La comunidad del céntrico conjunto ubicado en pleno corazón de Rancagua está enfrentando una situación «bastante compleja» con el Instituto de Previsión Social (IPS), al que acusan de modificar unilateralmente y apropiarse de espacios comunes, además de mantener una millonaria deuda por gastos comunes.
La abogada de la comunidad, Araceli Paredes, ha calificado la situación como «atentatoria contra los derechos de los vecinos».
El problema es especialmente alarmante dado que el 90% de los residentes del edificio son adultos mayores, lo que significa que la afectación es directa y profunda para este grupo de la población.
Raquel Parra, una residente de 85 años que vive en el lugar desde el año 2003, relata cómo el ruido constante de un aire acondicionado instalado frente a su puerta por el IPS la obligó a adaptar su balcón como dormitorio para poder descansar.
“Yo no tengo capacidad de subir al segundo piso, por lo mismo hice el dormitorio para alejarme de ese ruido porque antes estuve intentando dormir en un sillón, pero no pude ya que estaba cerca y para distanciarme tuve que adaptar mi casa. Yo quiero estar tranquila en mi hogar”.
Parra incluso mencionó que cuando los vecinos han reclamado, los empleados del IPS «se ríen entre ellos», denotando una actitud de menosprecio.
Consultada de que es lo que espera para que mejore su situación actual dice que “solo quiero que retiren ese aire acondicionado que instalaron hace más de diez años”, destaca la adulta mayor.
Apropiación y modificaciones unilaterales
Según la abogada Paredes, el IPS, que es propietario de tres departamentos en el edificio, ha procedido a «modificar unilateralmente los espacios comunes del edificio, apropiándose de ellos».
Entre las acciones denunciadas se incluyen el cierre unilateral del estacionamiento y la clausura de los depósitos de basura de los vecinos, cercándose todo el espacio común. Estas acciones afectan directamente el derecho de propiedad y de habitación de los residentes.
Además de la apropiación de espacios, el IPS también modificó los aires acondicionados, añadiendo seis unidades en el primer piso sin ninguna autorización.
Esta instalación ha generado una «contaminación acústica» significativa que impide el descanso de los vecinos.
Por su parte, la comunidad también ha denunciado la forma en que el IPS procede con sus modificaciones: envían correos «imponiendo, no consultando» sobre su ingreso al edificio para realizar obras, trayendo personal desconocido y accediendo por el ingreso central del edificio, al cual no deberían tener acceso.
Millonaria deuda y comunicación conflictiva
A la compleja situación se suma una deuda del IPS con la comunidad de más de 10 millones de pesos en gastos comunes, que se arrastra desde mayo de este año.
La institución ha «objetado los pagos» y «dificultado los procesos de pago», obligando a la comunidad a hacerse cargo del porcentaje de gastos que le corresponde al IPS.
La comunicación con el IPS, según nos cuenta la profesional, ha sido históricamente conflictiva, con «poca disposición» por parte de la institución para solucionar los problemas.
Aunque Paredes ha solicitado reuniones desde que asumió la representación en mayo, solo se han concretado dos, sin llegar a ningún acuerdo.
Una de las propuestas de la comunidad fue habilitar nuevamente los espacios del segundo subterráneo para la descarga de basura, pero el IPS no accedió, «siempre aduciendo de que el terreno, es de ellos».
Cuando la comunidad ha planteado sus inquietudes, la respuesta del servicio ha sido que los demanden por vía civil, ya que, pese a ser un servicio público, «tienen patrimonio propio».
Sin embargo, la abogada enfatiza que existe una «vulneración mayor de derechos fundamentales» protegidos por la Constitución.
Acciones legales y expectativas de la comunidad
Ante la falta de acuerdo y las acciones por parte del IPS, la comunidad ha tomado medidas legales. Se ha presentado una denuncia formal a la Contraloría de la República y dos recursos administrativos ante la misma institución.
Actualmente, están evaluando interponer un recurso de protección en favor de los vecinos, especialmente los adultos mayores del primer piso, y han iniciado demandas por cobros ejecutivos.
La abogada Araceli Paredes espera que se «restablezca el Imperio del Derecho» y que se encuentre una solución concreta para las 40 familias y departamentos afectados.
Destacó que la comunidad está dispuesta a llegar a acuerdos, «siempre y cuando esos acuerdos estén destinados a respetar los espacios comunes» y al pago de los gastos adeudados.
Postura del IPS: Apego a la normativa y beneficio comunitario
A través de un comunicado y frente a estas acusaciones, la Dirección Regional O’Higgins del IPS dio a conocer que ha manifestado siempre su «disposición a abordar en conjunto las situaciones» y que insta a la comunidad a resolver los asuntos conforme a la Ley de Copropiedad Inmobiliaria N°21.442, ya que ningún servicio público puede operar al margen de la ley.
Respecto a los ruidos molestos por equipos de aire acondicionado, la entidad señala que las renovaciones se están realizando «justamente para eliminar ruidos molestos de los equipos antiguos» y que los nuevos equipos son «de menor tamaño y última generación», con «emisión de ruidos mínima» e «impacto visual» reducido, «en beneficio de la comunidad». Aseguran haber consultado a la comunidad y llegado a un acuerdo para avanzar en horario diurno.
En cuanto al estacionamiento y espacio mencionado como común, afirman que su uso se realiza «en virtud de que dicho espacio es propiedad del instituto», respaldándose en el Plano A-815-A del SERVIU (1985), que lo identifica como de «uso de la Caja de Empart», su continuador legal. También mencionan que el estanque de gas, que beneficia a toda la comunidad, se encuentra en su patio y han ofrecido formalizar un convenio en forma de comodato para garantizar su uso continuo.
Sobre las modificaciones no autorizadas (específicamente en el departamento 114), el IPS ha asumido la disposición a hacerse cargo de ellas, identificadas de administraciones anteriores, y ha realizado gestiones para su regularización y demolición. Sin embargo, afirma que la comunidad ha negado el acceso a su equipo para medir los espacios del proyecto.
Respecto al acceso al segundo subterráneo para acumulación de desechos, explican que, tras una inspección de un experto, se concluyó que la ocupación es «inviable» debido a la gran cantidad de equipos (bombas de agua, incineradores, instalaciones eléctricas) y que los ductos existentes no cumplen las normas de higiene ambiental actuales. Acumular desechos allí, indican, «significaría un riesgo para la salud de los comuneros» debido a «gas metano, malos olores, condiciones higiénicas».
Acerca del pago de los gastos comunes señalan que “de acuerdo con la directiva anterior, en 2022 se estableció que el IPS pagará el 29,58% de los gastos comunes ordinarios, previa presentación por parte de la administración de la comunidad de los respaldos correspondientes, esto es, boletas, liquidaciones de sueldos, entre otros. Sin embargo, se ha insistido en emitir cobranzas por un monto fijo global sin proporcionar los desgloses y comprobantes que, por normativa de probidad y transparencia como organismo público el IPS está obligado a exigir para realizar pagos”.
Por último, la entidad menciona que “hemos asumido una conducta orientada al uso transparente y responsable de los espacios, al alero de la correspondiente normativa. Sumado a ello, siempre hemos mostrado disposición absoluta a dialogar con la Comunidad, resguardando sobre todo las obligaciones que tenemos como institución pública”.
El problema no solo perjudica a los residentes del edificio, sino también a la comunidad del entorno, especialmente al tratarse de un casco histórico. Hoy sus vecinos y vecinas solo esperan concretar soluciones para que su calidad de vida mejore.
