Los ataques de perros al ganado que afectan a pequeños productores del secano costero llevaron a la realización de un operativo de fiscalización en sectores rurales de Marchigüe y Chépica, donde distintos organismos públicos revisaron las condiciones de tenencia de mascotas y el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley 21.020, conocida como Ley Cholito.
El operativo fue encabezado por la Seremi de Agricultura de O’Higgins, junto al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), la Corporación Nacional Forestal (Conaf), Carabineros y equipos de seguridad municipal, con participación de autoridades comunales y provinciales.
La fiscalización tuvo como uno de sus objetivos revisar que los animales de compañía permanezcan bajo control de sus propietarios y no puedan escapar hacia la vía pública o predios vecinos. Para ello se verificaron, entre otros aspectos, las condiciones de los cierres perimetrales y la inscripción de las mascotas en el sistema de identificación mediante microchip.
Un nuevo ataque durante el operativo
La gravedad del problema quedó expuesta durante la propia jornada. En el sector de Piuchén, en Marchigüe, la agricultora Irene Contreras sufrió un nuevo ataque a sus animales, que dejó una oveja herida y cuatro corderos muertos.
“Cuando me levanté encontré una oveja herida y cuatro corderos muertos, es una pena ver esto, me afecta mucho”, relató.
Para los pequeños productores, este tipo de ataques representa no solo la pérdida de animales, sino también un impacto económico que puede afectar directamente sus medios de subsistencia.
El seremi de Agricultura, Carlos Valdés, señaló que la fiscalización permite conocer directamente la situación que enfrentan los agricultores y recordó que la normativa establece responsabilidades para los propietarios.
“En esto la normativa es clara: el dueño es responsable de los daños que el perro cause a terceros o a la propiedad, incluyendo ataques a ganado vecino”, afirmó.
La Ley 21.020 establece obligaciones para quienes mantienen animales de compañía, entre ellas adoptar medidas para evitar que estos puedan causar daños o molestias a terceros. Por ello, las autoridades revisaron durante el operativo si las mascotas contaban con condiciones adecuadas de resguardo y control.
Una problemática que continúa en el secano
La situación no se limita a un caso particular. Los ataques de perros a animales de productores del secano costero han generado preocupación por las pérdidas que provocan y por la dificultad de evitar nuevas agresiones.
El operativo en Marchigüe y Chépica forma parte de un trabajo intersectorial que las autoridades anunciaron que continuará en otros sectores de la región.
La iniciativa se vincula además con el restablecimiento de una Mesa de Trabajo Intersectorial, instancia que reúne a distintos organismos para abordar periódicamente situaciones relacionadas con la protección del ganado y la fauna silvestre y con la convivencia entre animales, productores y comunidades rurales.
En Chépica, el alcalde Fabián Soto señaló que el trabajo realizado en el sector de La Candelaria 3 y sus alrededores contempla también la implementación de medidas a mediano y largo plazo para que los productores afectados puedan recuperar y normalizar su actividad.
De esta manera, la fiscalización busca combinar el cumplimiento de las obligaciones de los propietarios de animales con medidas destinadas a reducir los ataques que afectan a la actividad ganadera del secano costero
