El hallazgo de un laboratorio de metanfetaminas en Lolol y el reciente descubrimiento de una “casa de torturas” operada por una banda criminal organizada encendieron las alarmas en la región de O’Higgins. Los episodios, descritos por el fiscal regional Aquiles Cubillos como una expresión de violencia “inusitada” para la zona, abrieron un nuevo flanco en la discusión: el avance del crimen organizado hacia territorios rurales.
A simple vista, las cifras no parecen confirmar un deterioro general de la seguridad. De acuerdo con datos de la Subsecretaría de Prevención del Delito, la tasa de homicidios cayó un 25,6% durante 2025, situando a la región por debajo del promedio nacional. Sin embargo, algunos indicadores muestran que la naturaleza de la delincuencia ha comenzado a transformarse silenciosamente.
Un estudio de la Asociación de Municipalidades Rurales (AMUR) advierte que los delitos asociados al porte e infracción de la ley de armas en zonas rurales crecieron un 89% entre 2019 y 2024, una señal que los especialistas interpretan como síntoma de fenómenos criminales más complejos.
El desplazamiento de la actividad
El avance de la criminalidad organizada hacia sectores rurales no es algo nuevo. En los últimos años, autoridades regionales han advertido que algunas organizaciones han comenzado a instalarse en comunas alejadas de las áreas metropolitanas, en parte como reacción al aumento de controles y medidas policiales en zonas urbanas.
La asesora de seguridad de AMUR, Pilar Lizana, explica que este proceso responde a una dinámica observada en distintos países. “Eso se conoce como ‘efecto globo’ y es una consecuencia propia que tienen las políticas públicas en materia de seguridad. Porque, así como el Estado genera una respuesta cuando existe una mayor actividad criminal, los grupos criminales también lo hacen. Y esa respuesta muchas veces viene acompañada con un desplazamiento hacia áreas donde existe menor actividad institucional” señaló.
En ese movimiento, los territorios rurales suelen ofrecer condiciones favorables producto de la existencia de brechas institucionales y recursos que generan espacios donde la presencia del Estado es más limitada, lo que facilita que estas organizaciones busquen instalarse lejos de la presión del Estado.
Las cifras regionales comienzan a reflejar ese cambio. Según datos de la Subsecretaría de Prevención del Delito, durante 2024 los delitos vinculados a la posesión e infracción a la ley de armas registraron aumentos en comunas rurales como Peumo, Litueche, Peralillo, Chépica y San Vicente. A su vez, centros con mayor densidad poblacional o flujo turístico, como Mostazal, Santa Cruz, Las Cabras y Pichilemu, presentaron incrementos que en algunos casos oscilaron entre el 200% y el 300%. En términos globales, los casos detectados en la región pasaron de 294 en 2023 a 537 en 2024.
Para Lizana, el aumento de este tipo de delitos no suele aparecer de forma aislada. La presencia de armas, explica, suele acompañar actividades criminales de mayor complejidad. En ese contexto, el poder de fuego se transforma en una herramienta clave para consolidar el control territorial y reforzar el poder de estas organizaciones en los lugares donde operan.
En tanto, Lizana señaló que, si bien durante 2025 se observó una mejoría en los indicadores de seguridad, “de todas maneras seguimos viendo un comportamiento preocupante con respecto al incremento de los delitos asociados a armas en la región de O’Higgins”.
El punto de inflexión
Pese a ese escenario, el diagnóstico también sugiere que O’Higgins aún se encuentra en una etapa temprana del fenómeno. En comparación con zonas urbanas o con otras regiones de la macrozona centro analizadas en el estudio, los números absolutos siguen siendo relativamente bajos.
Para Lizana, esa condición abre una ventana de oportunidad para actuar antes de que estas dinámicas se consoliden. El hecho de que los casos totales sean menores permite pensar en la implementación de planes preventivos, aunque la velocidad con la que están creciendo los delitos asociados a armas también levanta “banderas rojas”.
Entre las principales recomendaciones del estudio está el diseño de una política de seguridad diferenciada para territorios rurales. Las características de estos espacios (menor densidad poblacional, mayor extensión territorial y economías productivas distintas) requieren respuestas del Estado que no necesariamente replican las estrategias aplicadas en zonas urbanas.
A ello se suma la necesidad de fortalecer una gobernanza de seguridad rural que permita coordinar a municipios, gobierno regional, Estado central, organizaciones sociales y actores privados presentes en el territorio. Contar con información compartida y mecanismos de alerta temprana, plantea el análisis, podría ser clave para anticipar la instalación de estructuras criminales.
La conclusión del estudio es clara: “La ventana de oportunidad que nos da este número absoluto en materia de delitos es sumamente relevante porque quiere decir que estamos a tiempo para generar ese diseño de política pública de seguridad diferenciada para territorios rurales” aseguró Lizana.
