En un fallo histórico dictado este 17 de julio de 2026, el Tribunal Electoral Regional (TER) de O’Higgins decretó la remoción de su cargo del alcalde de Navidad, Yanko Antonio Blumen Antivilo. La sentencia no solo ordena su salida inmediata, sino que le impone una inhabilitación para ejercer cualquier cargo público por un término de cinco años.
El tribunal, tras analizar el requerimiento de cuatro concejales, acreditó un patrón de conductas donde el interés público fue desplazado por beneficios personales y familiares.
Los pilares de la remoción
La justicia electoral basó su decisión en tres cargos principales:
Contratación de su pareja y socia: Se comprobó que Blumen intervino directamente en la suscripción de al menos seis decretos para contratar a Alexsandra Jiménez Román, con quien mantiene una relación sentimental y un hijo en común. La gravedad se acentuó al descubrirse que ambos constituyeron juntos la sociedad comercial ROMANT SpA mientras ella prestaba servicios en el municipio.
Uso político de recursos públicos: El 2 de diciembre de 2023, el alcalde utilizó una camioneta municipal para asistir a una asamblea del Partido por la Democracia (PPD) en Malloa. Un agravante fundamental fue que la bitácora del vehículo fue adulterada, consignando falsamente que el viaje era para una «ayuda social» en una junta de vecinos.
Maquinaria municipal en predio familiar: Se acreditó que Blumen ordenó el uso de una retroexcavadora municipal para realizar trabajos de limpieza en un terreno bajo el cuidado de su hermana, Mónica Antivilo, en el sector de San Rafael.
Suspendión inmediata una vez notificado
Aunque la defensa intentó calificar estos hechos como «errores involuntarios», el TER desestimó tales argumentos, señalando que la pluralidad y reiteración de las conductas son incompatibles con una simple inadvertencia. Un cuarto cargo relativo a sobre ejecución presupuestaria fue rechazado al considerarse que la situación fue finalmente regularizada por el Concejo Municipal.
Tras la notificación, Blumen queda suspendido de sus funciones de forma inmediata. Una vez ejecutoriado el fallo, se procederá a su remoción definitiva y al nombramiento de un suplente conforme a la ley. El tribunal concluyó que estas acciones traicionan el mandato ciudadano al administrar bienes públicos como una «prolongación de su esfera privada».
