Durante años, los vecinos del sector El Molino – El Álamo en Coltauco han convivido con un problema que, pese a millonarias inversiones públicas, parece no encontrar solución: fallas reiteradas en la planta de tratamiento de aguas servidas. Rebalses en las calles, malos olores y escurrimientos hacia canales de regadío forman parte de una situación que la comunidad asegura se arrastra desde hace años.
Solo en los últimos seis años, las obras destinadas a mejorar el sistema sanitario han bordeado los $2.000 millones en inversión pública. Sin embargo, para los habitantes del sector, las fallas no solo persisten, sino que se han vuelto cotidianas.
La tensión alcanzó un nuevo punto crítico el pasado 27 de febrero, cuando durante una asamblea extraordinaria del Comité de Agua Potable Rural (APR) El Molino – El Álamo, convocada para elegir a un nuevo tesorero tras la renuncia del anterior en diciembre de 2025, los socios decidieron cerrar las dependencias del comité y exigir la realización de una auditoría externa.
Un problema que se arrastra por años
Los reclamos por el funcionamiento de la planta no son nuevos. Desde al menos 2017, residentes del sector han denunciado públicamente episodios de rebalses de aguas servidas, inundaciones y filtraciones hacia la vía pública.
Estas problemáticas motivaron distintos proyectos de mejora. Uno de ellos fue el denominado “Mejoramiento Sistema APR El Molino – El Álamo”, ejecutado en 2020 (conforme a datos de la Cuenta Pública de la Municipalidad) con financiamiento del Ministerio de Obras Públicas por $1.695 millones. A esto se sumó un proyecto municipal de mejoramiento de la planta de tratamiento por cerca de $59 millones. Sin embargo, los problemas regresaron.
En marzo de 2023, vecinos del sector Montegrande volvieron a denunciar rebalses de aguas servidas. Según relataron entonces a medios de comunicación, los residuos líquidos permanecían estancados durante días, generando focos de malos olores y escurrimientos en las calles.
Incluso se reportó que la planta estuvo descargando directamente hacia el río, lo que encendió alarmas por un eventual impacto sanitario y ambiental. Ante estos hechos, la Seremi de Salud de O’Higgins declaró al medio que se habían instruido sumarios sanitarios y que además se ofició a la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) y al municipio para evaluar la reposición completa de la planta.
Según las autoridades sanitarias, parte del problema se relacionaría con deficiencias en la gestión del sistema y la falta de adecuación de la infraestructura al crecimiento poblacional, ya que la planta actualmente atiende a más del doble de usuarios para los que fue diseñada originalmente.
Nuevas obras, nuevas irregularidades
La situación se agravó ese mismo año cuando Coltauco se convirtió en una de las comunas más golpeadas por el sistema frontal que afectó a la zona central del país. Las crecidas de los ríos Cachapoal, Tinguiririca y Claro provocaron graves inundaciones que cubrieron cerca del 80% de la superficie de la comuna, dejando más de 7.000 damnificados.
En septiembre de 2023, el Concejo Municipal abordó la situación en una sesión extraordinaria, donde se reconoció que los problemas de la planta no solo respondían a la emergencia climática, sino también a falencias estructurales en su administración y funcionamiento.
Desde la Secretaría Comunal de Planificación (Secplac) se informó que el embancamiento del pozo de la planta elevadora, producto de las lluvias, hacía necesario implementar una solución definitiva. Asimismo, y como ya había advertido con anterioridad Seremi de Salud, se advirtió la falta de claridad respecto de las competencias de fiscalización entre el municipio y la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH).
Así, en marzo de 2024 se firmó el contrato para ejecutar el proyecto “Mejoramiento Planta de Tratamiento de Aguas Servidas El Molino, Coltauco”, adjudicado a la empresa Hidrocon SpA por aproximadamente $172 millones. El proyecto buscaba optimizar el sistema, deteriorado tanto por problemas operacionales como por los daños causados por la contingencia de 2023.
