Internet como servicio público: ¿un derecho básico para todos?

-Tras el anuncio de esta nueva ley, consultamos a expertos y autoridades locales cuál es la importancia de este servicio, cómo se garantizará este derecho a la ciudadanía y si la infraestructura digital está o no en condiciones de responder a este avance.

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En una era tan digitalizada y conectada como la de hoy, el acceso y uso del Internet se ha convertido en una herramienta tan básica y necesaria como lo es el agua o la energía eléctrica. Es por eso que nuestro país promulgó y publicó en el Diario Oficial la Ley N° 21.678, que proclama al Internet como un Servicio Público de telecomunicaciones, es decir, que la conectividad digital pasa a ser ahora un derecho básico para cada ciudadano en el territorio, donde el Estado tendrá mayores facultades para garantizar su acceso y continuidad de servicio, independiente del lugar del país en que viven o de las posibilidades económicas.

Al respecto la seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Flavia González, aseguró que la normativa entregará mayores atribuciones a la Subsecretaría de Telecomunicaciones en materia de fiscalización y permitirá accionar el mecanismo de subsidio a la demanda, tal como ocurre con la electricidad y el agua potable, con el fin de apoyar el pago de la cuenta a las familias más vulnerables. “Internet ya no es un lujo, es una  fuente de acceso a la información, nos permite realizar trámites y acortar distancias. Por eso esta ley busca que todos los sectores tengan cobertura y terminar con la falta de cupos de red en compañías”. Además, “esperamos que, con una mayor cobertura y acceso, se pueda adquirir habilidades digitales para facilitar los trámites en servicios y terminar con la brecha digital. Para los sectores alejados o menos poblados, esto significará que contarán con presencia del  servicio  en  toda  la  comuna,  ya  que,  la  empresa  que predomine  en  el  sector  deberá hacerse cargo de abastecer a todos, olvidando la problemática anterior de falta de cupos y conectividad, puesto que subsidiará en infraestructura”.

Y sobre la posibilidad de entregar subsidios a la ciudadanía para costear la cuenta, la autoridad regional aclaró que esta ley “reconoce una facultad presidencial para que se habilite, de manera anual, durante la discusión del presupuesto, un subsidio para el pago de las  cuentas  de  servicios  de  Internet a  un  determinado  porcentaje  de  los  usuarios  más vulnerables de acuerdo a lo consignado en el Registro Social de Hogares (RSH) u otro instrumento correspondiente”.

INFRAESTRUCTURA DIGITAL

Ante la nueva normativa es necesario entender el vertiginoso y apresurado cambio en el que está inmersa dicha industria con más de 23 millones de usuarios en el país. Según Rodrigo Ramírez, Presidente Cámara Chilena de Infraestructura Digital, IDICAM Chile, “nunca ha sido tan clara la necesidad de acceder a Internet, ni el costo para quienes no lo tienen. Una internet asequible, segura, confiable y de calidad, con dispositivos adecuados, con los gigas necesarios y con planes al alcance del bolsillo, son las condiciones mínimas para un bienestar digital digno”, recalcó. Y para ello se requiere de un plan maestro para el despliegue de redes de infraestructura digital que pueda responder a la demanda. “Se requiere de un nuevo pacto con los gobiernos locales. Para un municipio debe ser importante que se invierta en ello en su comuna. Si se aumenta un 10% la inversión total de telecomunicaciones en un territorio tiene un impacto positivo en reducir pobreza, incremento en atención de salud y bienestar, incremento en trabajo decente, más crecimiento económico, más acceso a la educación, sube la participación de los quintiles más pobres en los ingresos, ayuda a la acción por el clima. Disponer, acceder y usar de la conectividad digital tiene un impacto en la mejorar la vida de los ciudadanos”, indicó Ramírez.

Rodrigo Ramírez, Presidente Cámara Chilena de Infraestructura Digital, IDICAM Chile.

