Este martes comenzó la audiencia de preparación de juicio oral contra el exalcalde de la comuna de Rancagua, Juan Ramón Godoy, por lo delitos de corrupción y lavado de activos. El Ministerio Público está solicitando penas que superan los 15 años un día de presidio efectivo. De este modo la Fiscalía cerró la investigación de los hechos que se le imputan al ex mandamás de la capital regional.
Cabe destacar que la defensa de Godoy, durante la jornada del este martes planteó incidencias, siendo rechazadas por el tribunal, determinando que se reunían las condiciones para la realización de audiencia de preparación de juicio oral. Tiempo para realizar pericias fue lo que alegó la defensa de la exautoridad, así como poder acceder a la integridad de la carpeta judicial a la que aducen no han tenido a disposición. A esto se suma que Juan Ramón Godoy habría sido interrogado en una entrada y registro sin respetar derechos y sin estar asistido de un abogado defensor.
De esta situación no estuvo de acuerdo el Ministerio Público, aduciendo que los antecedentes de la investigación los han tenido a disposición desde el comienzo de esta, así como en la diligencia de entrada y registro se realizó la debida lectura de derechos al imputado. En esta diligencia se le incautaron dineros a Godoy, los que según el Ministerio Público su obtención tiene origen ilícito.
Cabe recordar que el centro de esta acusación se encuentra un perjuicio fiscal estimado en una cifra cercana a los 3.200 millones de pesos, esto por el monto de los contratos asignados a los amigos del exalcalde.
La investigación estableció que existió en la Municipalidad de Rancagua y, en la Cormun, una gobernanza fraudulenta, la que consistía en la asignación de contratos y contrataciones públicas a empresarios que sobornaban a Godoy con el objeto de asignarse estos contratos. Además, se han presentados cuatro capítulos por diversos hechos de corrupción, el que cada uno de ellos corresponde a su relación delictual con cada uno de distintos empresarios.
Además, se han presentado antecedentes relativos al delito de lavado de activos, principalmente por la compra de un bien inmueble a través de un testaferro en la comuna de Doñihue y, por el uso de productos bancarios de un tercero, en este caso del empresario, Javier Cornejo.
Finalmente se presentó acusación relativa a delitos tributarios que dicen relación con la no declaración de ingresos al patrimonio del funcionario público, que corresponden a los pagos de estos sobornos.
