Por: Patricio Miranda Humeres.
Desde a cuánto ascienden las remuneraciones y pagos de autoridades y funcionarios, hasta datos sobre cómo se implementan los programas en los territorios, las instituciones públicas están mandatadas a entregar la información bajo lo que se conoce como Ley de Transparencia, que entró en vigor en 2009.
Si bien algunos datos están publicados en los sitios web de las entidades, hay otros que, pese a que no aparezcan de inmediato, es posible solicitar al amparo de esta norma. Municipios, ministerios, intendencias, gobernaciones, Fuerzas Armadas, Carabineros, entre otros, son parte del listado de organismos a los que se les puede hacer exigible esta normativa vía Transparencia.
En el caso de la región de O’Higgins, esta es una herramienta que se ha consolidado con el paso del tiempo. Así, según datos del Consejo para la Transparencia, si en 2013 ingresaron 186 solicitudes de acceso a la información al sistema, el año pasado la cifra subió a 8.425.
Así, a partir de los datos del Consejo, es la Municipalidad de Pichilemu la que lidera el listado, con 3.095 solicitudes, seguida por la de Rancagua (2.666) y la Seremi de Salud O’Higgins (1.699). El top 10 lo terminan de completar solo municipios, con la sola excepción del Serviu y el Servicio de Salud O’Higgins, que están en los puestos 8 y 9, respectivamente.
A la luz de estos números, es que la región se ubica en el quinto lugar en cuanto a peticiones de acceso a la información a nivel país, por debajo de la Metropolitana, la de Valparaíso, el Biobío y la Araucanía.
Los reclamos
Cuando las solicitudes son rechazadas, hay demora por parte de las instituciones o la entrega de la información no es completa, los solicitantes pueden abrir un caso ante el Consejo para la Transparencia.
Esta alternativa también se ha afianzado con el paso de los años y en O’Higgins partió con unos tímidos siete casos en 2009. Diez años más tarde, aumentó a 413. En 2020, en tanto, hubo 367 reclamos. En ambos años, la región fue la tercera del país con más casos.
Así, los datos históricos del Consejo para la Transparencia muestran que, a junio de este año, son 2.008 los reclamos ante el organismo por trámites hechos a instituciones de la región, lo que la sitúa en el cuarto a nivel nacional.
En el marco local, es el municipio de Navidad el que concentra la mayor cantidad de casos, con 270, que equivalen a 13,4% del total. Más atrás están la Municipalidad de Rancagua (145) y el Servicio de Salud O’Higgins (109).
“Las personas necesitan y están interesadas en acceder a información”
Gloria de la Fuente González, presidenta del Consejo para la Transparencia, sostiene que las personas que afirman haber solicitado información en los últimos 12 meses aumentaron en 8 puntos porcentuales respecto de 2019. “Estamos en un máximo histórico”, enfatiza.
La cientista política afirma que “esta es una señal que nos permite establecer que las personas necesitan y están interesadas en acceder a información que manejan entidades públicas” y que durante la pandemia, muchas de las solicitudes tuvieron que ver con recabar mayores antecedentes para acceder a subsidios y beneficios.
De hecho, este apartado incrementó un 32% su demanda, mientras que consultas relacionadas al Registro Social de Hogares lo hicieron en 10%.
Con todo, De la Fuente es cauta al señalar que el aumento en las solicitudes “no habla del éxito o fracaso de la Ley de Transparencia. Sí apunta a la necesidad de mejorar en algunos aspectos las prácticas en materia de acceso a la información”.
Así, asevera que, de fortalecerse las secciones de Transparencia Activa, con más información y constantes actualizaciones, “quizás eso se traduciría en una baja de las solicitudes que se realizan a las entidades públicas”.
Para la presidenta del Consejo, dado el contexto que vive Chile, tanto en materia de emergencia sanitaria como en los procesos eleccionarios de autoridades “la transparencia hoy es más importante que nunca”.
“El llamado del Consejo a las instituciones públicas es a recordar que la información y la transparencia se traducen en confianza y legitimidad”, dice De la Fuente. “Que más allá de los discursos que se pueden hacer en favor de la transparencia se requiere operativizarla y llevarla a la práctica”.
Con ello, De la Fuente también es consciente de que es necesario seguir perfeccionando los mecanismos y trabajar para eliminar algunos “obstáculos” en el acceso a la información pública.
“En nuestro último proceso de fiscalización de cumplimiento municipal, que desarrollamos a nivel nacional y cuyos resultados dimos a conocer recientemente, evidenciamos que hay altos índices de cumplimiento en lo formal. Es decir, en responder a las solicitudes de acceso, como en la publicación de información en transparencia activa de los municipios, pero si hacemos doble click en esos índices o resultados, vemos que se mantienen prácticas que deben eliminarse, como entregar respuestas incompletas o mantener información publicada en los sitios web pero no, necesariamente actualizada”, explica.
