasiado tiempo hemos discutido cómo entra un estudiante a una escuela.
Quizás llegó el momento de preocuparnos con la misma intensidad por qué sucede con ese estudiante una vez que está dentro y qué ocurrirá con su vida cuando salga de ella.
La admisión entrega una vacante.
La verdadera inclusión debe entregar un proyecto de vida.
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