Pocas noticias conmocionan tanto a una comunidad como aquellas que involucran a niños y adolescentes. Cuando, además, los hechos ocurren al interior de una institución con más de un siglo de historia, que ha formado a generaciones de rancagüinos y forma parte de la memoria de miles de familias, el impacto trasciende con rapidez los límites del propio establecimiento.
La investigación que hoy lleva adelante el Ministerio Público respecto del Instituto O’Higgins es, por su naturaleza, de la mayor gravedad. También es una investigación particularmente delicada, no solo por los delitos que se indagan, sino porque, de acuerdo con los antecedentes conocidos hasta ahora, tanto las eventuales víctimas como quienes aparecen involucrados serían menores de edad. Esa sola circunstancia obliga a extremar la prudencia.
En estos días, la conversación ha sido intensa. Todo comenzó con una publicación en una red social y, desde entonces, los teléfonos no han dejado de sonar. Han circulado capturas de pantalla, relatos, nombres, fotografías y versiones de toda índole en grupos de WhatsApp, Instagram y otras plataformas. Como ocurre hoy con demasiada frecuencia, la velocidad con que viaja la información ha sido muy superior a la capacidad de verificarla.
Para un diario nacional, probablemente esta sería una historia más dentro de muchas. Para un diario regional no lo es. Al igual que el Instituto O’Higgins, somos parte de la historia de esta ciudad y de la región. Compartimos la misma comunidad, conocemos el significado que este establecimiento tiene para miles de familias y hemos recibido, como tantos rancagüinos, la avalancha de versiones, antecedentes y comentarios que han circulado durante los últimos días. Precisamente por esa cercanía, nuestras decisiones editoriales exigen aún más responsabilidad.
Sabemos que muchos lectores esperan que publiquemos todo aquello que llega a nuestras manos. Sin embargo, informar no consiste en reproducir rumores ni en amplificar información que no ha sido comprobada. Tampoco en alimentar la ansiedad que inevitablemente generan casos de esta naturaleza. Cuando hay menores de edad involucrados, el deber ético de proteger su identidad y sus derechos debe prevalecer incluso frente a la presión por conocer más detalles.
Eso no significa renunciar a informar. Significa comprender que existen momentos en que la responsabilidad periodística también se expresa en aquello que decidimos no publicar. No porque pretendamos ocultar información, sino porque hacerlo podría causar un daño irreparable a personas cuya situación aún está siendo investigada y cuya protección exige la ley, pero también el sentido común.
Nuestro deber es seguir informando. Investigar. Preguntar. Contrastar versiones. Exigir respuestas a las instituciones cuando corresponda y dar cuenta de cada avance relevante de la investigación. Pero también evitar que el periodismo se transforme en un vehículo para la difusión de acusaciones no comprobadas o de antecedentes que puedan afectar irreversiblemente la vida de menores de edad.
Al mismo tiempo, la prudencia no puede transformarse en silencio permanente. La investigación deberá establecer qué ocurrió, cuáles fueron las responsabilidades individuales e institucionales y qué decisiones correspondía adoptar. Cuando ese proceso concluya, la comunidad tiene derecho a conocer, de manera responsable y respetando siempre la identidad de los menores involucrados, las conclusiones que permitan comprender este doloroso episodio.
Y esa información no solo deberá servir para establecer las responsabilidades que correspondan. También tendrá que convertirse en una oportunidad de aprendizaje. Para los establecimientos educacionales, llamados a enfrentar situaciones cada vez más complejas; para las familias, que acompañan a sus hijos en un mundo profundamente distinto al de generaciones anteriores; y para los propios jóvenes, que han crecido en una época donde un teléfono puede registrar, almacenar y difundir en segundos aquello que antes pertenecía únicamente al ámbito de la intimidad.
Las tecnologías cambian a una velocidad vertiginosa. Los principios, en cambio, deberían permanecer. La dignidad de las personas, la protección de los menores y el compromiso con la verdad no pueden ser víctimas de la inmediatez. Porque si algo necesita hoy nuestra comunidad, no son más rumores ni más condenas anticipadas. Lo que necesita es que la verdad, completa y debidamente acreditada, llegue a conocerse. Solo así será posible hacer justicia, reparar a quienes corresponda y, sobre todo, extraer las lecciones necesarias para que hechos como estos no vuelvan a repetirse.
