La mañana de este miércoles se realizó en el Juzgado de Garantía de Rancagua la audiencia de control de detención y formalización contra los ex carabineros, acusados de tener participación en el millonario robo a la empresa de transporte de valores Brinks, ocurrido el pasado 16 de agosto. Cuatro de los imputados entregaron domicilio en la capital regional y, uno en la comuna de Talagante.
Más de mil 300 páginas son las que posee la carpeta investigativa, por lo que las defensas públicas y privadas pidieron un tiempo de receso para poder interiorizarse de los cargos que se le imputan a los detenidos, entre ellas comunicación por whatsApp donde se realizaban las coordinaciones para cometer el atraco y, fijaciones fotográficas de reuniones previas con los co-imputados en la causa. Con estos antecedentes el tribunal dispuso de órdenes de detención y entradas, registros e incautación de casilleros, teléfonos, domicilios, operativos realizados por personal especializado de carabineros y la Policía de Investigaciones.
El fiscal, Javier Von Bischoffshausen, inició el control de detención de G.P.M, ex cabo Primero de carabineros, funcionario de la Subcomisaría Diego Portales. Según el fiscal, +el como funcionario activo de carabineros, aportó antecedentes claves para el robo frustrado a Prosegur desde fines del año 2023, coordinado reuniones con otros integrantes de la organización criminal para diseñar el momento adecuado de la comisión del delito. Además poder ver la posibilidad de reclutar a otros carabineros en la ejecución del delito, así como coordinar el momento propicio para ingresar a la dependencia de Prosegur. Todo esto fue parte de la participación del imputado en este hecho. Recordemos que en febrero de este año un túnel de aproximadamente 15 metros de largo fue hallado por personal de la Policía de Investigaciones (PDI), el cual había sido construido con destino a la bóveda de la empresa Transporte de Valores Prosegur, ubicada en la avenida Alameda, en la ciudad de Rancagua, esto en las cercanías del cementerio N° 1 de Rancagua.
El Fiscal, Carlos Fuentes, por su parte se refirió al control de detención de los cinco imputados, aseguró que desde principios de julio del año 2024 formaron parte de una organización criminal donde planificaron el robo a la empresa Brinks, plan criminal que reclutó a funcionarios policiales que se desempeñan en Rancagua. Fue así como se planeó la distribución de funciones, obtención de armas de fuego, obtención de vehículos robados para el traslado y robo de dinero, quema de vehículos en lugares estratégicos, cadenas para bloquear calles, todo con el fin de huir e impedir la llegada de la policía.
Recordemos que el pasado 16 de agosto un grupo de antisociales llegaron hasta las oficinas de Brinks en la calle Río Loco en Rancagua, al lugar ingresan robando poco más de 12 mil millones de pesos al tiempo que eran quemados varios vehículos en diversos puntos de Rancagua, en esta causa ya hay una veintena de detenidos incluyendo un guardia de la empresa de valores y sólo se ha recuperado poco más de 200 millones de lo robado.

REUNIONES DE COORDINACIÓN
Según la fiscalía, en estas reuniones de coordinación participan los ex carabineros imputados, además de un guardia de Brinks, junto a otros imputados que están en prisión preventiva. La función de carabineros sería retrasar la llegada de los funcionarios policiales al lugar del robo, para que el atraco tuviera éxito. También dejar sin comunicación a carabineros, conociendo donde se debía cortar la fibra óptica de la Central de Comunicaciones. Esto era parte del trabajo que debían realizar. Se planificaron los cortes de ruta, donde el imputado G.P.M, debía conseguir una radio portátil institucional, la que finalmente fue sacada desde la Tercera Comisaría Rancagua por otro de los imputados. Esto para que quienes cometían el atraco pudieran escuchar en línea las transmisiones de CENCO (Central de Comunicaciones de Carabineros) en tiempo real mientras se concretaba el hecho y, la posterior huida. Los lugares de incendio de vehículos en sitios alejados del robo fue todo concertado y del que también tenían conocimiento los funcionarios policiales, todo esto informado en reuniones previas de coordinación. Entre ello se simuló un procedimiento de violencia intrafamiliar en Villa Luna, con disparos, todo con el fin de retrasar y distraer la labor policial.
El Fiscal Carlos Fuentes hizo un resumen de los hechos acaecidos y que ya han sido expuestos en anteriores formalizaciones, entre ellos que desde el mes de julio se comienzan a trasladar automóviles robados a la región de O’Higgins, esto hasta La Gonzalina, los que según el fiscal fueron custodiados por el imputado ya en prisión preventiva, J.L.G.T. Estas reuniones de coordinación fueron realizadas tanto en La Gonzalina como en Cerro Navia, en el domicilio de la imputada ya en prisión preventiva, C.C.S y a quien se le encontró una cantidad menor de dinero que provenía del robo a Brinks.
