Fotos Nico Carrasco/Cedidas
Rancagua, capital de la región de O’Higgins, hoy protagonista de una acción desenfrenada. El río Cachapoal es un curso natural de agua que circunda la comuna, formando parte de su paisaje y contribuyendo a su clima favorable para la agricultura. Nace en la alta cordillera de la zona, pasa por el valle central y finalmente desemboca en el Lago Rapel. Además, es un punto de referencia para la región, dando también nombre a la provincia.
Resulta paradójico pensar que el río que ha sido declarado humedal urbano sea al mismo tiempo el escenario de cientos de toneladas de desechos, realidad que se vive en tres puntos de la ciudad: Ruta H30 frente al Motel Río Loco, al costado del Parque Zoológico y El Rabanal.
Precisamente, hace un par de semanas el concejal Patricio Henríquez ha levantado una grave denuncia ante el Concejo Municipal, alertando sobre la proliferación de vertederos ilegales en la comuna de Rancagua que están generando un «impacto ambiental gravísimo».
La situación, que según la autoridad «data de muchos años», e involucra el vertido incontrolado de millones de toneladas de escombro, basura, elementos químicos peligrosos, no peligrosos en sitios estratégicos sin ningún tipo de control sanitario o de la autoridad pertinente.
Los puntos señalados por el concejal Henríquez son la «Ruta H30 frente al Motel Río Loco al costado del parque zoológico», y otro más conocido en «Rabanal”.
En estos lugares, se han formado verdaderos cerros de escombro y materiales peligrosos, lo que representa una verdadera amenaza no solo para la salud, sino también para la actividad agrícola-frutícola de la región, que cuenta con convenios para el uso del agua que no debe ser servida.
La autoridad recalcó que la acumulación se realiza «sin ningún control», además una de las mayores preocupaciones es la ubicación de estos vertederos que se da justo en la ribera del río Cachapoal.
Henríquez también recordó que hace aproximadamente dos años, «una crecida del río arrasó con todo y llevó todos estos escombros» aguas abajo.
Por lo tanto, existe el temor fundado de que, con el «cambio climático en cualquier momento puede venir una crecida y va a volver a suceder una desgracia como la que vimos en el año 2023», lo que podría acarrear nuevos estragos para los habitantes cercanos al cauce.
Por último, menciona que «el Estado gastó millones de pesos en reparar» daños anteriores en las comunas que fueron afectadas por los desbordes de ríos como Coltauco y Doñihue, y la persistencia de estos vertederos agrava la situación.
TERRENOS PÚBLICOS Y FALTA DE LIDERAZGO
El concejal subrayó que los terrenos afectados son de carácter público y han sido tomados para verter todo tipo de elementos, situación que debería motivar una acción directa y decidida de las autoridades. Criticó que «hay empresas constructoras que están trabajando en Rancagua tiene algo que decir aquí porque deberían exigir un certificado de disposición final de todos estos escombros» a las constructoras que trabajan con financiamiento del Serviu, lo cual no estaría ocurriendo.
Aunque, dice el alcalde Raimundo Agliati “planteó que era un problema grave» y agradeció la denuncia, el concejal lamentó que «no se hace absolutamente nada». Señaló que «camiones que entran y salen a cada rato y hay millones de toneladas que se están disponiendo en forma absolutamente ilegal».
La autoridad hizo un llamado urgente a que el Municipio de Rancagua asuma un rol «más proactivo» y de liderazgo en esta problemática. Aseveró que ni el Minvu, ni Medio Ambiente, ni la PDI, ni Carabineros están actuando de forma coordinada.
Recalca que “alguien tiene que liderar eso y ese es el rol que tiene que hacer el Municipio», afirmó. La inacción no solo afecta a Rancagua, sino también a comunas aledañas como Olivar, Coltauco y Doñihue.
La esperanza es que no sea necesaria una nueva tragedia para que las autoridades actúen con la urgencia que la situación amerita, un contexto que se arrastra por administraciones anteriores y que la fecha no ha dado luces de resolverse.
LAS AUTORIDADES SE PRONUNCIAN
Uno de los frentes señalados por el concejal en la denuncia que lidera, abarca los terrenos que son utilizados como vertederos ilegales mencionando que MINVU debería pronunciarse ya que son constructoras quienes hacen un mal uso de estos lugares.
Dicho lo anterior, Minvu O’Higgins a través de una declaración pública señala que “en junio de este año, el SERVIU solicitó antecedentes a la empresa POCURO S.A., encargada del proyecto habitacional Barrio Pinares IV (DS19), respecto al manejo de residuos en la obra”.
Desde la entidad se agrega un punto relevante puesto que “la empresa informó que mantiene un estricto control en el retiro y disposición de escombros, respaldado por certificados de disposición en botaderos autorizados. Además, realiza el correspondiente registro mensual en la plataforma del Sistema Nacional de Declaración de Residuos (SINAPRED), presentando los certificados y respaldos respectivos”.
