Un amplio operativo desarrollado por la Policía de Investigaciones (PDI) y la Fiscalía de O’Higgins dejó nueve personas detenidas y contempló el allanamiento de 187 domicilios, en el marco de una investigación por distintos hechos de violencia registrados en la Región de O’Higgins.
La diligencia, denominada “La Purga”, movilizó a más de 500 detectives y tuvo entre sus principales antecedentes el ataque armado ocurrido el pasado 5 de junio al interior de la Parroquia Divino Maestro de Rancagua, donde una persona resultó herida durante una balacera registrada mientras se desarrollaba una actividad religiosa.
De acuerdo con los antecedentes entregados por la Fiscalía y la PDI, la investigación apunta a establecer el funcionamiento de una estructura criminal y su eventual participación en cinco homicidios, tres de ellos consumados y dos frustrados.
Entre los hechos incorporados a la investigación se encuentra precisamente el ataque ocurrido en la parroquia, donde dos sujetos armados ingresaron al templo y dispararon contra un joven de nacionalidad colombiana.
El hecho ocurrió después de una eucaristía y en momentos en que se encontraban alrededor de 60 personas al interior del recinto. La víctima resultó herida y fue trasladada para recibir atención médica.
El ataque en la parroquia había ocurrido pocas semanas después del homicidio de la madre del joven atacado en la parroquia, quien murió tras recibir impactos balísticos en el sector de calle Rubio, en el centro de Rancagua. Aunque estos hechos entregaron importantes antecedentes sobre la organización el fiscal preció que le banda estaba siendo investigada desde febrero, especialmente en el sector nor oriente de Rancagua.
La investigación considera además otros tres homicidios consumados y dos frustrados. Según explicó el fiscal, los antecedentes permitieron determinar la existencia de una organización criminal cuya actividad principal estaba relacionada con el tráfico de drogas, utilizando además el control territorial y la comercialización de sustancias ilícitas como parte de su estructura.
Según el Ministerio Público, la organización habría recurrido a sujetos de nacionalidad extranjera, principalmente colombianos y venezolanos, para ejecutar homicidios por encargo, en calidad de sicarios para resolver conflictos, amedrentar a rivales y mantener el control territorial de la organización.
187 domicilios allanados
La magnitud del procedimiento se reflejó en los 187 domicilios allanados, diligencias realizadas con las respectivas autorizaciones judiciales y que formaron parte de la operación desplegada en distintos puntos de la región.
En el operativo participaron más de 500 detectives, mientras que entre los elementos incautados se encuentran armas y otros objetos que quedaron a disposición de la investigación.
Como resultado del operativo, se informó de nueve personas detenidas, además de la incautación de armamento y droga, elementos que serán utilizados por la Fiscalía para sustentar las imputaciones ante el Tribunal de Garantía.
El persecutor destacó que el objetivo de la investigación no fue abordar los homicidios como hechos aislados, sino establecer la existencia y funcionamiento de una estructura criminal. “Esta es una forma de trabajar conjunta del Ministerio Público con la policía, donde estamos apuntando a un fenómeno criminal, no a hechos individuales”, sostuvo.
Desde la Fiscalía señalaron que la investigación continuará, debido a que existen antecedentes que podrían permitir vincular a esta organización con otros homicidios ocurridos en la zona, además de los cinco hechos que actualmente forman parte de la imputación.
Por su parte el prefecto Inspector, Julio Caro Barrera, jefe de la Región Policial del Libertador General Bernardo O’Higgins de la PDI, la pesquisa estableció que la organización mantenía una estructura dedicada al tráfico de drogas y que contaba con personas encargadas de labores operativas y de protección, además de un grupo destinado a la comisión de delitos violentos, incluyendo homicidios bajo la modalidad de sicariato.
Según explicó, el líder de la organización sería de nacionalidad chilena y habría coordinado las distintas funciones de la estructura, la que además mantenía disputas con otras bandas criminales que actualmente son materia de investigación.
La PDI señaló que, mediante diversas técnicas investigativas, fue posible establecer la participación y posicionar a los integrantes de la estructura en los lugares donde desarrollaban sus actividades ilícitas.
Uno de los principales focos del operativo correspondió a un conjunto habitacional del sector nororiente de Rancagua, donde los detectives habían establecido la existencia de puntos de venta de droga y la presencia de varios integrantes de la organización.
Es así como la autoridad policial adujo que gran parte de los miembros de la estructura criminal residía en este sector, situación que permitió avanzar en la identificación de sus integrantes y en la desarticulación de los puntos utilizados para la comercialización de sustancias ilícitas.
Los nueve detenidos quedaron a disposición del tribunal correspondiente, donde deberán enfrentar la audiencia de control de detención y la posterior formalización de la investigación.
