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El necesitado fortalecimiento de la responsabilidad de las personas jurídicas

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Una de las demandas sociales que se han visualizado en los últimos cincuenta días, es la falta de justicia en la aplicación de penas efectivas a la hora de condenar a altos ejecutivos por comisión de grotescos delitos económicos. En el orden de preferencia de las reivindicaciones exigidas por la ciudadanía, figuraba en la posición número tres «Cárcel efectiva para delitos de colusión», en la número cinco de esta priorización se señalaba «cárcel efectiva para delitos de soborno y cohecho» y en la número trece «cárcel efectiva para delitos tributarios», apareciendo recién en el número veinte el aumento del sueldo mínimo.

Solo basta con rememorar casos como La Polar, Penta, SQM o más recientemente las colusiones de «confort», farmacias y precios en los pollos frescos, para entender que delitos de millones de pesos no pueden ser simplemente reparados -a los ojos de la ciudadanía- con clases de ética en una Universidad.

Ante esto, el Gobierno anunció una agenda contra abusos y delitos económicos al inicio de esta semana, pero, al igual que otras demandas sociales, tardará un tiempo en tomar forma.

En nuestro país, ya existe una normativa penal con altas penas para gerentes y directores, que bien podría ser reforzada, considerando que el marco regulatorio está avanzado, con causas en desarrollo pero aún sin sentencias ejemplificadoras por parte de los tribunales de justicia.

Esta ley data de hace 10 años. Con fecha 02 de diciembre de 2009, se publicó en el Diario Oficial la ley 20.393, que establece la responsabilidad penal para las personas jurídicas. Con esta norma, Chile cumplía con uno de los requisitos para su ingreso a la OCDE.


Hoy esta ley cuenta con un catálogo de doce delitos, entre ellos cohecho, administración desleal, apropiación indebida, corrupción entre privados y negociación incompatible.

Casos recientes como el conflicto de interés de Nelson Pizarro, ex- presidente de Codelco por la adjudicación de un millonario contrato en la División Salvador a un ex-socio de su hijo; la formalización de Gerardo Varela, ex-ministro de Educación, en su rol de Presidente del Directorio de Soprole como imputado por administración desleal; la querella de Eduardo Frei contra su propio hermano por apropiación indebida y administración desleal, o la formalización de ejecutivos de ENAP por contaminación de aguas, dan cuenta de la vigencia de esta ley, por pocos conocida y por escasas empresas correctamente aplicada a través de modelos de prevención de delitos.

La máxima administración de la empresa (sin distinción de tamaño), que históricamente estaba protegida de las consecuencias de actuaciones irresponsables de gerentes y directores, cambia radicalmente con esta legislación que impone un deber de dirección y supervisión superior y que es totalitaria en cuanto a su aplicación. El establecimiento de un sistema de prevención de delitos al interior de las empresas debe ser una norma incorporada a reglamentos internos, contratos de trabajo y contratos comerciales, para todos los trabajadores de la empresa, máximos ejecutivos, contratistas y proveedores.

La obligatoriedad de esta norma es alarmantemente desconocida y disminuida, considerando los posibles efectos penales para aquellos socios, directores y gerentes que, por su posición dentro de la organización, pueden comprometer penalmente a la empresa -y comprometerse individualmente- a través de sus actos y decisiones.

Tal vez el descontento social no sería tal, si nuestros Tribunales de Justicia emplearan de manera rigurosa esta normativa legal, aplicando las penas altas y efectivas ante la presencia de los denominados delitos de cuello y corbata.

El Gobierno ahorraría bastante tiempo si esta ley fuera fortalecida en sus penas, aumentando el catálogo de delitos (varios en tramitación como accidentes del trabajo, abuso sexual de menores, actos de discriminación y otros delitos ambientales), y con una apropiada difusión.

Isabel Avilés & Mariangela Pontigo
Abogados
compliance@avilesypontigo.cl

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OPINION: Simios somos todos

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Convengamos en que el título de esta columna es provocativo. Pero si Usted se indigna y le hierve la sangre al leerlo, al considerar que el autor está relativizando las acciones de todo tipo de violentistas, cumple justamente con la premisa que está detrás del enunciado: la comunicación política, sobre todo en tiempos de crisis, es altamente emocional y se rige por comportamientos más instintivos que racionales. ¡Qué mejor ejemplo que el Chile de hoy para comprobarlo!.


Es que los seres humanos no dejamos de ser primates solo parcialmente racionales. Lo cierto es que vivimos en celo permanente durante más de 50 años y nuestro comportamiento se ve influido en forma constante por un variopinto cóctel de hormonas y reacciones químicas.


Ahora bien, efectivamente poseemos la razón y con ello el don de generar códigos como el lenguaje. Eso es lo que nos identifica y diferencia de otras especies. Pero esa virtud no siempre opera como tal. El biólogo Humberto Maturana sostiene que en muchos casos el lenguaje, las ideologías y las teorías se utilizan como subterfugios para justificar las emociones, incluso las peores. ¿Cómo se explican si no las guerras religiosas?.


La irracionalidad humana está por lo demás detrás de todo conflicto bélico, incluyendo las guerras civiles, una amenaza de la cual nuestro país no está liberado. El gran cantautor argentino, Facundo Cabral, ironizaba al respecto, señalando que “no me importa si alguien es negro, blanco o amarillo. Lo que me importa es que es un ser humano. Peor cosa no podría ser”.


