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Guillermo Rolando, subsecretario de Vivienda y Urbanismo: “Nos ha faltado un poco más de mano dura con las sanciones a las empresas”

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  • El ingeniero civil visitó la región para acompañar la entrega de los subsidios de salida a propietarios de la población Baltazar Castro. En conversación con El Rancagüino, aborda, entre otros temas, los problemas que enfrentan cientos de familias por la mala construcción de viviendas sociales y el papel del Minvu en el acceso a la vivienda de los chilenos. “El rol del Estado es estar del lado de las familias y no de las constructoras”, afirma.

 

Por: Patricio Miranda Humeres / Fotos: Nicolás Carrasco y Héctor Vargas

 

 

Según el Catastro Nacional de Campamentos 2020-2021, elaborado por TECHO-Chile y Fundación Vivienda, la cantidad de familias en campamentos aumentó casi 74%, respecto a la última medición realizada, en 2019, por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Así, el reporte de las fundaciones, dado a conocer en marzo de este año, afirma que en el país hay 81.643 familias que habitan 969 campamentos.

La realidad regional, en tanto, es algo diferente: las tomas ilegales disminuyeron un 25% y las familias que las habitan pasaron de 1.271 a 900, lo que representa un descenso de 29%.

Con todo, diversas investigaciones muestran que los problemas no acaban al solucionar las dificultades de acceso a la vivienda, sino que surgen otro tipo de contratiempos. Así, datos del Ministerio de Desarrollo Social plantean que al menos 15% de los hogares de la región están calificados como “carentes de habitabilidad”. Es decir, con hacinamiento o mal estado de las viviendas.

Otras mediciones del Minvu, como la encuesta de Satisfacción y Experiencia Residencial realizada por Cadem en 2016, revelan que 37% de los beneficiarios del Fondo Solidario de Vivienda enfrentan problemas de deficiencias asociados a humedad y hongos en techo, piso o paredes; 30% tiene dificultades en aislamiento de ruidos; 29% problemas de descuadre en puertas y/o ventanas; y un cuarto de los encuestados señala haber tenido filtraciones de agua o gas, además de problemas en instalaciones eléctricas.

La situación no es ajena para la región y bien lo saben los vecinos de la población Baltazar Castro, quienes recibieron el viernes, de manera simbólica, subsidios asociados al Plan de Regeneración Habitacional, en el marco del programa Segunda Oportunidad.

Los graves problemas estructurales que presentan las edificaciones derivaron en que las autoridades decidieran expropiar los terrenos, con el objeto de demoler los inmuebles.

“Estos programas nacen porque como Estado nos equivocamos hace muchas décadas, ese es el gran trasfondo”, apunta Guillermo Rolando, subsecretario de Vivienda y Urbanismo, quien acompañó a los vecinos de la población Baltazar Castro en la ceremonia. “Y esto no es para culpabilizar a nadie, probablemente 30, 40 años después, como se dice, somos todos muy buenos generales, pero sí hay que reconocer que cuando se hiperconcentra la vulnerabilidad en construcciones muy precarias, en dimensiones muy chicas, que no tienen equipamiento, las condiciones de vida no necesariamente mejoran y a uno incluso le queda la siguiente reflexión ¿No habrá sido mejor que muchas de las familias que también venían de campamentos, tal vez hubieran esperado 10 años y hubieran tenido una solución definitiva, pero digna?”.

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En esa línea, Rolando es claro al señalar que la ejecución de los programas de regeneración “es bien difícil”, ya que implica trabajar con una amplia diversidad de familias, entre propietarios, arrendatarios y algunos dueños que probablemente ya no están en el lugar, además de tener que resolver qué partes se demuelen y cómo se vuelve a construir. “Aunque probablemente la parte más difícil, es que las familias o las personas crean en el Estado, porque por qué habrían de hacerlo si se sienten abandonados”, señala.

Problemas en construcciones recientes

Subsecretario, en el caso de la población Baltazar Castro son construcciones hechas hace décadas, bajo otra norma, pero hoy se siguen construyendo viviendas sociales que a meses de ser entregadas tienen problemas de filtraciones, inundaciones, eléctricos, estructurales ¿Cómo ven desde la cartera que continúen existiendo estos problemas? ¿Dónde se sigue fallando?

“Recogemos ese punto con harta fuerza, sí dentro del siguiente contexto. Las políticas habitacionales de los últimos años, por lo menos en diseño, en financiamiento, en infraestructura, son muy distintas de hace 30, 40 años. Hay una norma del año 2011, que exige que lo mínimo de un departamento sean 55 m2, y lo mínimo de una casa sean 45 m2, pero se entregan con un plano de ampliación.

También en temas que no se observan. Las normas antisísmicas han mejorado mucho, los temas térmicos. Y una serie de otros temas técnicos que mejoran mucho las terminaciones y la calidad de la vivienda. Eso para ponerlo en contexto respecto a la política, que probablemente muchos tienen asociado o prejuiciado, a lo que fue la vivienda básica de los ’90”.

Eso sí, Rolando no esconde que aún hay “problemas en algunos proyectos” y que, a su juicio, los flancos más débiles están en las inspecciones y sanciones.

“Nos falta mucha más fuerza desde el punto de vista de las inspecciones técnicas de obra. A pesar de que la responsabilidad final es de la constructora, el rol del Estado ya no es lavarse más las manos de esto, hay que estar encima. Creo que al menos se atenúa que apenas ocurren los problemas, vamos de inmediato a ver cómo se mejora”, sostiene el ingeniero civil.

¿Qué es lo que hace falta ahí entonces? ¿Personal, capacitación técnica?

