A presidio perpetuo simple fue condenado Francisco Javier Ramírez Flores, autor del femicidio consumado de Camila Ugalde, joven de 19 años que permanecía desaparecida desde diciembre de 2021 y cuyos restos fueron encontrados enterrados en una pesebrera del sector de Zúñiga, en la comuna de San Vicente de Tagua Tagua. La sentencia implica que el condenado deberá cumplir al menos 20 años de cárcel efectiva antes de poder optar a algún beneficio penitenciario.
El fallo fue dictado por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Rancagua, el cual dio por acreditada tanto la existencia del delito como la participación directa del imputado, estableciendo que el crimen ocurrió en un contexto prolongado de violencia física, psicológica y de control, propio de la violencia intrafamiliar y de género.
La fiscal jefe de San Vicente de Tagua Tagua, Lorena Morales, valoró la sentencia, señalando que el proceso permitió reconstruir una historia de maltrato sistemático que culminó con la muerte de la joven. “Se logró acreditar no solo el femicidio, sino un patrón de violencia habitual y extrema. Hoy, pese al dolor, sus padres pueden iniciar un duelo digno”, señaló la persecutora.
Violencia reiterada y ocultamiento del crimen
De acuerdo con los antecedentes expuestos durante el juicio, Camila Ugalde mantenía desde mediados de 2021 una relación de convivencia con Ramírez Flores, residiendo ambos en una precaria choza ubicada en un predio del sector Zúñiga, lugar donde el imputado se desempeñaba como jinete y cuidador de caballos.
Durante ese periodo, la joven fue sometida a agresiones físicas diarias, privación de alimentos, encierros y amarras, configurándose un escenario de maltrato habitual. Fue en diciembre de 2021, en el marco de una de estas agresiones, cuando el imputado atacó a la víctima mientras dormía o recién despertaba, causándole la muerte.
Posteriormente, Ramírez Flores enterró el cuerpo en una pesebrera cercana al lugar donde ambos pernoctaban, intentando ocultar el crimen. La víctima fue sepultada con su ropa y otros elementos personales, entre ellos un plano de relajación dental que calzaba con sus frenillos, antecedente clave para la identificación de las osamentas.
Pruebas periciales y testimonios protegidos
Para sustentar la acusación, el Ministerio Público presentó un robusto conjunto probatorio, que incluyó peritajes del Servicio Médico Legal, informes criminalísticos dinámicos, análisis antropológicos, médicos y odontológicos realizados por la Unidad de Derechos Humanos, además de la declaración de testigos protegidos, quienes relataron episodios reiterados de violencia ejercida por el imputado contra la joven.
Durante el juicio también se dio cuenta de antecedentes previos de violencia del condenado, los que fueron acreditados mediante el testimonio de un abogado de la Oficina de Protección de Derechos (OPD) de Romeral. Dichos antecedentes permitieron establecer que Ramírez Flores había ejercido violencia contra su madre, hermanos, compañeros de colegio y parejas anteriores, existiendo incluso denuncias previas derivadas por establecimientos educacionales.
“Se trataba de una persona con un historial de conductas violentas, controladoras y agresivas, no solo hacia Camila, sino hacia su entorno más cercano”, indicó la fiscal Morales.
Intento de desvío investigativo
Durante la investigación por presunta desgracia, el imputado prestó declaración intentando desvincularse del caso. En ella sostuvo que había terminado la relación con la víctima tras acompañarla al terminal de buses para que viajara a Peumo, versión que fue descartada por la investigación, al no existir registros ni del viaje ni de una supuesta llamada telefónica posterior que él mencionó.
La Fiscalía logró establecer que dichos relatos fueron construidos cuando Camila ya había sido asesinada, con el objetivo de desviar la investigación y ocultar el crimen.
Hallazgo de las osamentas y detención
En septiembre de 2023, detectives de la Brigada de Homicidios de la PDI Rancagua, con apoyo de la BICRIM Ovalle, detuvieron a Ramírez Flores en la comuna de Monte Patria, Región de Coquimbo. Meses antes, las diligencias investigativas permitieron dar con el lugar donde se encontraban enterradas las osamentas de la joven, las que fueron posteriormente enviadas al Servicio Médico Legal, confirmándose su identidad.
Reconocimiento de violencia de género
En su fallo, el tribunal subrayó que los hechos se enmarcan claramente en un caso de violencia de género, señalando que no se trata de un delito neutro, sino de un crimen ejecutado precisamente por la condición de mujer de la víctima.
“La violencia constituye la forma más grave de discriminación contra la mujer, reforzando su situación de subordinación”, consigna la sentencia, destacando que el reconocimiento de este contexto resulta esencial para comprender la gravedad del delito y su impacto social.
Con esta condena, el tribunal puso término a uno de los casos más estremecedores ocurridos en la región en los últimos años, marcando un precedente en la persecución penal del femicidio y en la visibilización de la violencia extrema contra las mujeres.
