No es la primera vez que escribimos sobre este tema. Pero mientras todavía se discute el Presupuesto de la Nación y se anticipa un nuevo debate sobre la reforma tributaria, creemos que hay una cuestión que merece atención: la estructura de los impuestos que pagamos y la forma en que se distribuye esa carga entre los ciudadanos.
La discusión es especialmente relevante en un escenario económico poco alentador para muchas familias. El mensaje se repite en las conversaciones cotidianas: los sueldos no alcanzan para llegar a fin de mes, mientras crecen las expectativas de respuestas concretas que permitan aliviar el costo de la vida.
En este debate, poco espacio ha ocupado el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Es una de las principales fuentes de recaudación del Estado y, al mismo tiempo, un impuesto que puede resultar regresivo en relación con los ingresos: todos pagamos la misma tasa al comprar un producto, pero ese desembolso representa una proporción mayor del presupuesto de una familia de menores ingresos que del de una familia acomodada.
Pagamos IVA al comprar pan, alimentos y tantos otros productos indispensables para la vida cotidiana. Sin embargo, no todos los bienes tienen la misma importancia ni responden a las mismas necesidades. ¿Tiene sentido aplicarles a todos la misma tasa?
En varios países existe un sistema de IVA diferenciado, que contempla tasas reducidas para determinados bienes y servicios. Chile podría abrir esa discusión. Los productos de la canasta básica podrían tener una tasa cercana a cero, mientras que los bienes culturales y educativos podrían acceder a una tasa reducida, por ejemplo, del 3% o el 5%. En el otro extremo, también cabe discutir si ciertos artículos de lujo deberían soportar una carga mayor.
La idea es sencilla: aliviar la tributación sobre los bienes esenciales y revisar el tratamiento de aquellos consumos que no tienen la misma prioridad social. Un sistema de estas características podría contribuir a distribuir de manera más equitativa la carga tributaria, aunque su diseño tendría que considerar cuidadosamente los efectos sobre la recaudación, los precios y la actividad económica.
Por supuesto, llevarlo a la práctica no sería sencillo. Habría que definir qué productos integrarían cada categoría, establecer mecanismos de fiscalización y resolver cómo clasificar bienes y servicios que cambian con el tiempo. También sería necesario calcular cuánto dejaría de recaudar el Estado por las tasas reducidas y en qué medida ese efecto podría compensarse mediante otras fuentes de ingresos. Son dificultades reales, pero no razones suficientes para descartar la discusión antes de comenzarla.
La experiencia internacional demuestra que existen distintas formas de aplicar tasas diferenciadas. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) documenta el uso de tasas reducidas para alimentos, salud, cultura y otros bienes y servicios en numerosos países. No se trata, por tanto, de una idea ajena a los sistemas tributarios modernos, sino de una alternativa que Chile podría estudiar a partir de su propia realidad.
Y esta discusión adquiere mayor relevancia cuando las finanzas públicas enfrentan restricciones. El país necesita compatibilizar sus obligaciones, las demandas sociales y la sostenibilidad de las cuentas fiscales. El Presupuesto 2027 se formula en ese contexto: el Gobierno proyecta un déficit y busca encauzar las finanzas públicas hacia sus metas fiscales. Pero ordenar el gasto no resuelve por sí solo todas las preguntas sobre cómo recauda el Estado ni sobre quiénes soportan proporcionalmente una mayor carga tributaria.
Tampoco tiene sentido esperar que el Estado resuelva cada dificultad ampliando indefinidamente el gasto público. Se necesitan recursos para financiar los servicios y las políticas que el país requiere, pero también una estructura tributaria que distribuya de manera más justa el esfuerzo de financiarlos. Ambas discusiones deben avanzar juntas.
Si el IVA continúa gravando con una misma tasa los bienes esenciales y los consumos suntuarios, sin distinguir su naturaleza ni considerar mecanismos compensatorios, seguiremos dejando pendiente una pregunta fundamental: ¿es razonable que el sistema tributario trate de la misma manera consumos tan distintos?
No pretendemos afirmar que una tasa diferenciada resolverá por sí sola el costo de la vida ni que su implementación carezca de riesgos. Planteamos algo más básico: que vale la pena estudiar alternativas, hacer los cálculos y abrir una discusión seria sobre un impuesto que forma parte de la vida cotidiana de todos los chilenos.
Porque cuando hablamos de impuestos, no hablamos solamente de las cuentas del Estado. Hablamos también de cuánto queda en el bolsillo de las familias después de pagar lo indispensable. Y esa es una discusión que no deberíamos seguir postergando.
