Una jornada bastante extensa se vivió este viernes en el Juzgado de Garantía de Rancagua, donde se realizó la audiencia de formalización en contra de la excarabinera, que quedó en prisión preventiva, por su presunta participación en el robo millonario a la empresa de valores Brinks, ocurrido el 16 de agosto de 2024 en la ciudad de Rancagua.
Según los antecedentes presentados por la Fiscalía del Ministerio Público, la exsargento Primero de la Subcomisaría Diego Portales de Rancagua, sería la séptima funcionaria de Carabineros de Chile involucrada en este sonado caso de robo de más de $11.400 millones a la empresa de valores, y además, sería investigada por su presunta participación en el asalto frustrado a la también empresa ProSegur, en febrero de 2024.
En dicha ocasión la PDI frustró un millonario robo, detectives descubrieron un túnel de 15 metros diseñado para acceder a las bóvedas de Prosegur. El plan criminal apuntaba a un botín de $24 mil millones; sin embargo, la intervención policial terminó con diez detenidos y la desarticulación total de la banda, impidiendo que se concretara la sustracción del dinero.
La acusada de nombre C.B.V -se coloca las iniciales y ocultamiento del rostro por orden del tribunal tras petición de la defensa- fue detenida el pasado jueves 22 de enero, acusada de ser una de las piezas claves del robo a Brinks, donde hasta los momentos 28 personas han sido detenidas, de las cuales 18 son civiles y el resto son personas vinculadas a Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI).
Según el ente persecutor, la imputada, funcionaria de Carabineros de Rancagua a la época de los hechos, se concertó con la asociación criminal y otros efectivos de la institución policial para prestar labores de apoyo, coordinación, generar distracciones y retrasar la acción de la policía el día del ilícito perpetrado, el 16 de agosto de 2024, en la sucursal de la empresa de transporte de valores Brinks.
Una carrera intachable
Se trata de una carabinera, quien se mantenía activa en la institución desde hace 29 años como uniformada. Hasta el momento de su desvinculación poseía el grado de Sargento Segundo. Ingresó a la institución en 1998, trabajando en tres subcomisarías, Su exmarido también era carabinero, pero fue dado de baja años atrás.
Es señalada por el ministerio público como “la líder” de los carabineros que participaban en la banda delictual, que cometió el millonario asalto y que entre sus subalternos era conocida como “La Jefa” o “La Mami”.
El tribunal estuvo conformado por la jueza Vanessa Letelier Morales; la parte acusadora, por el Fiscal del Ministerio Público, Carlos Fuentes; y por la defensa, el abogado Leonardo Díaz, además de un grupo de abogados querellantes presentes vía virtual.
La audiencia de formalización se extendió por más de tres horas, donde se le decretó por parte de la jueza, la prisión preventiva, por cuatro delitos de: Asociación criminal, robo en lugar no habitado, robo con intimidación frustrado y asociación delictual. “Se tienen en consideración los cuatro delitos imputados, gravedad, naturaleza y forma de comisión y las penas asociadas. Se trata de un hecho particular ocurrido en agosto en que se movilizó una ciudad completa, estaban cerrados todos sus ingresos durante todo el día y quemas de determinados vehículos en distintos lugares. Claramente se requería la presencia de funcionarios de Carabineros para poder realizar todas estas funciones, logrando una cierta impunidad. Por lo tanto, el tribunal considera que la libertad de la imputada es peligrosa para la seguridad de la sociedad”, razonó la magistrada.
Además la jueza , mantuvo el plazo de investigación decretado previamente, el cual finaliza el 16 de febrero próximo.
La defensa criticó la medida
Tras la audiencia de formalización, el abogado defensor Leonardo Díaz criticó la medida de prisión preventiva decretada por la magistrada, calificando las pruebas del Ministerio Público como insuficientes.
Según Díaz, la acusación se sostiene únicamente en testimonios de otros imputados que buscarían beneficios procesales, alegando que “después de un año y medio de investigación, solo hay declaraciones de coimputados que dicen que habría estado vinculada, pero más que eso, la verdad, creemos que no hay nada”, señaló.
El defensor también desestimó las pruebas circunstanciales, como los apodos de “La Mami” o “La Jefa” en chats institucionales, argumentando que responden a una familiaridad cotidiana entre funcionarios y no a una jerarquía criminal.
Asimismo, descartó la tesis de que su representada asistiera a reuniones con pelucas o disfraces, y aseguró que, ya se acreditó que la funcionaria no estaba de turno la noche en que supuestamente debía prestar cobertura.
“Ella no conoce a ninguno de los coimputados civiles vinculados al caso Brinks”, enfatizó Díaz, confirmando que apelarán para que cumpla la cautelar en un recinto policial.
Fiscalía asegura que era la líder del grupo policial
El fiscal Carlos Fuentes expuso antecedentes que posicionan a la exsargento de Carabineros como una pieza clave y jerárquica en las operaciones de Brinks y Prosegur.
Según el persecutor, aunque la mujer evitaba dejar huellas tecnológicas o visuales —llegando incluso a dar la espalda si veía un celular en las reuniones—, el testimonio de siete imputados (tanto civiles como ex uniformados) la señalan directamente como quien «lideraba» al grupo de funcionarios involucrados.
Fuentes destacó que, la investigación logró conectar ambos asaltos mediante «dinámicas idénticas» de reclutamiento y planificación.
La Fiscalía sostiene que existen pruebas periféricas, como mensajería de texto y la coordinación de los calendarios de turnos de la imputada, que permitían a la banda saber cuándo contar con cobertura policial.
“Un sujeto declara que en todos los robos grandes siempre está con ella y con ese grupo”, reveló el fiscal, subrayando que la estructura criminal operaba mediante pagos previos para asegurar la participación de los policías.
Algunos antecedentes presentados por el fiscal Fuentes, era el liderazgo con el que contaba la imputada, ya que se le conocía bajo los alias de “La Jefa” o “La Mami”, en los chats, siendo quien autorizaba los movimientos del grupo policial.
A diferencia de sus subalternos, la imputada era extremadamente cautelosa, ya que no usaba teléfonos “quemadores” (transitorios) y solo asistía a reuniones en lugares sin cámaras. Además, la Fiscalía detectó que la organización utilizaba el mismo patrón: pago inicial para «enganchar» a los policías, promesas de grandes recompensas, entrega de rutas de huida y uso de información privilegiada sobre turnos.
El fiscal confirmó que ya van 32 formalizados y que existen antecedentes que podrían involucrar a un carabinero más, cuya participación está siendo pesquisada.