Pese a ello, asegura que los permisos para nuevas obras, tanto en  torres y soporte de antenas como el despliegue de fibra óptica, puedan demorar hasta dos años, y a esas alturas la tecnología ya evolucionó. “Nuestro país debe elaborar una estrategia para encontrar un lugar en las nuevas cadenas de suministro de productos y servicios digitales para el ecosistema 5G. Hasta ahora Chile es un país de usuarios pero no un país que le agregue valor a las nuevas redes. No hay posibilidad de avanzar y cumplir con más hogares conectados a una red fija, de extender la red hacia zonas rurales y suburbanas y desplegar una red 5G en tres años con el actual modelo sobreburocrático y errático que autoriza la instalación y despliegue de infraestructura”. Y a su juicio, la promesa de enfrentar la desigualdad digital y contar con millones de aparatos conectados en este escenario no es posible.

COMUNIDADES

Esta necesidad de estar siempre conectados se acrecienta en localidades más apartadas, donde la geografía y ruralidad hace más difícil la conectividad. Para el alcalde de Pichilemu, Cristian Pozo Parraguez, contar con un sistema más abierto con ciertas condiciones de estabilidad y en algunos casos gratuitos, acerca mucho más la tecnología a las personas. “Ahora muchas familias van a acceder a cosas que no imaginan, a lo educativo, lo laboral o la entretención. Muchos en sectores rurales no conocen Internet porque no tienen la posibilidad de conexión, por lo que ahora entregará muchas más oportunidades, en educación, por ejemplo. Hay muchos sectores y colegios nuestros donde no tenemos buena señal de Internet, no dando la misma oportunidad de educación que se da en sectores más urbanos”. 

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Alcalde de Pichilemu, Cristian Pozo Parraguez.

La conectividad es parte del quehacer diario, sobre todo de este municipio, opinó el alcalde. Cree que para el éxito de la conectividad es necesario contar con una buena infraestruc tura y en esto aún hay deuda. “Hay que potenciar la infraestructura para asegurar la calidad y continuidad del servicio, porque hay muchos sectores de Pichilemu donde la señal no llega en buenas condiciones, sobre todo en sectores rurales donde existen puntos ciegos y no llega señal”, explicó Pozo. “En verano recibimos a muchos turistas y la conectividad se complica por la cantidad de personas usuarias, por eso es necesaria una buena inversión en temas de soporte y tener la conectividad que se necesita en ciudades como la nuestra, que de 25 mil habitantes en verano pasamos a ser cien mil”, añadió.

“Esta ley es muy positiva y necesaria sobre todo cuando el Estado está entregando una gran cantidad de trámites mediante Internet y muchos de ellos son exclusivos con este medio. Nosotros mismos no funcionamos sin Internet y es como si se cortara la luz o el agua, entonces se hacía muy necesario que ahora fuese un servicio básico”, agregó el edil de Marchigüe, Cristian Salinas. Los servicios que prestan como municipio son casi todos exclusivos de uso de Internet. “Nuestros sistemas de pago, cobro, de derechos, etcétera, está todo en línea, entonces como municipio sin esta herramienta no podríamos funcionar, lo mismo con nuestras escuelas, postas rurales, con todo. Nuestra zona se ve muy alejada pero no es muy diferente que las zonas urbanas. La gente utiliza Internet, pero sí aún hay muchos sectores rurales de la comuna donde es muy difícil llegar con el servicio”, especialmente por el tema geográfico, explicó este alcalde. “Para las empresas muchas veces no es rentable invertir en infraestructura para llegar a más familias, por eso es importante que el Estado avance”.  

AUTOPRESTADORES DE INTERNET

Coopeumo es una de las cooperativas campesinas más importante del país y entre sus servicios hacia sus comunidades está el de Internet. Ignacio Mena, Administrador de Redes y encargado de Informática en esta cooperativa, relata que la Red Inalámbrica de Coopeumo se construyó a través de un convenio de colaboración técnica entre la Fundación para la Innovación Agraria y la Universidad de Viña del Mar para ser trasferido y administrado por ellos. “Proveemos de conectividad a nuestros socios, localidades no previstas de esta oferta, comunidades rurales de bajos ingresos con escasez de servicios y donde la actividad principal de la población fuese la agricultura”, indicó Mena. Por eso esta ley, es un “gran avance, un paso que era necesario porque pudimos constatar en tiempos tan difíciles como la pandemia, que estar conectados era un lujo para algunos. Hoy es una necesidad básica que debe ser resuelta en todos los territorios. Esto es un hito que nos permitirá disminuir la brecha digital, especialmente en lugares apartados”.

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