En relación con la tierra resultante del proceso de tamizado mencionan que “se instruyó su retiro completo desde la obra, lo cual tambien ha sido acreditado mediante certificados de disposición en botaderos autorizados”.
Por último, el MINVU aclara que “si bien los certificados de disposición de residuos son obligatorios en proyectos del Fondo Solidario de Elección de Vivienda (DS49) condición para cursar los pagos correspondientes, esta exigencia no aplica de forma obligatoria a los proyectos del Programa de Integración Social y Territorial (DS19)”.
Sin embargo, el Ministerio “mantiene como práctica permanente solicitar a las empresas constructoras el cumplimiento de la normativa ambiental vigente, realizando un seguimiento continuo a las obras para asegurar una gestión responsable de los residuos y el resguardo del entorno”, finalizó, el organismo de la vivienda.
“NO HAY EMPRESAS QUE ESTÉN AUTORIZADAS PARA RECIBIR LA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS”
Otro de los actores relevantes es la municipalidad de Rancagua ya que son ellos a quienes les corresponde la limpieza de los bienes nacionales de uso público. Ante eso el municipio de la capital regional ha tomado acciones ante la creciente preocupación por la proliferación de vertedero ilegales en tres sectores de la comuna, particularmente en la ribera norte del río Cachapoal, una situación que se ha consolidado en zonas como El Rabanal y a lo largo de la ruta H30.
El administrador municipal de Rancagua, Pedro Miranda, detalló las acciones y el plan para abordar esta problemática que afecta directamente a un humedal urbano protegido, como lo es el río Cachapoal.
Miranda señala que “la disposición ilegal de residuos y escombros de diversa índole es un problema de larga data en Rancagua, especialmente en el sector de El Rabanal, donde la Seremi de Salud tiene conocimiento de la situación”.
El funcionario enfatizó que no existe ningún tipo de control sobre los desechos que se están disponiendo, llegando a formarse «residuos de diferente tipo». Además, se ha confirmado por parte del Municipio que no hay empresas autorizadas para la recepción o disposición de residuos en estos sectores, lo que significa que la actividad es completamente ilegal y clandestina, sin las debidas autorizaciones sanitarias.
Los vertederos se extienden desde el sector del bypass hasta la Ruta Travesía y aguas arriba por la ribera norte del río Cachapoal.
Ante esta alarmante situación, la municipalidad está trabajando en varias líneas de acción como lo es la identificación de propietarios, el administrador menciona que “se está determinando la identidad de los propietarios de los predios privados que colindan con el cauce del río Cachapoal”.
El objetivo dice es “requerirles que asuman la responsabilidad por la disposición de residuos en sus propiedades, ya que no tienen autorización para ello”. Se hará efectiva la responsabilidad sobre aquellos propietarios que estén permitiendo la disposición de estos residuos en sus inmuebles, especialmente si colindan con un objeto de protección ambiental como el río. Además, hace una precisión al señalar que es público solamente el cause del río, no así los terrenos que lo colindan.
Otro punto dentro de las líneas de acción es el plan de Fiscalización Efectivo donde la municipalidad está pronta a implementarlo donde señala que se “ejercerán facultades para retirar vehículos que sean sorprendidos disponiendo residuos, solicitando el auxilio de Carabineros para los efectos que sea retirado”.
Se suma la articulación con otros actores, aunque la municipalidad aplica sus ordenanzas ambientales, se reconoce que “la fiscalización es una tarea que involucra a otros actores importantes como la autoridad sanitaria y, eventualmente, otras líneas de investigación relacionadas con los círculos asociados a la disposición no autorizada de residuos”.
Destaca que han realizado un catastro de forma interna donde “no hay empresas que estén autorizadas para recibir la disposición de residuos, tampoco autorizaciones sanitarias. Acá netamente tiene que ver con la fiscalización de las personas u otras entidades que están disponiendo de forma clandestina recibo en lugares que no están permitidos”.
Frente a cuál ha sido el rol del municipio en este caso, Miranda menciona que lo primero es “hacer vigente en el ámbito de nuestras competencias la aplicación de nuestras ordenanzas en materia medioambiental y la articulación de denuncias a organismos como la Superintendencia del Medio Ambiente, dado que el río Cachapoal es un humedal urbano catastrado por el Ministerio del Medio Ambiente y, por lo tanto, es un objeto de protección ambiental para el Estado de Chile”.
Destaca además que “lo que está ocurriendo no solo recae en la responsabilidad propia de la Municipalidad, sino que a otros actores en materia sanitaria y ambiental se están disponiendo residuos en la ribera del Río Cachapoal”.
