Por: Darío García, Ingeniero Comercial y Licenciado en Ciencias de la Administración de Empresas de la PUCV. Exseremi de Economía, Fomento y Turismo.
El Gobierno del presidente Kast bautizó su reforma estrella como «Reconstrucción Nacional» e instaló la idea de que Chile estaba «en quiebra». El relato fue tan forzado que la Contraloría ordenó un sumario a la Segegob, porque no logró sustentar esa frase ni con hechos ni con cifras. No era un diagnóstico: era un argumento para aprobar la megarreforma. Y como en economía las expectativas son clave, cuando un Gobierno daña la confianza para justificar su proyecto, el costo lo termina pagando la gente.
Las cifras lo confirman. A diciembre de 2025, el desempleo era de 8,0%, la inflación cerraba el año en 3,5%, la más baja en cinco años, y el Banco Central proyectaba un crecimiento de entre 2% y 3% para 2026. Hoy el desempleo llegó a 9,5%, el más alto en cinco años, con casi un millón de personas buscando trabajo y 16.292 empleos menos que hace un año. La inflación subió a 4,1%, empujada por el «bencinazo» de marzo, la mayor alza de combustibles desde 1970. El Banco Central recortó su proyección de crecimiento a apenas 0,25%-0,75%, y el 23 de septiembre confirmó que en el segundo trimestre la economía se contrajo 0,2%. Chile no estaba en emergencia. La emergencia llegó después.
Hay factores externos, como el conflicto en Medio Oriente o la menor producción de cobre. Pero el propio Banco Central apunta a la debilidad del gasto interno, al deterioro del empleo y a la caída de la confianza. A eso se suma el recorte de US$3.800 millones en gasto fiscal que decidió este Gobierno apenas asumió. Ajustar en plena desaceleración mientras se siembra desconfianza es una pésima idea.
En O’Higgins el golpe es aún mayor. Entre 2024 y 2025, con el gabinete pro crecimiento y empleo que impulsamos desde el Gobierno del Presidente Boric, la región lideró el crecimiento del país. Hoy la economía regional cayó 4,2%, las exportaciones se desplomaron 18,9% y el consumo de los hogares retrocedió 0,5%, porque las familias gastan menos en alimentos y combustibles. El cobre, tras la tragedia de El Teniente, explica buena parte de la caída; precisamente por eso la región necesitaba un Estado que amortiguara el golpe, y recibió recorte fiscal y bencinazo. Hoy tenemos 10,5% de desempleo, una de las cuatro tasas más altas del país.
La megarreforma promete beneficios de largo plazo: el Banco Central estima que sumaría cerca de medio punto de crecimiento en 2027 y 2028. Pero la gente no vive en 2028. Vive hoy, cuando no encuentra trabajo, cuando el supermercado y el estanque cuesta más, y cuando para quien perdió su empleo no hay sueldo que alcance. Mientras tanto, las utilidades de las grandes empresas siguen creciendo, con la banca a la cabeza, y el Gobierno les bajó el impuesto corporativo de 27% a 23%: cerca del 80% de ese beneficio va al 1% más rico, según el propio Ministerio de Hacienda. Y eliminó las contribuciones a todo mayor de 65 años, sin tope de ingresos ni de avalúo, compensando a los municipios con fondos generales, es decir, con el IVA que paga la señora Juanita, a quien todo le ha subido.
Pero la crítica no basta. La verdadera emergencia es el empleo, y hay caminos concretos: un plan regional de empleo que acelere la inversión pública ya financiada, con prioridad para la mano de obra local; una mesa público-privada con Codelco y los proveedores de El Teniente para proteger a las pymes del Cachapoal; pago oportuno del Estado a sus proveedores y crédito con garantía estatal para las mipymes; y una apuesta decidida por el turismo y la agroindustria. Las crisis se enfrentan con unidad y no con relatos ni metáforas.
