Siguen apareciendo cuestionamientos a la administración de los fondos públicos por parte del Gobierno Regional de O´Higgins, al duro informe de Contraloría que mantiene una serie de observaciones en contra del Gore señalando que la administración de Pablo Silva mantiene “deficiencias significativas en el control de los recursos públicos”, se suma el Consejo para la Transparencia (CPLT) que informó el inicio de investigaciones sumarias contra cinco Gobiernos Regionales del país, entre ellos el de O’Higgins, tras detectar eventuales infracciones a las normas de transparencia activa durante la fiscalización correspondiente al primer semestre de 2025.
Las otras regiones involucradas son Arica y Parinacota, Antofagasta, La Araucanía y Los Lagos. Según el organismo, en todas ellas se identificaron incumplimientos a deberes legales de publicidad, actualización y completitud de información, elementos claves para una gestión pública transparente y al servicio de la ciudadanía.
“Vamos a utilizar todas las herramientas legales a nuestra disposición para garantizar el cumplimiento de la ley y el consecuente derecho a la información pública. La transparencia mandatada por el ordenamiento jurídico no puede ser una opción, es una obligación legal y un compromiso con la ciudadanía”, afirmó la presidenta del CPLT, Natalia González, al anunciar la medida.
En el caso de la Región de O’Higgins, la fiscalización reveló deficiencias en ítems como transferencias de fondos, información presupuestaria, mecanismos de participación ciudadana y publicación de antecedentes históricos, todos aspectos fundamentales para la rendición de cuentas.
A nivel nacional, los Gobiernos Regionales promediaron un cumplimiento de apenas 76,06%, el peor resultado registrado desde que el Consejo inició estas mediciones en 2010. Algunas regiones, como La Araucanía, Los Lagos y Magallanes, mostraron retrocesos de hasta 35 puntos porcentuales respecto al año anterior. Si bien el CPLT no detalló públicamente el porcentaje específico alcanzado por el GORE de O’Higgins, su inclusión en el grupo de investigados confirma que su desempeño se encuentra bajo el umbral esperado.
Entre los 5 gobiernos regionales cuestionados particularmente críticos fueron los resultados en áreas como las modificaciones presupuestarias, donde el cumplimiento general fue de solo un 35,7%, y el presupuesto asignado, que alcanzó un 37,5%. Estos bajos niveles dificultan el seguimiento del gasto público y limitan la capacidad de la ciudadanía para fiscalizar cómo se utilizan los recursos del Estado.
Contrastes y desigualdad territorial
En contraposición, solo cuatro Gobiernos Regionales lograron un nivel de cumplimiento superior al 90%: Región Metropolitana (99,89%), Atacama (94,8%), Aysén (91,5%) y Biobío (90,6%).
“La gran dispersión en los resultados evidencia que no existe un estándar mínimo común en materia de transparencia. No puede ser que el respeto de un derecho fundamental como el acceso a la información pública dependa de la región en la que viva la persona que lo ejerza”, enfatizó González, subrayando la desigualdad territorial que persiste en esta materia.
El Consejo llamó a los Gobiernos Regionales a adoptar medidas correctivas de forma inmediata y valoró los anuncios de algunas autoridades regionales que han manifestado su voluntad de mejorar sus prácticas en materia de transparencia.
