-Esta reglamentación permitirá que este nuevo “especialista en inclusión laboral”, articule un cambio-cultural y/o administrativo- que permita que la organización incluya a personas con discapacidad en sus filas. Deben acreditarse ante un organismo validado por la Comisión del Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales ChileValora.
Por: Ximena Mella Urra.
Como vimos el pasado viernes ya van cuatro años desde la puesta en marcha de la Ley de Inclusión Laboral N°21.015, normativa que exige que todas las empresas, el Estado y las reparticiones públicas con más de 100 trabajadores(as) cuenten con 1% de su planta ocupada por personas con discapacidad. Pero sólo el 39,5% de las empresas en obligación legal cumplen con esta norma, mientras que, en el Estado y las reparticiones públicas, esta cifra llega al 24% de acatamiento.
El último Estudio Nacional de Discapacidad data del 2015, el cual estimó que el 20% de la población chilena adulta (18 años y más) contaba con algún tipo de discapacidad (más de 2 millones 606 mil personas). Específicamente, se indicó que el grupo de población en edad de trabajar (18 a 65 años) arrojó más de 1 millón 663 mil personas (15,3%), pero del total de adultos con discapacidad solo el 39,3% se encontraba ocupada. Cinco años después esta cifra cambiaría drásticamente con la llegada de la pandemia.
En la primera parte del reportaje conocimos testimonios de varias personas que viven día a día el trabajo con o sin inclusión, hoy hablaremos de la opinión de las empresas y el gobierno sobre el tema.
Gestor de Inclusión Laboral
Desde este año, todas las empresas que se regulan por la Ley 21.015 –es decir, todas aquellas de 100 o más trabajadores que contratan un 1% de personas con discapacidad– deberán contar con un gestor de inclusión laboral certificado, así como planes de formación para todos sus trabajadores(as) y una política de diversidad e inclusión, todo aquello de acuerdo con el enfoque de derechos normativos vigentes.
A partir del 1 de noviembre de este año, entrará en vigor esta disposición legal N° 21.275 que modifica el Código del Trabajo, por ello la importancia de que las empresas comiencen a informarse, y a su vez a certificar a los profesionales que cumplirán este rol.
La certificación en sí se realiza a través de Chilevalora, y quienes deseen acceder a ella deben contar con conocimientos mínimos que se encuentran establecidos en el perfil de “Gestor(a) de Inclusión Laboral” en la web certificación.chilevalora.cl disponible desde octubre 2021, y con centros certificados desde enero 2022. Además, cabe mencionar, que esta certificación puede financiarse a través de uso de la Franquicia Tributaria, lo cual es promovido en la región por Sence.
Son cuatro los lugares donde se pueden realizar las acreditaciones de este perfil: Asociación de Empresas de Alimentos A.G., Bureau Veritas Certification Chile S.A., Capitol Group SPA y Ecerlab SPA. ChileValora, desarrolla los procesos de acreditación de Centros de Evaluación y Certificación, que son las entidades que entregan este sello a los nuevos gestores.
CARACTERÍSTICAS
El gestor de inclusión es quien propicia las instancias que permitan promover la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad dentro de las empresas y, así, estos colaboradores(as) tengan igualdad de condiciones para mantenerse y crecer en sus ambientes de trabajo. Es decir, busca incentivar la creación de espacios inclusivos dentro de las organizaciones. Esta nueva disposición (ley 21.275) es una “actualización” a la actual ley de Inclusión Laboral. Su cargo, que por lo general está destinado al área de Recursos Humanos, se basa en gestar y velar por un real cambio cultural al interior de estas organizaciones.
Si a la entrada en vigencia las instituciones no cumplen con esta disposición, es la Dirección del Trabajo, perteneciente al Ministerio del Trabajo, la entidad que puede fiscalizar y sancionar.
La certificación conseguida es permanente. Lo que tiene vigencia limitada es el perfil ocupacional, que puede variar con el trascurso de los años de acuerdo a las necesidades del sector productivo.