La presidenta de Comisión, Diputada, Alejandra Sepúlveda, aseguró que fue muy importante sesionar en Rancagua, así como escuchar a algunas personas que se sienten afectadas. Agregó que habían recibido información de parte del Ministro de Justicia, sin embargo, esta información no tenía que ver con la precisión y el contexto de como la Seremi recibió esta información.

Fernando Ávila Figueroa

Fotos: Nico Carrasco

La mañana de este lunes la Comisión de Diputados que investiga el caso de los jueces suspendidos de la Corte de Apelaciones de Rancagua, sesionó en la capital regional, donde entre lo más relevante, fue lo que expuso la Seremi de Justicia de la Región de O’Higgins, Bárbara Perry.

La Seremi, sostuvo que respecto a los audios (del doctor Luis  Arenas),  quien en 2018 fue condenado como autor de una red de tráfico de psicotrópicos, fue importante aportar los antecedentes, con el fin de que el tema se vaya esclareciendo y que salgan las sentencias, tanto en el ámbito administrativo como judicial. Agregó que en el año 2018 sostuvo una reunión intersectorial con funcionarios de Fiscalía y las Policías, donde el Ministerio Público le hace entrega de estos audios, enfatizando que era su deber como funcionaria pública entregarlos a sus superiores, siguiendo los conductos regulares.  

Durante la jornada, la presidenta de Comisión, Diputada, Alejandra Sepúlveda, explicó que fue muy importante sesionar en Rancagua, así como escuchar a algunas personas que se sienten afectadas. Agregó que habían recibido información de parte del Ministro de Justicia, sin embargo, esta información no tenía que ver con la precisión y el contexto de como la Seremi recibió esta información, la que fue clave para resguardar el proceso de investigación, y lo que permitió resguardar esta prueba.  

Sepúlveda indicó que la investigación que ha realizado la Ministra, Rosa María Maggi, ha sido contundente. Añadió que será en Santiago y Valparaíso donde próximamente sesionará la Comisión, evaluando si volverán a sesionar en Rancagua. 

Cabe recordar que la Diputada Sepúlveda ha indicado que lo que persigue esta Comisión es la responsabilidad política, una responsabilidad constitucional, y conocer lo que debería haber hecho el Ministerio de Justicia respecto a los casos de los ministros. También sostuvo que ha recibido las denuncias de fallos que dictaron los ministros, donde se analiza el posible tráfico de influencias, y donde existen personas que se han sentido perjudicadas con estos los mismos.

Para el Diputado, Diego Schalper, era muy importante que esta Comisión sesionara en Rancagua, sosteniendo que sobre lo expuesto por la Seremi Perry, una vez que se hace de la información la canaliza por cauces institucionales, creyendo que la única forma de fortalecer las instituciones es ir terminando con las áreas grises de la informalidad, planteando que se tienen que terminar las audiencias privadas entre parlamentarios y miembros del Poder Judicial, y de la Fiscalía. “Me quedó tranquilo, ya que la Seremi aclaró la información, y el contenido del oficio es muy importante. Dice relación con ciertas pruebas que se ordenaron destruir, y no se destruyeron. Como Comisión nosotros tenemos un límite, que es no interferir en investigaciones judiciales pendientes, ya que incurriríamos en un exceso de nuestras atribuciones. Es de esperar que cuando el expediente sea público podamos saber cual fue el contenido de ese oficio”, dijo.  

Por su parte, la Diputada, Loreto Carvajal, insistió en que se quieren conocer los alcances y fundamentos del oficio que entregó la Seremi Perry, como se genera esta comunicación de ella con el Fiscal Arias y el Fiscal Moya. “Ella dice que fue una mesa de trabajo, solicitamos que tengamos acceso a cuál fue el origen de esta mesa de trabajo”, enfatizó.

También el Diputado, José Ramón Barros entregó su opinión, sosteniendo que el trabajo de la Comisión se basa en que pueden entrar en algunos aspectos muy limitados del accionar de Gobierno, en torno a nominaciones que realiza el Poder Judicial. Agregó que por esta Comisión no se puede intentar hacer creer a las personas que  se van resolver fallos que ya fueron ejecutados, los que pueden ser revisados de acuerdo a la normativa que existe en Chile, y no por una Comisión investigadora de la Cámara de Diputados.  

También estuvo presente el diputado,  Raúl Soto, quien indicó que la Seremi de Justicia tuvo un rol fundamental en la primera instancia del proceso investigativo con un oficio que elabora  y que luego hace que los hechos salgan a la luz pública. Espera conocer el contenido de dicho oficio el que actualmente es de carácter secreto hasta que terminen las investigaciones. Asegura que como Comisión van a insistir en conocer el contenido de este oficio para así ir determinando las responsabilidades políticas y judiciales.

