Una serie de irregularidades en la tramitación de cédulas de identidad para personas extranjeras detectó la Contraloría Regional de O’Higgins en una investigación especial realizada a la Dirección Regional del Servicio de Registro Civil e Identificación. Los hallazgos motivaron la decisión de iniciar un procedimiento disciplinario para determinar eventuales responsabilidades administrativas y remitir los antecedentes al Ministerio Público.
Según el Informe Final N.º 429 de 2026, la investigación se concentró principalmente en las solicitudes tramitadas entre noviembre de 2021 y diciembre de 2022 por una entonces oficial civil adjunta de la oficina del Registro Civil de Nancagua. La fiscalización también examinó procedimientos posteriores y detectó debilidades en los controles aplicados a la documentación presentada por personas extranjeras.
Para revisar las actuaciones de la funcionaria, Contraloría examinó una muestra de 50 solicitudes de un total de 136 registros correspondientes al período investigado. La revisión permitió identificar documentos que no correspondían a los solicitantes, antecedentes migratorios no válidos y estampados electrónicos cuya existencia o autenticidad no pudo comprobarse.
La investigación se desarrolló en el contexto de una querella presentada por el Servicio de Registro Civil e Identificación, admitida a tramitación por el Juzgado de Garantía de Santa Cruz, por presuntos delitos relacionados con la falsificación y el uso malicioso de instrumentos públicos, entre otros. La acción judicial plantea la eventual existencia de una red dedicada a la confección y utilización de documentos falsos para facilitar la obtención fraudulenta de cédulas de identidad.
DOCUMENTOS DE OTRAS PERSONAS Y ANTECEDENTES NO VÁLIDOS
Entre los hallazgos concretos, el informe detalla solicitudes en las que se adjuntaron documentos que no correspondían a la persona que estaba realizando el trámite.
En uno de los casos descritos, se incorporaron documentos denominados «Solicitud de regularización migratoria» que, según los datos de verificación revisados por Contraloría, correspondían a una persona distinta de la solicitante. En otro, se detectaron documentos de «Certificado de envío de solicitud de permanencia definitiva» asociados a personas diferentes de quienes figuraban en las solicitudes de cédula de identidad.
La fiscalización también identificó antecedentes migratorios que no eran válidos. Para ello, el equipo fiscalizador revisó la documentación mediante las herramientas de consulta disponibles, entre ellas el validador de documentos del Servicio Nacional de Migraciones y los sistemas de verificación de estampados electrónicos.
A estos hallazgos se sumaron casos en que los estampados electrónicos adjuntos no pudieron ser encontrados en el portal de trámites digitales del Servicio Nacional de Migraciones. Asimismo, se detectó una solicitud que contenía un estampado electrónico sin código QR, elemento necesario para efectuar su verificación mediante ese mecanismo.
De acuerdo con el informe, estas inconsistencias no impidieron que las solicitudes fueran tramitadas y que se otorgaran cédulas de identidad a personas extranjeras. Contraloría concluyó que las actuaciones observadas no se ajustaban a las obligaciones legales de los oficiales civiles de supervisar el correcto otorgamiento de los documentos de identificación.
FALTA DE CONTROLES Y NUEVO PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO
La investigación no se limitó a las actuaciones registradas en Nancagua. Contraloría también constató deficiencias generales en los controles de la Dirección Regional del Registro Civil para validar los antecedentes migratorios presentados al solicitar cédulas de identidad.
Un ejemplo de esta situación quedó registrado durante una visita inspectiva realizada el 25 de junio de 2026 a la oficina del Registro Civil de Requínoa. En esa oportunidad, el organismo fiscalizador observó que la revisión de los documentos se limitaba a una comprobación visual de antecedentes básicos, como el nombre, el número del documento y el país de origen, sin procedimientos destinados a verificar su autenticidad, integridad o vigencia.
El servicio sostuvo en su respuesta que, durante 2021, los funcionarios que recibían las solicitudes no tenían asignada la totalidad de las validaciones técnicas de la documentación migratoria y que posteriormente se habían introducido cambios en el procedimiento. Sin embargo, Contraloría mantuvo la observación, señalando que ya se encontraba vigente la obligación legal de los oficiales civiles de supervisar el correcto otorgamiento de cédulas de identidad y que, en los casos examinados, los documentos sí contenían códigos de verificación, folios o estampados electrónicos que podían ser objeto de revisión.
El informe también revisó los antecedentes de dos investigaciones administrativas previas. Una, iniciada en 2022 y sobreseída en 2023, había concluido que no se verificó responsabilidad de las funcionarias involucradas. Otra, instruida en 2025 y sobreseída ese mismo año, se concentró en determinar si existían movimientos anormales en la cuenta bancaria de la funcionaria investigada, sin pronunciarse sobre una eventual infracción al principio de probidad administrativa vinculada con las irregularidades en la entrega de cédulas.
A partir de sus nuevos hallazgos, Contraloría determinó que las situaciones detectadas podían configurar infracciones al principio de probidad y a las obligaciones funcionarias. Por ello, instruirá un procedimiento disciplinario destinado a establecer las eventuales responsabilidades administrativas de las personas involucradas y remitirá copia del informe al Ministerio Público para los fines que correspondan.
SIN IRREGULARIDADES EN LA MUESTRA DEL PERÍODO POSTERIOR
El informe también examinó una muestra de 60 solicitudes de cédulas de identidad de primera filiación tramitadas por la Dirección Regional entre el 1 de enero de 2024 y el 30 de marzo de 2025. En ese período, el universo de solicitudes de primera filiación para personas extranjeras alcanzó los 25.922 registros.
En este segundo examen, Contraloría no detectó irregularidades en los 60 casos revisados. El resultado delimita los hallazgos del informe y distingue las situaciones observadas en los trámites de 2021 y 2022 de la muestra analizada para el período posterior.
La Contraloría instruyó que el Registro Civil adopte las medidas necesarias para ajustar sus procedimientos a la normativa vigente y fortalecer los controles, con el objetivo de evitar que se repitan situaciones como las detectadas.