No obstante, un informe de la Superintendencia de Servicios Sanitarios Rurales (SSR) elaborado en noviembre de 2024 detectó diversas irregularidades en la ejecución de las obras, entre ellas la limpieza insuficiente del sistema y la instalación de equipos que no coincidían con las especificaciones técnicas del proyecto ni con las condiciones previas de la planta.
A esto se sumó una observación de la Contraloría que, en un informe emitido en enero de 2025, señaló que el municipio no remitió los antecedentes técnicos del proyecto a la SSR para su visación, ni informó oportunamente el inicio de las obras. Según el organismo fiscalizador, esta omisión impidió realizar un seguimiento adecuado del proyecto, lo que habría dificultado detectar a tiempo los errores en su ejecución.
Tras ser consultados, la Municipalidad de Coltauco confirmó que el proyecto no pasó por Ventanilla Única de la DOH, pero que “lo visó uno de sus profesionales, con todo el buen ánimo y disposición”. Añadieron, además, que por parte del municipio siempre existió supervisión técnica durante la ejecución de la obra.
Por otro lado, aseguraron que, dentro de las reuniones sostenidas con director de la DOH y equipos técnicos, “se ha solicitado un proyecto de mayor envergadura que dé una solución definitiva a la planta”. Y que el organismo les señaló en las reuniones que a finales del año 2025 comenzarán los estudios para desarrollar un proyecto que “signifique mejorar y ampliar la actual planta de tratamiento o alternativamente construir una nueva planta”-
Sin embargo, consultados al respecto, desde la DOH y a través de la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales (SSSR) se informó que hasta la fecha no se ha ingresado para aprobación ningún proyecto relacionado a la planta de tratamiento desde ninguna institución, conforme al procedimiento que indica la ley 20.998 (Ventanilla Única).
Dudas sobre el manejo de recursos
Actualmente, de acuerdo a la información proporcionada por la DOH, la planta presenta problemas de operación tales como “trabazón y detención del sistema de bombeo” por desechos externos que son arrojados al sistema de alcantarillado. Sin embargo, declararon que la Subdirección “realizará un levantamiento técnico de la planta de tratamiento, con el objetivo de evaluar futuras iniciativas de inversión desde la DOH-SSR”.
En tanto, las interrogantes también alcanzan la gestión financiera del comité: A mediados de 2025, el municipio aprobó un ajuste presupuestario que contempló $45 millones para mejorar las obras de la planta, recursos que fueron transferidos al comité encargado de su administración.
Sin embargo, en diciembre de ese mismo año, el tesorero de la directiva presentó su renuncia, señalando que durante tres meses no recibió estados de pago ni documentación que respaldara el uso de estos recursos ni tampoco de las actividades de las cuentas bancarias que maneja el Comité. Hecho que detonó, en parte, el cierre de instalaciones el pasado viernes 27 de febrero. –Vale mencionar que, al menos, hasta el lunes 2 de enero, dicha renuncia no se había hecho efectiva ante el municipio–.
Por otro lado, aseguraron que, según lo informado por Servicio Sanitario Rural en visita a la SSR, el balance del año 2025 “está siendo preparado por el contador del SSR Molino el Álamo y debe ser presentado en asamblea del año 2026 para su aprobación”. Por su parte, la Municipalidad sostuvo que la APR rindió la totalidad de la subvención el 17 de diciembre pasado, la cual fue recibida satisfactoriamente.
Finalmente, desde la DOH indicaron que, con fecha del 16 de febrero del presente año, la Subdirección regional solicitó a Nivel central que se pueda considerar al SSR El Molino – El Álamo para la realización de una auditoría externa.
Si bien las instalaciones de la planta fueron abiertas el pasado día lunes, las acciones de los vecinos reflejan un conflicto que combina problemas técnicos, administrativos y financieros.
Mientras se espera la realización de una auditoría externa y el pronunciamiento de los organismos fiscalizadores, los vecinos insisten en una demanda que se repite desde hace años: mayor transparencia, establecer responsabilidades claras y una solución definitiva para una problemática que se arrastra desde hace años.
