Una querella criminal ante el Juzgado de Garantía de Rancagua presentaron el historiador e investigador del patrimonio local Patricio Díaz González y la abogada Marcela Riquelme, a raíz del hallazgo de osamentas humanas durante las obras de remodelación de la Catedral de Rancagua, ocurrido el 9 de diciembre de 2024.
La acción está dirigida contra Víctor Hugo Alvear Cárdenas, representante legal de FHL Constructora SpA, empresa encargada de ejecutar los trabajos por cuenta del Obispado de Rancagua, además de quienes pudieran tener responsabilidad en los hechos. Los querellantes solicitan al Ministerio Público investigar una eventual exhumación e inhumación ilegal, obstrucción a la justicia e infracciones a la Ley N° 17.288 de Monumentos Nacionales.
El hallazgo
Según los antecedentes expuestos en la querella, las osamentas fueron descubiertas durante una excavación de varios metros de profundidad, en las inmediaciones de uno de los altares laterales del templo, en el sector que colinda con calle Estado.
Los trabajadores habrían encontrado fragmentos de cráneo, huesos largos y piezas dentales. El hallazgo quedó registrado fotográficamente y, de acuerdo con la versión de los querellantes, posteriormente se habría instruido recoger los restos, introducirlos en una bolsa y depositarlos en una pequeña caja de madera.
La querella sostiene que, después de una bendición religiosa, la caja habría quedado a un costado del lugar. Una vez instalado el antiguo altar, el sector habría sido cubierto con tierra, concreto y una placa de mármol.
La presentación también denuncia que trabajadores que habían registrado el hallazgo mediante fotografías y videos habrían recibido instrucciones de no informar a la PDI u otras autoridades, bajo advertencia de eventuales despidos si las obras se paralizaban.
Estos antecedentes fueron conocidos por la abogada Marcela Riquelme en el marco de procedimientos laborales. Posteriormente, habría presentado una denuncia ante la PDI, acompañando fotografías y videos, lo que dio origen a una investigación por hallazgo de cadáver, identificada como Denuncia N° 732, del 2 de septiembre de 2026.
Posible valor histórico
La querella incorpora antecedentes del historiador Patricio Díaz sobre las prácticas funerarias de Rancagua durante el periodo colonial y los primeros años de la República, cuando era habitual que determinadas personas fueran sepultadas al interior de iglesias.
Los querellantes plantean que el actual emplazamiento de la Catedral correspondería a un antiguo espacio de inhumación de la Villa Santa Cruz de Triana y que los restos podrían corresponder a personas sepultadas durante la época colonial o republicana temprana.
Entre las hipótesis mencionadas figuran integrantes del clero, autoridades, vecinos destacados o personas vinculadas a la Independencia y la Batalla de Rancagua de 1814. Sin embargo, la antigüedad, identidad y procedencia de las osamentas deberán ser establecidas mediante peritajes especializados.
Solicitan peritajes
Entre las diligencias solicitadas al Ministerio Público se encuentra la intervención de la BIDEMA y la Brigada de Homicidios de la PDI, además de especialistas del Servicio Médico Legal y del Consejo de Monumentos Nacionales.
Los querellantes solicitan estudios para determinar características biológicas de los restos y una eventual datación mediante Carbono 14 y análisis isotópicos.
También piden tomar declaración al representante legal de la constructora, Víctor Hugo Alvear, al sacerdote Marcelo Lorca y a trabajadores que participaron en las faenas.
Investigación deberá determinar responsabilidades
Marcela Riquelme señaló que la querella contempla al menos cuatro posibles figuras delictivas: exhumación ilegal, inhumación ilegal, obstrucción a la justicia y una eventual infracción a la legislación sobre patrimonio cultural.
La abogada sostuvo que, según los antecedentes recopilados, la decisión de no informar el hallazgo habría sido deliberada y estaría relacionada con evitar la paralización de las obras.
Por su parte, los antecedentes históricos aportados por Patricio Díaz podrían contribuir a establecer el origen de las osamentas. El historiador cuenta con registros parroquiales de sepultaciones que se remontan al año 1700, según explicó Riquelme.
La investigación deberá determinar finalmente las circunstancias en que se produjo el hallazgo, qué ocurrió posteriormente con los restos, su eventual valor histórico o patrimonial y las responsabilidades que pudieran derivarse de los hechos denunciados.
