La Defensoría Penal Pública de O’Higgins atendió a 20.640 personas durante 2025, cifra similar a la de años anteriores, aunque con un incremento en la complejidad de las causas, según informó el defensor regional, Claudio Aspe Letelier, durante la cuenta pública de la institución.
La ceremonia se realizó en el auditorio del Edificio del Sector Justicia y reunió a autoridades vinculadas al sistema de justicia penal de la región.
Uno de los antecedentes que marcó la exposición fue que 169 personas permanecieron privadas de libertad mediante prisión preventiva durante 2025 y posteriormente fueron absueltas o resultaron inocentes al término de sus respectivos procesos judiciales.
Aumentan las prisiones preventivas
Durante su intervención, Aspe señaló que el uso de la prisión preventiva ha mostrado un crecimiento sostenido en los últimos años.
Las cifras entregadas indican que hubo:
- 984 ingresos a prisión preventiva en 2022.
- 1.198 ingresos en 2023.
- 1.383 ingresos en 2024.
- 1.414 ingresos en 2025.
Según indicó, la proyección para este año apunta a cifras similares.
El defensor regional sostuvo que el principal problema se presenta cuando personas permanecen privadas de libertad durante meses e incluso años mientras se desarrolla la investigación y finalmente son absueltas o declaradas inocentes.
Preocupan las causas complejas
Aspe explicó que, aunque el número total de atenciones no ha aumentado significativamente, sí lo ha hecho la complejidad de las investigaciones penales.
Entre ellas mencionó casos de alta connotación pública como el robo a Brinks, el doble homicidio ocurrido en una parcela de Graneros, el caso de Pueblo de Indios y otras investigaciones con numerosos imputados.
Según explicó, este tipo de procesos requiere la participación simultánea de varios defensores debido a incompatibilidades entre las defensas, llegando en algunos casos a intervenir hasta seis abogados.
«Hasta hoy hemos dado con esfuerzo respuesta a estas nuevas exigencias; sin embargo, nos preocupa que modificaciones legales como aquella que fortalece al Ministerio Público no vayan de la mano de un fortalecimiento de la Defensoría Penal Pública, absolutamente necesario para mantener un equilibrio de fuerzas entre las instituciones del sistema judicial», afirmó.
Personas con patologías mentales
Otro de los temas abordados durante la cuenta pública fue la situación de personas imputadas con enfermedades mentales.
Actualmente, la Defensoría mantiene 442 causas en las que se debate la inimputabilidad por patologías psiquiátricas.
Aspe advirtió que algunas de estas personas permanecen en cárceles comunes debido a la falta de cupos en hospitales con unidades forenses y a las limitaciones del sistema de salud regional para atender estos casos.
Al cerrar su intervención, el defensor regional reafirmó el compromiso de la institución con la protección del debido proceso y la defensa de los derechos de todas las personas sometidas a un proceso penal.
