Chile necesita crecer. Necesita atraer inversión, generar empleos de alto valor agregado y transformarse en un actor relevante en el desarrollo tecnológico regional. En ese escenario, resulta razonable que el país aspire a convertirse en un polo para la instalación de grandes compañías tecnológicas e infraestructura vinculada a inteligencia artificial.
Negarse a esa discusión sería simplemente quedarse fuera del futuro.
Sin embargo, precisamente porque el desafío es importante, el debate debe hacerse bien. Y eso implica comprender que el desarrollo tecnológico no puede construirse sobre el debilitamiento del derecho de autor, de la prensa y de quienes producen contenidos originales que alimentan los sistemas de inteligencia artificial.
Resulta paradójico que un proyecto concebido bajo la bandera de la “reconstrucción nacional” contemple una norma que, en la práctica, podría significar una transferencia de valor desde creadores y medios chilenos hacia plataformas internacionales con capacidad económica infinitamente superior.
La polémica en torno al artículo 8 del proyecto de ley apunta justamente a ese punto. La indicación sustitutiva impulsada por el Ejecutivo permitiría utilizar obras protegidas para “extracción, comparación, clasificación, entrenamiento, desarrollo o despliegue” de modelos de IA sin autorización ni remuneración para sus titulares.
El problema no es solo económico, aunque también lo es.
La industria de medios vive una transformación profunda. Durante décadas, el modelo digital permitió que los medios monetizaran sus contenidos a través de visitas, publicidad y suscripciones. Pero la irrupción de las inteligencias artificiales cambió radicalmente ese escenario: millones de usuarios hoy realizan consultas directamente a plataformas de IA en vez de ingresar a los sitios periodísticos donde originalmente se generó la información.
La consecuencia es evidente: menos tráfico, menos ingresos y una creciente concentración del valor económico en plataformas tecnológicas globales que utilizan contenidos ajenos para entrenar sus sistemas.
En Europa ya entendieron que el problema existe. Esta semana, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea reconoció el derecho de los medios de comunicación a recibir una “remuneración equitativa” por el uso de sus contenidos en plataformas digitales, validando mecanismos de negociación y compensación económica frente a gigantes tecnológicos como Meta.
La señal es potente: las democracias avanzadas no están optando por desproteger la creación intelectual para favorecer el desarrollo tecnológico. Están buscando equilibrio.
Y ahí aparece el segundo aspecto —quizás incluso más delicado— de esta discusión: la responsabilidad.
Porque detrás de una noticia publicada por un medio existen periodistas, editores, líneas editoriales, controles, fuentes identificables y eventualmente responsabilidades civiles y legales. Cuando un medio se equivoca, responde. Puede ser rectificado, demandado, cuestionado públicamente o perder credibilidad.
En cambio, la información entregada por una inteligencia artificial muchas veces termina en una zona gris donde nadie parece hacerse realmente responsable. Las IA mezclan fuentes, sintetizan contenidos, reinterpretan datos y producen respuestas que el usuario recibe como si fueran conocimiento consolidado, aunque muchas veces incluyan errores, sesgos o directamente información falsa.
Paradójicamente, esas mismas respuestas se construyen utilizando el trabajo previo de medios, periodistas, escritores, investigadores y creadores humanos.
Por eso el debate no puede reducirse a una falsa dicotomía entre progreso o regulación. Chile necesita ambas cosas: innovación y protección efectiva de la propiedad intelectual.
El país puede —y debe— generar condiciones atractivas para que las grandes tecnológicas inviertan aquí. Pero eso no puede traducirse en legalizar el uso masivo de contenidos protegidos sin autorización, sin compensación y sin mecanismos claros de resguardo para quienes producen información y cultura.
Porque si la inteligencia artificial termina debilitando económicamente al periodismo profesional, el problema no será únicamente empresarial. Será democrático.
Sin medios fuertes, sustentables y capaces de fiscalizar el poder, la calidad de la información pública inevitablemente se deteriora. Y cuando eso ocurre, el vacío suele llenarse con algoritmos opacos, desinformación y contenidos donde finalmente nadie responde por nada.
