El reciente informe de la Contraloría General de la República (CGR) que objeta más de 19 mil millones de pesos en la Región de O’Higgins ($19.237.870.948) ha desatado un debate sobre la gestión de los fondos públicos. En este contexto, la consejera regional Rosa Zacconi Quiroz señala que falta una fiscalización rigurosa y mayor transparencia por parte del Consejo Regional ante lo que califica como una «deficiente gestión» en el seguimiento de los recursos.
Para la consejera Zacconi Quiroz, el informe de Contraloría representa «un desafío bastante grande» para los consejeros regionales, especialmente considerando que «hasta ahora el gobernador y el equipo nos decía que todo estaba bien». Reconociendo que «Contraloría siempre encuentra observaciones», enfatizó que en este caso, «las observaciones tienen que ser revisadas, contestadas y de eso tiene que ser informado el Consejo Regional».
Uno de los puntos más críticos señalados por Zacconi Quiroz son las «rendiciones pendientes de regularización» por un monto observado de $17.052.520.193 en transferencias a personas jurídicas de derecho privado. La Contraloría verificó que el Gobierno Regional «no realizó acciones o gestiones suficientes para lograr la regularización, la revisión, la rendición, la de esos recursos». Al respecto, la consejera reflexiono «Por lo tanto, esto sugiere una deficiente gestión del seguimiento de los fondos públicos». Agregó que esta situación no es nueva para el Consejo, pues «nosotros ya habíamos observado eh conversando con la gente y con los proyectos que están en ejecución o a punto de terminar pero que no terminan». Las implicancias son serias, ya que «podrían existir recursos sin justificar desde hace años, comprometiendo la transparencia y con riesgo de pérdida o mal uso de los fondos públicos».
La consejera también se refirió a los «gastos improcedentes o insuficientemente acreditados», que ascienden a $32.524.876 en transferencias a privados por parte del Gobierno Regional. Estos incluyen «rendiciones sin documentación de respaldo, sin acreditar correctamente las contrataciones de personal honorario, sin justificar adquisiciones y bienes de servicio». Para Zacconi, estas anomalías «son temas administrativos que reflejan de una u otra forma alguna mirada de desorden administrativo, más que más que delitos y esas cosas». Sin embargo, advirtió que estos «desórdenes administrativos» son «delicado» porque su implicancia es que podría haber «un uso discrecional no verificable de recursos fiscales». “En el fondo tenemos algunos desórdenes administrativos que sería delicado, por eso que la implicancia es que podría ser podría ser un uso discrecional no verificable de recursos fiscales y por lo tanto es un tremendo desafío el que puedan por una parte el gobierno regional explicar lo que sucedió y por otra parte que nosotros como consejeros regionales nos pongamos las pilas y empecemos a trabajar directamente con estos temas en comunicación y con la transparencia suficiente de revisar toda la documentación”, aseguró
Al mismo tiempo la consejera Rosa Zacconi Quiroz identificó que los problemas subyacentes en el Gobierno Regional son la «falta de control interno efectivo» y la «debilidad en la revisión técnica y financiera de los convenios y rendiciones». Lamentablemente, esta vulnerabilidad procedimental «se facilita procesos de corrupción. Eso se facilita cuando hay desórdenes administrativos».
“Podríamos decir que los problemas del gobierno regional es la falta de control interno efectivo, ya para asegurar, por supuesto, el buen uso de los recursos. Debilidad en la revisión técnica y financiera de los convenios y rendiciones y frente a eso el procedimiento se torna vulnerable y por lo tanto sí es factible que haya otros otras implicancias. No estoy hablando de que a primera instancia haya delitos, pero sí se facilitan procesos de corrupción. Eso se facilita cuando hay desórdenes administrativos”, señaló.
Ante este panorama, la consejera hizo un llamado enfático a su rol y el de sus colegas: «lo que tenemos que hacer nosotros como Consejo Regional es hacer la fiscalización que corresponde». Destacó que, en un año con recursos limitados, «el gran tema para nosotros es fiscalizar», pues «efectivamente se demuestra que los sistemas automáticos de seguimiento de convenios no han funcionado bien». Propuso acciones concretas, como «establecer auditorías internas periódicas» y «fortalecer la idoneidad del personal de control de gestión», un tema al que calificó de «tremendo». Además, instó a «publicar en forma transparente los resultados de rendiciones aprobadas y rechazadas y especialmente mostrarlas al Consejo Regional con detalle», criticando que «hasta ahora solamente son PPTs que en realidad muestran lo bonito, pero que las fortalezas se saben, pero las debilidades no se muestran en plenitud».
Respecto a la respuesta del Gobernador Regional, Pablo Silva Amaya, quien ha afirmado que «el grueso de las cifras cuestionadas por Contraloría corresponde a la División de Fomento e Industria (DIFOI) y a la División de Desarrollo Social y Humano (DIDESOH), que cumplieron funciones durante los años 2011 a 2020», y que las observaciones «corresponden a administraciones anteriores bajo la figura de intendencia», la consejera Zacconi Quiroz difiere de su tono. «En algunos medios ha salido una respuesta del gobierno regional que a mí no me parece», expresó. Considera que «no es el momento de decir que lo están atacando, que hay una gestión política detrás de esto». Para la consejera, «esto es un aprendizaje. Contraloría es una oportunidad». Si bien reconoce que «cuando las oportunidades se repiten y los hechos no se corrigen, hay que tomar medidas más drásticas», insiste en que el señalamiento de la Contraloría «significa que hay que ordenar el tema administrativo en la región de O’Higgins»