Dice que hay un riesgo latente en la zona por “el área de inundación donde se está disponiendo, pensando en lo que ocurrió en 2023, entonces hay una serie de actores que están llamados por la ley a hacerse cargo de la problemática que estamos enfrentando, donde no solamente la municipalidad desde el punto de vista de la inspección y de la fiscalización de sus ordenanzas ambientales, sino que otros actores que tienen competencias en la materia y que deberíamos articular una fiscalización conjunta”.
Sigue el relato diciendo que están primero en la etapa de la canalización de las denuncias que se han hecho a esos organismos pero “además en el trabajo interno es poder hacer efectiva la fiscalización de nuestras ordenanzas, y en definitiva, poder ejercer fiscalizaciones respecto a las personas que están disponiendo y con el levantamiento ya hecho en relación a que no hay ninguna patente en el sector que tenga autorización para poder disponer de diversos residuos, esto es desde el sector del bypass hasta la Ruta Travesía y aguas arriba por la ribera norte del río Cachapoal”.
Por último, el funcionario le entregó un mensaje a los rancagüinos y rancagüinas mencionando que “vamos a hacer efectiva la responsabilidad sobre los propietarios de estos predios y aquellos que estén autorizando la disposición de estos residuos en sus inmuebles tienen la obligación de hacerse cargo de las acciones que están permitiendo para disponer ese tipo de residuos sobre todo si colindan con el objeto de protección ambiental”.
Además, importante destacar a las personas que disponen los residuos, la municipalidad realizará una fiscalización efectiva y aplicará las máximas sanciones, o solicitará a los organismos competentes que lo hagan, por la disposición no autorizada de residuos
El municipio enfatiza finalmente su compromiso con la aplicación de sus ordenanzas ambientales y la canalización de denuncias a los organismos para abordar esta problemática que, además de los riesgos ambientales, podría generar la activación de riesgos relacionados con el área de inundación del río, un peligro que ya se ha manifestado en el pasado.
ENTE FISCALIZADOR EN UNA HISTORIA QUE SE REPITE
La seremia de Salud se suma a los actores importantes en esta materia ya que les corresponde la responsabilidad de fiscalizar y aplicar el código sanitario.
Por lo mismo, Carolina Torres, la titular de la cartera en la región, se refirió a la contaminación que persiste en el Cachapoal. “Hemos recibido el requerimiento por parte de un concejal de Rancagua en relación a la eliminación de residuos dentro del territorio de la comuna y nosotros desde la seremia de Salud tenemos tres actas levantadas en lo histórico”.
Agrega que no es algo nuevo, sino que es una situación que se ha repetido durante los últimos años, “uno de ellas desde 2018 en adelante cursada al municipio de la época relacionada a disposición de residuos peligrosos y no peligrosos. Otra de 2022, en donde se identificaron vehículos que no contaban con autorización para el traslado de residuos y depositando, además, en lugares no autorizados, se curso a los propietarios de dichos vehículos”.
Mientras que en 2024, señala la autoridad, se inició un sumario relacionado a quema de basura en un día donde se estaba en emergencia ambiental.
Finalmente, Torres enfatiza que “esos son los antecedentes con que contamos y es importante recordarle a la ciudadanía que nosotros recibimos en el canal oficial para las denuncias a través de la Oficina de Información, Reclamos y Sugerencias (OIRS) del Ministerio de Salud (MINSAL) en donde pueden indicarnos infracciones a la normativa sanitaria para así poder dar seguimiento a estas denuncias”.
EL IMPACTO EN COMUNIDADES REGANTES
La región de O’Higgins es conocida por ser una zona agrícola teniendo relevancia en nuestro país dada la producción de frutas, vinos y cereales. Precisamente, un factor no menor en este reportaje es lo que pase en cauce del río Cachapoal.
Cristian Silva Rosales, Seremi de Agricultura, señala que “la contaminación de los ríos y sus riberas es un problema complejo, con profundas raíces culturales e históricas, que se ha visto agravado por el crecimiento demográfico y la falta de espacios adecuados para la disposición de residuos”.
Destaca que “si bien no es una problemática cuya solución dependa directamente del Ministerio de Agricultura sino más bien del Ministerio de Obras Públicas y los municipios, en cuanto a gestión y fiscalización, sus consecuencias impactan de manera directa en la agricultura y, particularmente, en las comunidades de regantes”.
Se refirió a lo ocurrido con los temporales en 2023 lo que desencadenó el desborde de principales ríos en la región afectando seriamente a los agricultores, “hemos visto cómo la acumulación de basura obstruye bocatomas e infraestructuras de riego, generando serios perjuicios para los agricultores: mayores costos de operación, dificultades para mantener limpias las vías de distribución de agua, y riesgos para la continuidad de los cultivos”.
