La Fiscalía de Alta Complejidad de O’Higgins formalizó este lunes a una pareja por los delitos de trata de personas en carácter reiterado y asociación criminal, en una investigación iniciada en 2024 luego de que algunas víctimas lograran escapar de los lugares donde se encontraban retenidas.
Según explicó la fiscal Macarena Bustos, se trata de una mujer de nacionalidad paraguaya y su pareja chilena, quienes, de acuerdo con la investigación, lideraban una organización dedicada a captar mujeres jóvenes paraguayas para luego explotarlas sexualmente.
Captadas con falsas ofertas laborales
Las víctimas eran contactadas en Paraguay mediante ofertas de trabajo que no existían. En otros casos, de acuerdo con la Fiscalía, eran engañadas de distintas formas aprovechando su situación de vulnerabilidad económica.
“Las captaban bajo ofertas de trabajo inexistentes, falsas, y en otros casos engañándolas de otros modos, abusando de la vulnerabilidad económica que estas víctimas padecían en ese país”, detalló la fiscal Bustos.
Una vez en Chile, las mujeres eran trasladadas a domicilios ubicados en Rancagua y San Fernando, donde eran obligadas a ejercer el comercio sexual.
“Bajo condiciones que, de haber conocido de antemano, no habrían aceptado y no se habrían trasladado a este país”, agregó la persecutora.
El rol del imputado chileno
De acuerdo con los antecedentes expuestos en la audiencia, el imputado chileno cumplía funciones de control al interior de la organización.
La fiscal Bustos explicó que revisaba constantemente las cámaras de seguridad instaladas en los domicilios, controlaba los tiempos en que los clientes permanecían en las viviendas y realizaba un cálculo de los valores que la imputada debía recibir al final de cada jornada por las prestaciones realizadas por las mujeres.
Al menos cinco víctimas identificadas
Durante la audiencia, la Fiscalía informó que hasta ahora existen al menos cuatro víctimas identificadas.
A ellas se sumó este lunes una quinta mujer, quien fue rescatada durante las diligencias y quedó bajo medidas de protección.
El Ministerio Público continúa investigando para establecer si existen otras víctimas que hayan sido captadas por la organización.
Allanamientos en tres regiones
Como parte de las diligencias investigativas se realizaron allanamientos simultáneos en San Fernando, en la Región de O’Higgins; Talca; y Puerto Montt.
En los procedimientos fueron incautados 28 dispositivos celulares, cuyo contenido deberá ser analizado por los investigadores.
“Estamos hablando de un volumen de información muy grande que vamos a tener que periciar para, eventualmente, llegar a la identificación de otras posibles víctimas que podrían estar necesitando el rescate”, indicó la fiscal.
Ambos delitos por los que fueron formalizados tienen penas de crimen, por lo que, en caso de ser condenados, los imputados no podrían cumplir la pena en libertad.