Es por ello que a los cinco ex carabineros se le imputan cargos por asociación criminal, robo con intimidación, siete delitos de incendio, 18 receptaciones de vehículos motorizados, (16 robados en la Región Metropolitana y dos en la de O’Higgins) participación como autores en estos delitos en el grado de consumado, por lo que el Ministerio Público solicitó la prisión preventiva de los cinco imputados. El fiscal puso énfasis en la gravedad de los delitos, planificados, entregando datos para cortar CENCO, lo que finalmente no resultó, es decir, organización y afectar la libertad de tránsito, indicando que se trata de crimen organizado que ha penetrado a una institución tan valiosa como lo es carabineros. Se suma los delitos de incendio con altas penas por haberse realizado en zonas pobladas. El resto de los querellantes, entre ellos la empresa Brinks, y la Delegación Presidencial se adhirieron a la petición del Ministerio Público.
DEFENSA ALEGA QUE NO SON PARTE DE UNA ASOCIACIÓN ILÍCITA
La defensa del ex carabinero G.P.M, formalizado por el caso Prosegur y el caso Brinks, sostuvo que el primero de ellos no se perpetró, por lo que resulta desproporcionada la medida cautelar de prisión preventiva, sumado a que ha prestado declaración en los hechos. Sobre el caso Brinks, la defensa sostuvo que la presencia de varios individuos en un lugar no es suficiente para creer que se está en presencia de una asociación ilícita y, que en ningún caso, los hechos tienen relación con crimen organizado o una organización delictual. Cuestiona los delitos imputados, debido a que cree que no hay forma alguna de poder acreditar la participación del imputado al no haber dolo directo. Sobre el hallazgo de munición y una granada en su domicilio, sostuvo que hasta ese momento seguía siendo miembro de carabineros, por lo que podía contar con dichos elementos.
Por su parte, la defensa de los otros tres ex carabineros involucrados, descartó que fueran parte de una asociación ilícita, así como que no se puede acreditar que el día 16 de agosto los imputados J.T, M.S y, R.N el día de los hechos hayan sido parte de este robo, Inculparlos de delitos como incendio cree que es una exceso de la persecución penal, ya que no hay elementos probatorios de que hayan ejecutado incendio, receptación o robo, teniendo como prueba la reunión en la que participaron la que no es suficiente. Adujo que fueron invitados a una reunión sin saber de qué se trataba, vale decir, confirma la presencia de ellos en el encuentro, pero asegura que no se habló de alguna propuesta para participar de un plan de distribución de funciones, así como ejecutar alguna acción para facilitar un plan delictivo, pruebas que asegura la defensa el Ministerio Público no posee, al igual que poder acreditar que hayan recibido algún monto de dinero.
La última defensa privada del quinto ex carabinero imputado, M.A, adujo que sólo se mostraron imágenes que no pueden acreditar la participación de su representado en los hechos, asegurando que el imputado está dispuesto a colaborar en la investigación para aclarar los hechos, creyendo que no ha habido un principio de legalidad en la declaración que se le tomó, ya que en ella no estuvo presente ni un defensor penal público, así como tampoco una defensa privada, De este modo no le consta la veracidad de lo que pudo haber declarado previo al control de detención y formalización, por la falta de garantías judiciales.
Ante esto el Fiscal, Carlos Fuentes, sostuvo que fue el imputado el que quiso declarar, se le separó del resto de los detenidos, se le explica que tiene derecho a guardar silencio, pero renuncia a esto ante la presencia de un capitán de carabineros y, el propio Fiscal. Se le indica que tiene derecho a una defensa, pero insiste en la posibilidad de declarar, por lo que la declaración pasa a ser totalmente válida.
Su defensor pidió una cautelar menor para que así su representado pueda seguir trabajando en labores de transporte Uber. Recalcó que su representado no tiene participación ni como autor ni como encubridor en los hechos.
Ante estas defensas el Fiscal, Carlos Fuentes, replicó que efectivamente se cae en la figura de en una asociación ilícita, ya que no sólo se asociaron, hay líderes, planificación y, cada uno de los imputados ejecutó la parte encomendada. Además se tiene claro que el día del robo todos los imputados se encontraban realizando funciones policiales, realizando una serie de acciones para retrasar su llegada al lugar de los hechos.
Finalmente se determinó dar a conocer las posibles medidas cautelares este jueves a partir de las de las 10:00 de la mañana.