A esto se suma la responsabilidad del propio sector agrícola en la generación de residuos como “plásticos de invernadero, mulch, cintas de riego, y envases de agroquímicos, que en muchos casos terminan en cauces de ríos o zonas rurales sin tratamiento adecuado. Por eso, desde el Ministerio de Agricultura estamos promoviendo una agricultura sustentable y resiliente, no solo como una estrategia, sino como una necesidad”.
Consultado en cómo están trabajando en esta materia dice que “en la incorporación de tecnologías que reduzcan la huella ambiental del sector: fomentamos el uso de energía fotovoltaica en sistemas de riego, el desarrollo de invernaderos con materiales duraderos que puedan usarse por más de 20 años, el uso de fertilizantes orgánicos, y la promoción de variedades de cultivos resistentes a plagas y enfermedades, que requieren menos agroquímicos”.
Ahora, en cuanto a la calidad del agua para riego, la autoridad recalca que se han realizado análisis en zonas como en Rengo, “lo que han demostrado que el suministro utilizado está libre de contaminantes perjudiciales para la salud humana”.
Además, hace el llamado a consumir productos con resolución sanitaria y adquiridos en lugares establecidos, todo esto para mayor seguridad de las personas.
Al finalizar, Silva ahondó en el problema refiriéndose a “una dimensión cultural que debemos enfrentar como sociedad. No basta con acciones sectoriales: necesitamos avanzar juntos ciudadanía, instituciones, sector privado hacia soluciones de corto y largo plazo que protejan nuestro entorno, aseguren la sostenibilidad de la agricultura y resguarden la salud de las personas”, finalizó el titular.
MULTAS QUE NO HACEN RECAPACITAR
Por su parte, la Dirección General de Aguas (DGA), organismo que se encarga de gestionar, verificar y difundir la información hídrica del país aplicó una multa de más de 28 millones de pesos a la empresa Greenworld Ltda., por la ejecución de obras no autorizadas en el cauce del río Cachapoal, en la comuna de Rancagua en febrero de este año.
Todo comenzó a raíz de una denuncia remetida por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) a fines de 2022, que según menciona la directora regional al DGA, Dayanna Aravena revelaba “la acumulación de residuos líquidos y orgánicos en terrenos de la propia empresa, que son excavaciones profundas y otras intervenciones a un costado del río Cachapoal, generando así un impacto negativo en el ecosistema del lugar”.
Se sabe que el organismo (DGA) sí constató la existencia de depósitos de escombros en la zona del cauce y algo aún más trascendental se confirmó que la operación de dicha empresa se encuentra en zona inundable, lo que saca a la palestra, la ilegalidad de las intervenciones propiamente tal.
Por lo mismo, es que el organismo ordenó a Greenworld Ltda. a presentar un proyecto de ejecución de obras de contención o defensa fluvial, con el objetivo de evitar el socavón del material acumulado en el cauce ante futuras crecidas del río.
Frente a eso Aravena da a conocer que la empresa “hizo uso del derecho establecido en los artículos 136 y 137 del código de aguas, y actualmente se encuentra con un recurso de reconsideración en contra de la resolución DGA, que aplicó la multa”, culminó.
En el desarrollo de este reportaje se intentó comunicar a vecinos y vecinas de los sectores afectados por este caso, pero declinaron referirse al tema.
Estamos frente a una grave situación dañina de millones de toneladas de escombros, basura, elementos químicos peligrosos y no peligrosos en sitios estratégicos, por lo tanto, resulta relevante obtener una solución integral al problema que ayude a detener la degradación y así proteger el río Cachapoal en toda su extensión.
Para ello son las autoridades que tienen voz en el tema quienes deben liderar esta acción en conjunto que hoy revela cómo la contaminación se hace cada vez más presente en un lugar donde los neumáticos, latas, maderas, bolsas, cemento entre otros. son el resultado de una mala acción de personas que de forma ilegal utilizan estos sitios para fines contaminantes sin ningún tipo de control, dado que es en la ribera del río Cachapoal donde terminan los cientos de toneladas de basura.
Un tema que ha estado en la palestra hace mucho tiempo pero que hoy urge darle la importancia que necesita para mejorar la calidad de vida de quienes conviven con aquello y de quienes pueden verse perjudicados de cierta forma a largo plazo.
Hoy se está en deuda con el Medio Ambiente, por años uno de los principales ríos de la región ha sido olvidado por las autoridades. No se han tomado medidas drásticas que ayuden a evitar una mayor proliferación de basura, al contrario, cada día siguen entrando y saliendo camiones en los tres puntos estratégicos de la ciudad con miles de desperdicios que contrastan con el cauce natural del Cachapoal.
La urgencia es una, tomar acciones profundas entre los organismos encargados para así poder ver un Cachapoal libre de contaminación y daño que a largo plazo puede ser controversial e irreversible.