Para el diputado, acá hay implicancias de como la Fiscalia y el Ministerio Público se relacionaba con el Poder Judicial o el mundo político, creyendo que nunca más debe haber incidencia entre precisamente el mundo político, Poder Judicial y Ministerio Público, específicamente en nombramientos, ya que eso se puede traducir en un interés político que puede originar algún fallo interesado para favorecer a alguna autoridad.

¿CÓMO LLEGA EL AUDIO A LA SEREMI PERRY?

El acta de la sesión Nº2 celebrada el lunes 13 de mayo de 2019 de esta comisión, y a la que asiste el ministro de justicia Hernán Larraín, este indica que “lo único que puedo agregar en relación con el conflicto que se ha suscitado en Rancagua es la información que, a fines de octubre y comienzos de noviembre de 2018, nos hace llegar nuestra seremi de la Región de O’Higgins, Bárbara Perry, a través de nuestro jefe de división judicial. Le informa que existe -que ha llegado a su conocimiento- un archivo de audio que es captado en el contexto de una investigación sobre tráfico ilícito de drogas y estupefacientes, en el cual se hacía referencia a hechos de corrupción vinculados a ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua”.

Indica la autoridad que “el archivo se encontraba custodiado en el tribunal que había conocido la causa; tribunal que, a petición de una de las partes, había ordenado la destrucción del audio; decisión que aún no se había ejecutado. Esa información se la hizo presente al jefe de la división judicial para buscar una orientación respecto de qué hacer. En su oportunidad, el jefe de la división judicial me hace la respectiva consulta sobre cómo proceder y resolvemos informar a la ministra visitadora de la Corte Suprema, señora, Rosa María Maggi, sobre estos antecedentes. En consecuencia, la señora Bárbara Perry, acompañada por el jefe de la división judicial, formula ante la ministra Maggi una presentación por escrito, a través de la cual la seremi pone este hecho en conocimiento de la Corte Suprema a través, insisto, de la ministra Maggi, que entendemos forma parte de la copia investigativa que la ministra lleva en contra de los tres ministros suspendidos. Es decir, cuando tuvimos conocimiento de un hecho concreto que nos parecía delicado, como era la destrucción de una evidencia, según los antecedentes que habían llegado a la seremi, Bárbara Perry, decidimos ponerlo en conocimiento de la ministra Rosa María Maggi a través de un escrito que presenta formalmente ella ante la ministra. Es un oficio reservado, del cual no tenemos”, dice Larraín.

Continua indicando que “copia, tampoco tengo la fecha exacta de la presentación es en noviembre del año pasado-; por lo tanto, pensamos que eso ha servido para las investigaciones que la Corte Suprema ha estado llevando adelante en esta materia. Es la única actuación de los ministros de Corte que nos ha podido corresponder a nosotros y que, por cierto, tan pronto hemos tenido los antecedentes que no sean rumores infundados, sino que alguna situación concreta, pensamos que así se vela por la conducta ministerial de los jueces poniendo en conocimiento de la ministra visitadora los respectivos antecedentes para que ella proceda como corresponde. Ahora bien, no podemos decir si este antecedente ha sido muy detonante en sus actuaciones o si ha sido uno de varios, porque no tenemos los antecedentes y no nos corresponde, pero esperamos que ello haya contribuido al esclarecimiento de lo que está ocurriendo en Rancagua, y nosotros de cumplir con nuestra función, que aunque limitada, en la medida que la podemos cumplir, velar por la conducta ministerial de los jueces, cosa que siempre haremos cada vez que llegue a nuestro conocimiento”, indicaba el ministro Larraín.

PROFESORES SANFERNANDINOS LLEGAN A LA COMISIÓN

Durante la sesión, también estuvo presente un grupo de profesores de la ciudad de San Fernando. Una de ellas fue, Marta Pizarro, quien denunció irregularidades vividas en un proceso judicial, a la que según ella la sometió su ex empleador, vale decir, la Corporación Municipal de la comuna de San Fernando, llegando a instancias de la Corte de Apelaciones de Rancagua, sentencia que dieron los ministros cuestionados, exponiendo luego su caso ante la Ministra, Rosa María Maggi, siendo finalmente archivado en la Corte Suprema.

Sobre este tema, la Diputada, Carmen Hertz, sostuvo que la Comisión investigadora no está en condiciones de investigar lo que se expuso, ya que el mandato es fiscalizar actos de Gobierno que tuvieron lugar en el nombramiento de jueces, y funcionarios de escalafón secundario en la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Rancagua.