Pero, también excepcionalmente, ha habido momentos en que se han impuesto visiones políticas y mensajes virtuosos, que han salvado a miles y miles de vidas humanas del exterminio. Liderazgos como los de Gandhi o Mandela son ejemplo de ello. Quizás, entonces, no todo esté perdido para esta humanidad y para este país, por mucho que nos sintamos en un callejón sin salida.


Jorge Gillies, académico de la Facultad de Humanidades y Tecnología de Comunicación social, UTEM

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OPINION: «Rechazar para reformar»

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El “Acuerdo por la Paz y por la Nueva Constitución” suscrito por las fuerzas políticas democráticas fue un hito muy relevante en el curso de esta crisis social. A través de él se pretendió dar curso institucional al conflicto, aislando a los violentos y generando concesiones mutuas entre aquellos llamados a conducir políticamente el país.


Habiendo transcurrido varios días desde ese momento, solo nos queda concluir que la oposición no ha estado a la altura y no ha cumplido su palabra de buena fe. ¿Cómo se puede contribuir a reestablecer el orden público, si catorce días después de suscrito el acuerdo se acusa constitucionalmente al Presidente en ejercicio? ¿Cómo se argumenta que se está de buena fe, si la inmensa mayoría de la oposición votó a favor de esa acusación, manifiestamente infundada? ¿Se cumple con el acuerdo cuando se le ponen todas las trabas posibles a la legislación que busca endurecer las penas para los desordenes públicos, con pedida de disculpas por parte de los diputados del Frente Amplio entremedio? ¿Cómo interpretamos el que ayer Revolución Democrática se querelle por delitos de lesa humanidad contra varias autoridades, sabiendo que hasta el Informe de la Alta Comisionada de la ONU (es decir, Michelle Bachelet) rechazó el carácter de “sistemático” de las posibles violaciones a los derechos humanos? Cualquier análisis desapasionado nos lleva a la conclusión de que la izquierda chilena tiene una actitud vacilante y de doble estándar con el combate a la violencia.


Lo anterior es muy relevante pensando en el plebiscito del 26 de abril. ¿Cómo se asegura una razonada reflexión constitucional en ese cuadro? ¿Cómo se garantiza un clima de diálogo y un proceso electoral plebiscitario, cuando ni siquiera es factible desarrollar partidos de fútbol o pruebas de selección universitaria? Sabiendo que el Gobierno es minoría en la Cámara de Diputados y el Senado, ¿está colaborando la oposición? ¿O más bien se complace obstruyendo y complicando al Gobierno, sin darse cuenta del autogol que eso significa? Que la izquierda no se queje después: son cómplices activos de la sensación de desorden que se ha ido normalizando en el país.
Muchos votaremos rechazo porque creemos que no hay interés real de construir una “casa común”, sino más bien imponer un modelo de sociedad por la fuerza de la presión y el matonaje. Se busca la refundación de Chile, por una vía alternativa a las elecciones de autoridades (siempre esquivas para la izquierda extrema).Y junto con rechazar, presentaremos un proyecto de reforma constitucional, donde hagamos los cambios que permitan mejorar el Chile que se ha construido. No creemos que haya que botar a la basura los últimos 30 años. Hay que hacer correcciones, pero no demoler el edificio como quieren los sectores extremos. Eso es rechazar para reformar: una tercera vía moderada entre el inmovilismo de no hacer nada, y la revolución refundacional de la hoja en blanco.

Diego Schalper, Diputado Distrito 15.

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Femicidios en 2019: un desafío intersectorial

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En nuestra legislación, un femicidio es el asesinato de una mujer realizado por quien es o ha sido su esposo o conviviente, y se encuentra asociado a los delitos de parricidio.


El principal abordaje (y el más desarrollado) ha sido el jurídico, implicando un avance en el establecimiento de límites claros a los delitos. Sin embargo, la discusión acerca del fenómeno y su relación de continuidad con el resto de las manifestaciones de violencia contra las mujeres en nuestra cultura, va más lento y requiere de otras acciones, ya no sólo jurídicas.


El femicidio es la forma más extrema de violencia contra las mujeres. En 2019, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género registró 46 femicidios consumados en Chile y ya existe un caso concretado en lo que va de 2020. La cifra se encuentra en el promedio de los crímenes de esta naturaleza que se cuentan cada año, a excepción de 2016, año en que descienden los femicidios ejecutados, pero se elevan considerablemente las cifras de delitos frustrados.


La acción política de los gobiernos de Chile para detener y prevenir la violencia contra las mujeres ha prosperado, aunque de manera oscilante. Si bien se ha avanzado considerablemente en la desnormalización de fenómenos como el acoso callejero y otros tipos de violencia sexual, y existen dispositivos de prevención y abordaje de las violencias que se viven en las relaciones de pareja, el trabajo del Estado – sin embargo- sigue llegando tarde, sigue siendo parcial y sigue requiriendo mayor articulación intersectorial.


Las violencias abordadas de manera fragmentada y con organismos que no pueden dar abasto con los elevados niveles de vulneración de los derechos, se encuentran en la ruta de muchas mujeres hacia la muerte. El femicidio, como sabemos, es la crónica de una muerte anunciada.
Debemos avanzar hacia un abordaje institucional del femicidio, eficazmente preventivo de toda violencia hacia las mujeres, el cual requerirá anclarse en una política intersectorial orientada a la construcción de una cultura que haga posibles verdaderas relaciones de respeto mutuo entre las personas.

Mg. María Ester Buzzoni G.
Psicóloga Clínica y docente U. San Sebastián

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