“A mi juicio, probablemente nos ha faltado un poco más de mano dura con las sanciones a las empresas. Creo que como Estado hemos sido laxos cuando una empresa comete este tipo de errores y la responsabilidad es de la empresa. Esa es una de mis reflexiones.

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Probablemente si fuésemos más duros todavía en esas penalizaciones, pasarían menos estos problemas, que a veces nosotros los llamamos de posventa o constructibilidad, y creo también en un seguimiento mucho más estricto con los inspectores técnicos de obras, respecto a las obras en sí mismas”.

Si bien Rolando asevera que “el porcentaje de viviendas de interés social asociadas al Minvu que tiene problemas de constructibilidad o de uso posterior no es tan alto”, es tajante al señalar que “cada caso es inaceptable”.

 

El tema de los arriendos

En cuarenta años, el porcentaje de gasto promedio que las personas del primer quintil, el grupo más vulnerable, ocupan para pagar el arriendo de sus hogares aumentó considerablemente.

Según un reporte de TECHO-Chile, estas familias en 1980 ocupaban 33,26% de su sueldo para este concepto, cifra que en 2019 llegó a 48,3%. El promedio en los países de la OCDE, en tanto, es de 22,3%.

“Ningún hogar, ni del primer, segundo o tercer quintil, debiese gastar más de un cuarto de su ingreso para la vivienda. Es absolutamente injusto que a los más vulnerables les tenga que quedar menos porcentaje del ya bajo ingreso que tienen, para vivir, alimentarse, vestirse. No estamos hablando de lujos, sino de condiciones mínimas”, postula el subsecretario.

Así, Rolando sostiene que esas cifras son parte de la causal del aumento de los campamentos. “Para muchas familias, ese 50% del ingreso restante no les alcanza ni siquiera para lo mínimo, entonces prefieren irse a una toma de terreno”, dice.

“Ese es un dilema de la sociedad, no de las familias y es parte de nuestro rol también. Ahí tiene que estar el Estado. Se tiene que construir mucha más vivienda de interés social en nuestro país y, por esa misma razón, el Minvu está con el presupuesto más alto de la historia, con un monto muy superior. Nos acaban de suplementar 12 mil viviendas nuevas solo para grupos vulnerables. Esto es muy urgente”, plantea el ingeniero.

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En ese contexto, Rolando afirma que se desarrollarán “nuevas ofertas de arriendo”, que serán complementarias a las ya existentes respecto al acceso a la casa propia.

“Si el Estado se hace de un stock de vivienda pública para poder arrendar de manera protegida, es decir con montos más bajos que el valor del mercado, se puede trasladar de un día para otro a una familia que está súper hacinada”, asevera el subsecretario de Vivienda y Urbanismo.

Para ello, ya se han adquirido terrenos en Talca, Valdivia, Santiago y Valparaíso, y Rolando apunta a que buscan sumar espacios también en la región de O’Higgins: “Vamos a construir departamentos del Estado, en suelo del Estado, con un modelo administrado por un tercero, que va a permitir que el arriendo sea la mitad de lo que debiese ser en el mercado”.

 

“Nuestro rol es acompañar de inmediato a las familias, que nos sientan de su lado”

Uno de los puntos que el subsecretario destaca es el rol que ha jugado la cartera en posibilitar el acceso a la vivienda.

“Si no fuese por el Minvu, dos tercios de la población no tendría acceso a la vivienda. Chile es uno de los países que más invierte en viviendas sociales en el mundo, entre 10 a 12 veces más que el promedio de la OCDE. Esto, por ejemplo, a través de los Fondos Solidarios de Vivienda, que es un programa sin deuda como casi no existen en el mundo”, asegura Rolando. Igualmente, la autoridad reconoce que “hay que hacer más” en esta materia.

¿Qué mensaje le daría o qué les responde a esas familias de viviendas sociales que están afectadas por la mala construcción de las viviendas? En Rancagua y Machalí hay casos de personas que llevan meses e incluso años con problemas, en edificios prácticamente nuevos y que deben soportar intervenciones de meses en sus unidades, que muchas veces vuelven a quedar mal…

“El rol del Estado es estar del lado de las familias y no de las constructoras. Muchas veces queda esta duda, tuvimos una audiencia con un comité y la gran duda era que creían, probablemente prejuicio, es que no los íbamos a recibir porque queríamos defender a la constructora.

Y la ley es la ley. Es muy justo que las constructoras que hacen un muy buen trabajo, que terminan un muy buen producto, tengan sus utilidades justas. Pero entendiendo que ellos son los responsables y que nosotros tenemos muchas herramientas para sancionar a las empresas. Sí creo que nos ha faltado en algunas partes mano un poco más dura”.

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El subsecretario ahonda en este punto. “Cuando los errores de construcción afectan la calidad de vida de las personas, nuestro rol es acompañar de inmediato a las familias y que nos sientan de su lado. Forzar a que las empresas arreglen lo que tengan que arreglar, forzar lo que tengan que compensar en los casos que corresponda y eso lo hacemos mucho. Quisiéramos que cada vez haya menos de estos problemas, obviamente”.

Así, Rolando hace un llamado a las personas a presentar sus reclamos: “Nosotros nos vinculamos con las familias, nos ponemos del lado de ellos, para exigir y forzar que las empresas cumplan y si ello no sucede, tenemos herramientas para sancionar. Desde cobrar las boletas a no permitirles que puedan postular en ningún otro programa de la cartera. El mensaje es que sientan que el Minvu está del lado de ellos, porque el rol y fin último del Minvu es que las familias vivan mejor”.

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